Las banderas nacionales de Perú no han dejado de ondear por casi todo el país desde hace más de una semana. Las sostienen miles de protestantes en contra del alza de los precios que ha habido en todo el Estado.

Primero fueron los transportistas y camioneros quienes decidieron detener su trabajo para manifestarse debido al costo de la gasolina; después, grupos de campesinos se unieron a las protestas por el dinero que invertían en fertilizantes; y por último el resto de la población civil por el precio de los alimentos básicos.

Entre las principales peticiones de los inconformes estuvo la creación de una nueva Constitución, así como la renuncia de los congresistas, quienes, según medios locales, los peruanos han percibido que “no hacen nada en favor del pueblo”.

No fue sino hasta el pasado lunes 4 de abril que el presidente Pedro Castillo decidió decretar un toque de queda con el fin de minimizar las manifestaciones, pero al día siguiente todo siguió como estaba: con personas fuera de sus casas para irse también en contra del mandatario.

En las calles, la gente reflejó sus desacuerdos cerrando carreteras, rompiendo cajeros automáticos, pidiendo el cierre del Parlamento y dejando al día de ayer al menos 25 policías heridos y tres civiles sin vida.

Aunque la mayoría de las protestas se han registrado en Lima, en otras ciudades también se han dañado servicios públicos, como en Cusco, al sur de la capital, y en Tacna, cerca de la frontera con Chile.

A través de un anuncio a nivel nacional, el jefe de Estado argumentó que el alza de los precios se debía en parte a los efectos de la pandemia por COVID-19 y al conflicto en Europa entre Rusia y Ucrania; escenarios que no sólo han golpeado económicamente a Perú sino a otras naciones del mundo.

Con el propósito de frenar las protestas, el presidente decidió finalmente suspender un impuesto que eleva hasta 30 por ciento el costo final del combustible; propuso al Parlamento exonerar de impuestos a ciertos alimentos básicos, como la carne de pollo, de res y los huevos; y aseguró que aumentará el sueldo mínimo a 10 por ciento a partir del 1 de mayo, algo que según especialistas locales no arrojará los resultados esperados debido a que casi el 80 por ciento de la población trabaja de manera informal.

Al respecto, el maestro Rubén Ruiz, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, opina que debido a la situación “crítica” a la que ha llegado Perú, aún no hay posibilidad para que se pueda resolver este problema.

“El presidente Castillo tomó algunas medidas para intentar detener las protestas, pero no son soluciones permanentes, todavía falta más por avanzar”, asegura.

Asimismo, añade que debido a que las manifestaciones se registraron a días de diferencia de que el mandatario superara la segunda solicitud de dimisión presentada en su contra, habría que dejar pasar de dos a tres semanas para analizar cómo siguen las cosas.

Hasta el cierre de esta edición, se dio a conocer que el Congreso de Perú revisará otra moción presentada por una legisladora de la oposición, a través de la cual exigirá la renuncia de Castillo.

Esta nueva petición se da en un escenario nada favorecedor para el presidente, considerando la baja de popularidad que ha registrado desde que tomó posesión. De acuerdo con un sondeo publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, al pasado mes de marzo Castillo tenía 65 por ciento de desaprobación, el cual se prevé intente mejorar ante esta última crisis social.

En espera de diálogo en Perú

Además de las medidas ya implementadas por Pedro Castillo para minimizar las manifestaciones, al día de ayer su gobierno no había dado a conocer una nueva propuesta, dejando que los inconformes siguieran en las calles.

Para el maestro del CIALC, en ese sentido es necesario que la administración peruana empiece a tender puentes de diálogo no sólo con los miembros del Congreso, sino con los manifestantes.

“Tendría que haber negociaciones del gobierno con los sectores productivos para poder ir ofreciendo alternativas y así ayudar a resolver los problemas (…). Se necesitará trabajar mucho en ello identificando primero cuáles son los sectores con los que se tiene que dialogar para ir  tranquilizando el panorama”, apunta.

Así también, destaca que es necesario que se presente un actor político en particular para que sea él quien se siente con los inconformes a entablar una conversación, teniendo a la mano información clara y precisa de lo que ha sucedido hasta ese momento.

Es con esa alternativa con la que se espera que el cuarto gabinete ministerial de Pedro Castillo no sólo enfrente su primera gran crisis social, sino que ayude también al mandatario a recuperar su popularidad, tratando de evitar nuevas protestas en su contra.

También puedes leer: Con conciliación, Pedro Castillo podría enfrentarse a la oposición que busca su destitución