Nosotros los nobles

“Érase una vez, en un país muy lejano, un rey y una reina que…”. Como todas las historias de reyes, príncipes y princesas, esta, la de la monarquía española, también tiene mucho de cuento y poco que ver con el estereotipo ideal y la versión oficial que hasta ahora se había vendido en las revistas, los libros de Historia o los medios de comunicación.

"La crisis actual va a marcar un punto de inflexión para la legitimidad de la Corona. (…). La política institucional está en crisis y para regenerarla ya no se puede contar con el concurso de la Corona"
Julián Casanova Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza,
autor de España partida en dos

“Érase una vez, en un país muy lejano, un rey y una reina que…”. Como todas las historias de reyes, príncipes y princesas, esta, la de la monarquía española, también tiene mucho de cuento y poco que ver con el estereotipo ideal y la versión oficial que hasta ahora se había vendido en las revistas, los libros de Historia o los medios de comunicación.

Recientemente, algo parece haber cambiado. Pero no se trata de una conspiración. Se trata más bien de que siempre hubo quién se cuestionó la legitimidad del monarca y de la institución que representa y de que la serie de escándalos que protagonizaron sus miembros especialmente en el último año ha dado pie a los que siempre defendieron una república a reabrir el espinoso debate entre cual sería la mejor forma de gobierno.

Según la encuesta de Metroscopia para El País, cuyos resultados se publicaron el pasado 7 de abril, la valoración ciudadana del rey se ha desplomado en los últimos meses a pesar de que se realizó antes de la imputación de la infanta Cristina, el primer miembro directo de la Casa Real sobre la que recae esta figura legal, desendió de 21 en diciembre y al -11 actual. En tres meses ha perdido 32 puntos y su valoración está por debajo de las otras 27 instituciones o colectivos sociales tomados en cuenta. 

Aunque el príncipe Felipe obtuvo una valoración muy superior a la de su padre, su nota también había bajado en los últimos tres meses, pasando de un 37 a un 28. 

Y por si todo esto no fuera suficiente, esta semana la monarquía española ha recibido otro duro golpe de la mano del diario español Público, que comenzó a difundir desde el lunes unos cables de WikiLeaks que pueden contribuir a poner punto y final al cuento de la monarquía. 

Sus revelaciones pueden ser una confirmación para algunos de algo que sabían o habían escuchado alguna vez al menos en forma de hipótesis, pero para muchos caerán sin duda como un jarro de agua fría.

La archirepetida frase que rezaba que “el rey trajo la democracia” no podrá volver a ser repetida o, de hacerlo, no responderá a una realidad, sino a una fantasía, la ilusión cuidadosamente construida para llevar a cabo una transición que no estuvo,  como se dice, en manos de la voluntad del pueblo. 

A cambio, el rey, presentándose como una figura que podría dirigir la transición obtuvo a cambio el apoyo de Estados Unidos, se convirtió en jefe de Estado y siguió manteniendo sus privilegios con la complicidad del sistema bipartidista sustentado en el Partido Popular (PP) y en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

En respuesta a las especulaciones sobre su continuidad, la Casa Real comunicó en febrero que el rey no se plantea abdicar y que no existe un plan para acelerar su sucesión.

La tradición republicana en España fue importante y destacó desde el siglo 19, a pesar de que los periodos de República han sido muy breves y de la gran popularidad de la que gozó el monarca Juan Carlos entre buena parte de la población durante algunos años. Habrá que esperar qué sucede cuando el país empiece a resurgir.

Transparencia sí, pero a medias

Otro asunto espinoso ha surgido con la llamada Ley de Transparencia, una reforma que tramita el Parlamento con dos objetivos: fiscalizar las administraciones y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información que reporte en qué se ha gastado el dinero público.

En este contexto, el pasado viernes, según informó la agencia AP, el gobierno reveló, en un intento por calmar las aguas, que la monarquía aceptaba participar en la Ley de Transparencia.

Hasta ahora quedaba al margen de rendir cuentas públicas y sólo se conocía la cantidad de los salarios anuales asignados al rey, al príncipe y a la corona como institución por ostentar el cargo de la jefatura del Estado.

El monarca cobró 292 mil 752 euros (359 mil 649 dólares) brutos en 2012. Felipe percibió 141 mil 376 euros (173 mil 688 dólares).

La corona como institución recibe una asignación anual de dinero público, que fue de 10.14 millones de dólares en 2012, un 2 por ciento menos con respecto al año anterior.

Sin embargo, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría precisó que el acceso público a las cuentas de la Casa Real tendrá algunas restricciones,  pero no especificó cuáles.

Además, el gobierno se había mostrado reticente a someter la monarquía a la Ley de Transparencia, argumentando que ninguna corona del entorno europeo hace algo similar.

El lunes, el PSOE pidió que se hiciera público el patrimonio privado de la familia real y apostó por la “transparencia radical”, aunque aún no se ha concluido nada.

Hace unas semanas el diario El Mundo reveló que el padre del rey, Juan de Borbón, habría dejado en cuentas bancarias en Suiza una herencia de mil millones de pesetas de las que el rey habría heredado una parte. No está claro si el dinero se trajo a España y se tributó. Desde la Zarzuela aún no han aclarado nada.

Lo que está claro es que no está siendo fácil transparentar a la institución ni siquiera en estos momentos críticos que atraviesa.

Una ‘amiga’ con muchos derechos

La relación del monarca borbónico con la princesa Corinnna zu Sayn-Wittgenstein pasó de ser un asunto morboso y criticable desde el punto de vista moral de algunos, a un secreto de Estado y un asunto que atañía a todos los españoles en tanto en cuanto podría haber intervenido en asuntos y negocios del gobierno por esta relación,  y podría haber disfrutado del dinero que el Estado entrega a la Casa Real, también objeto de polémicas.

A petición de algunos grupos parlamentarios, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) –de aquí lo de “secreto de Estado”– tuvo que comparecer el pasado 19 de marzo en el Congreso para explicar los supuestos trabajos que la princesa Corinna habría realizado para el gobierno del Estado español,  según aseguró ella misma a algunos medios.

Aunque la comparecencia de Félix Sanz Roldán fue a puerta cerrada, fue un tema que se volvió a tratar esta semana en el congreso de los diputados ya que, según declaró Cayo Lara, líder de Izquierda Unida, el director del CNI no aclaró el papel jugado por la amiga del rey.

Sin embargo, en la sesión del lunes, el gobierno conservador de Mariano Rajoy evitó responder a las preguntas de un diputado de Izquierda Unida sobre el alojamiento de Corinna durante su estancia en Madrid, el coste de esas estancias y quién las sufragó, además de quién corrió con sus gastos de manutención y viajes o qué dispositivos de seguridad se pusieron a su servicio, según reportó el diario Público.

Asimismo, el equipo de Rajoy negó la participación de Corinna en tareas de asesoría al Ejecutivo español y la entrega de un pasaporte diplomático a esta ciudadana alemana. Pero la credibilidad del gobierno también está bastante dañada, por lo que una mayoría recibió estas declaraciones con escepticismo.

De hecho, según publicó El País el pasado 6 de abril, la suma de la intención de voto de PP y PSOE no para de bajar y no llega, en conjunto,  ni al 50 por ciento del electorado, según la encuesta de Metroscopia.

Urdangarin y Cristina huyen a Doha

Los negocios ilícitos del yerno del rey, Iñaqui Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, ya son ampliamente conocidos.

Recientemente, un juez español imputó a Cristina por “cooperación necesaria” al considerar que no era posible que si la infanta estaba como vocal en la junta directiva Noós –a través del cual se cometió el delito de malversación de fondos públicos– no estuviera enterada de nada.

Y especialmente después de que el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, entregara una nueva tirada de correos electrónicos a los jueces encargados del caso y de que en uno de ellos se pudiera leer que Urdangarin le pedía a su esposa que revisara un texto referente a un negocio.

Sin embargo, la fiscalía presentó un recurso y ahora se está deliberando si finalmente la infanta Cristina será imputada o no. La imputación es una figura legal que no supone necesariamente que alguien haya cometido delito pero que, de no recaer finalmente sobre ella, esta quedaría libre de toda sospecha y no tendría que ir a declarar.

Y ante un panorama así, ¿a quién no le gustaría poner tierra por medio? Claro que no todos pueden hacerlo. Y es que Urdangarin y Cristina se van a ir nada menos que a Qatar. Ya que a pesar de que el yerno de Juan Carlos está imputado, no se le ha retirado el pasaporte.

El motivo de irse a Qatar es que el seleccionado nacional de balonmano –deporte en el que destacaba el yerno de Juan Carlos antes de comprometerse con Cristina–, Valero Rivera, próximo entrenador del equipo catarí, hizo una oferta al Duque de Palma para marcharse con él y preparar el Mundial de balonmano de 2015, que tendrá lugar en el país árabe. Cristina y los hijos estarían en España al menos hasta el final del curso escolar.

Lo que ayer se confirmó, según el portal Noticias de Álava es que el rey habría preparado la marcha de su yerno. El embajador catarí dijo que ambos monarcas habían hablado por teléfono. La Zarzuela, por su parte, no ha confirmado si la partida de Urdangarin se trató en unas conversaciones que en principio iban a girar sobre un contrato naval.

Las funciones del rey en la nueva España

La monarquía del Estado español es de tipo parlamentario de acuerdo a la Constitución de 1978. De acuerdo a esto, la sucesión dentro de esta institución es hereditaria, el rey ostenta el cargo de jefe de Estado y tiene funciones ceremoniales o simbólicas, por lo que no dirige el poder legislativo ni el ejecutivo. 

Sus funciones simbólicas consisten principalmente en ser un representante a nivel internacional, en ejercer de moderador para la resolución de conflictos en las instituciones, y en erigirse en símbolo de unidad y permanencia, algo tremendamente difícil en una sociedad dividida. 

Por un lado, entre monárquicos, republicanos y anarquistas, desde una breve Segunda República a la que puso fin el golpe de Estado de Francisco Franco y, por otro, entre los que abogan por  la idea de una sola España y los que advierten y reclaman que en el territorio que se configura entre las fronteras del Estado español coexisten diversos pueblos, algunos de los cuales cuentan con sectores que reivindican su independencia, como el vasco o el catalán.

Pero además, el rey de España tiene otras facultades efectivas, establecidas también en el título 2 de la Constitución. Según el artículo 62 corresponde al rey: 

Sancionar y promulgar las Leyes

Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.

Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.

Proponer el candidato a presidente del Gobierno, y en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.

Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.

Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.

Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del presidente de Gobierno.

El mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.

Puede declarar la guerra y hacer la paz

Según el 63 lo siguiente: 

1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.

2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de Tratados, de conformidad con la Constitución y las Leyes.

3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

Eso sí, en el 64 se aclara que los actos del rey han de ser refrendados por el Presidente del gobierno o por los ministros competentes y que de dichos actos se harán responsables las personas que los refrenden.

Presunto aborto de Letizia

A todos estos escándalos el lunes pasado se sumó otro más, aunque este de otra índole. Ese día salió a la venta un libro escrito por un primo de la esposa del príncipe, David Rocasolano, y parte del contenido se reveló en vanitis.com.

En tiendas virtuales como Amazon, el libro se agotó y fue de los más vendidos.

El motivo es que en sus páginas el primo de Letizia acusa a esta de haber abortado antes de hacer oficial la relación con el príncipe Felipe. Rocasolano, quien fuera amigo íntimo y abogado personal de Letizia, parece ahora no ser ninguna de esas dos cosas.

El abogado aporta al parecer pruebas documentales sobre la intervención de la ahora princesa. Según el libro “Adiós, princesa” tanto ella como Felipe le habrían pedido la destrucción de las pruebas para que el rey no se enterara y no le pidiera disolver el noviazgo, pero según afirma ahora David, no destruyó todos los documentos.

El hijo que habría supuestamente abortado sería de una relación anterior a la de Felipe.

Esto puede abrir otro frente para los Borbones, aunque solo supone un escándalo para un sector de la sociedad española monárquica y conservadora que, retomando la idea de los cuentos, no puede concebir que al final la realeza ni tiene sangre azul, ni está libre de los problemas terrenales. 

En el caso de Letizia, la primera mujer en entrar a la institución real sin ser aristócrata ni hija de reyes, el momento de airear los trapos sucios parece que había pasado después del anuncio de su compromiso con el príncipe. 

Sin embargo, alguien ha visto en un momento de escándalos que afectan a la monarquía en tanto que cuestionan su legitimidad y su uso de los recursos públicos, una oportunidad para lucrarse a costa de ventilar asuntos que únicamente atañían a la relación de Letizia y Felipe. 

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