Monsanto, de nuevo en la mira
El pasado 26 de julio, la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) reportó que la empresa transnacional de productos genéticamente modificados, podría estar en problemas.
Esto en caso de verse obligada a pagar una multa de 7 mil 500 millones de dólares a 5 millones de sembradores de soya brasileños.
ALAI se define en su sitio de Internet como un “organismo de comunicación comprometido con la vigencia plena de los derechos humanos, la igualdad de género y la participación ciudadana en el desarrollo y quehacer público de América Latina”.
Sandra de Miguel Sanz"La ingeniería genética, técnica utilizada para hacer cultivos transgénicos, no es precisa ni predecible, y no ha demostrado ser segura”
El Tribunal Supremo de Brasil pretende que en todo el país la empresa deje de cobrar regalías y devuelva lo recibido por ellas desde 2004
El pasado 26 de julio, la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) reportó que la empresa transnacional de productos genéticamente modificados, podría estar en problemas.
Esto en caso de verse obligada a pagar una multa de 7 mil 500 millones de dólares a 5 millones de sembradores de soya brasileños.
ALAI se define en su sitio de Internet como un “organismo de comunicación comprometido con la vigencia plena de los derechos humanos, la igualdad de género y la participación ciudadana en el desarrollo y quehacer público de América Latina”.
Además, subraya que su foco de atención está en “la lucha por la democratización de la comunicación”.
Por su parte, el autor de la noticia, Carmelo Ruiz Marrero, escritor, periodista y educador ambiental, dirige el Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico.
Por lo general, Monsanto, o bien libra las multas que le ponen, o bien éstas son mínimas.
Sin embargo, la reciente demanda de los sembradores de soya brasileños podría marcar un antes y un después.
Éstos han denunciado a la compañía por las regalías que la transnacional obliga a los campesinos a pagar a causa de su sistema de patentes.
Mediante este sistema, la empresa efectúa controles sobre los cultivos de terceros para determinar si éstos tienen o no el gen RR, propiedad de Monsanto.
De contenerlo, obliga a los propietarios de los cultivos a pagar una determinada cantidad a modo de impuesto.
En el caso de los cultivadores brasileños el impuesto era del 2 por ciento de su producción de soya transgénica desde que ésta se legalizó.
El problema radica en que los agricultores muchas veces no pueden elegir. Su cultivo natural puede acabar transformándose en uno genéticamente modificado debido a que el simple viento puede transportar las semillas del modificado al natural.
Es lo que se conoce como “contaminación transgénica”.
Además de esto, es muy difícil en los lugares donde se cultivan ambas (soya GM –genéticamente modificada– y soya no GM o convencional) mantenerlas separadas.
De no lograrlo, el impuesto cobrado por Monsanto a los agricultores brasileños ascendía al 3 por ciento.
Por esto, en 2009 Monsanto fue demandado por un grupo de sindicatos rurales del estado brasileño de Rio Grande do Sul.
El motivo de la demanda es más flagrante en tanto que contradice uno de los puntos sobre el que más había insistido la propaganda biotecnológica: que las semillas transgénicas no iban a aparecer de forma indeseada.
Pero la denuncia de la que informa Ruiz Marrero podría tener consecuencias reales para la empresa.
Esto porque un juez de Río Grande dictaminó en abril que las recaudaciones de Monsanto por la contaminación genética eran ilegales y, en consecuencia, la empresa debía de dejar de cobrar las regalías.
Y no sólo eso: tenía que devolver todas las que hubiese cobrado desde 2004, esto es, unos 2 mil millones de dólares.
Dos meses después, a pesar de que Monsanto está apelando, las cosas se le pusieron aún más difíciles.
El 12 de junio, el Tribunal Supremo de Brasil reiteró que lo dictado por el juez de Río Grande debía extenderse a todo el país. Eso significa que Monsanto podría tener que devolver 7 mil 500 millones de dólares.
