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Macri

Liberar la verdad

Mariana Recamier

El gobierno estadounidense otorgó a Argentina información sobre la dictadura de 1976. Los datos permiten comprender lo que sucedió durante ese periodo y ayudan en el proceso para obtener justicia


Abr 15, 2019
Lectura 7 min
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Estados Unidos entregó a las autoridades de Argentina 49 mil páginas con información sobre la dictadura que comenzó en 1976 en el país sudamericano. Se trata de la desclasificación de archivos más grande en la historia de la nación norteamericana.

Los datos sobre el gobierno autoritario que ordenó actos de tortura, persecución política, robo de bebés y la desaparición de 30 mil personas pueden ayudar en procesos de justicia.

El jefe de los archivos de Estados Unidos, David S. Ferriero, entregó los documentos al ministro argentino de Justicia, Germán Garavano, el viernes pasado en Washington.

“Es un hecho histórico, la información va a permitir que los procesos judiciales sigan avanzando”, dijo Garavano.

7 mil documentos

El presidente Donald Trump reconoció la conclusión exitosa del proyecto con una carta firmada al 11 de abril de 2019 dirigida al presidente de Argentina, Mauricio Macri.

“Mi esperanza es que el acceso a estos registros proporcione a los argentinos información para ayudar en el proceso de sanación”, menciona el mandatario en la misiva.

El proyecto comenzó durante la administración anterior a la de Trump. En marzo de 2016, el presidente Barack Obama anunció que el gobierno de Estados Unidos desclasificaría los registros relacionados con los abusos a los derechos humanos cometidos durante la dictadura argentina de 1976-1983.

Durante una ceremonia en conmemoración de las víctimas de estos abusos contra los derechos humanos, Obama se comprometió a divulgar los registros pertinentes de todo el Poder Ejecutivo.

49 mil páginas

La iniciativa se basa en esfuerzos anteriores y más estrechos de desclasificación del gobierno de Estados Unidos que abordan las violaciones a los derechos humanos cometidos en Argentina durante su Guerra Sucia, que fueron completados por el Departamento de Estado y la Oficina Federal de Investigaciones en 2002.

De acuerdo con la página oficial en la que se publicaron los documentos más recientes, el Proyecto de Desclasificación de Estados Unidos para Argentina fue posible gracias a 32 mil horas de revisión de archivos realizada por expertos gubernamentales en 16 departamentos y agencias, incluidos los administradores de registros, archivistas, historiadores, responsables políticos y profesionales de desclasificación y acceso a la información.

En junio de 2016, se ordenó a las agencias federales que buscaran, identificaran y evaluaran registros clasificados para su divulgación pública que pudieran arrojar luz sobre los abusos a los derechos humanos, el terrorismo y los actos de violencia política cometidos en Argentina durante la dictadura.

El Departamento de Estado desclasificó más de 4 mil cables y otros materiales del período de la dictadura militar argentina, mientras que el FBI proporcionó registros de conformidad con el Artículo 9 del Tratado de Asistencia Legal Mutua.

El gobierno de Estados Unidos liberó parte del archivo sobre la dictadura en diferentes momentos desde 2016 hasta el viernes pasado. Poco a poco se lograron entregar las más de 40 mil páginas al gobierno argentino.

32 mil horas en revisión de documentos

Según el sitio oficial sobre el caso, los registros liberados antes del presente año ayudaron a Argentina a responsabilizar a los abusadores de derechos humanos mediante distintos juicios.

La internacionalista Norma Soto Castañeda asegura que Estados Unidos tienen observadores a nivel internacional en casi todos los países del mundo y por eso el gobierno estadounidense tenía en su poder la información y documentos liberados en los últimos tres años.

“Era una promesa que ya había hecho el anterior presidente, no quedaba otra cosa que liberar todos los documentos porque también se había invertido mucho dinero en el proceso”, asegura Soto Castañeda.

Primeros descubrimientos

Integrantes de National Security Archive, organización dedicada a estudiar actas históricas, examinó los nuevos documentos desclasificados y descubrió acontecimientos que demuestran la violencia en la época dicatatorial argentina.

Por ejemplo, la organización detectó que los jefes de la policía secreta de las seis dictaduras de América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) se reunieron en secreto en mayo de 1976 en Santiago de Chile para crear una unidad destinada a exterminar a los izquierdistas en Europa y otros países de Latinoamérica.

+380 expertos participantes

Esa nueva unidad fue bautizada como Teseo, en referencia al héroe de la mitología griega que mató a puñetazos al Minotauro, de acuerdo con un documento de la CIA desclasificado hoy.

Teseo se creó bajo el paraguas del Plan Cóndor, una operación impulsada por los servicios de Inteligencia de las dictaduras del Cono Sur para secuestrar, torturar y exterminar a sus opositores con el conocimiento de Washington.

La CIA tuvo acceso a un acuerdo que firmaron en 1976 los países del Plan Cóndor para establecer cómo debía financiarse la unidad Teseo, que tuvo su base en Argentina

El texto titulado Acuerdo de los países Cóndor en relación con la regulación de sus operaciones contra objetivos subversivos establece que cada dictadura debía donar 10 mil dólares para costes operativos y, además, tenía que pagar una cuota de 200 dólares antes del 30 de cada mes.

Según el acuerdo, los agentes asignados a misiones de asesinatos en el extranjero necesitaban 3 mil 500 dólares cada diez días y se les ofrecía mil dólares para comprar ropa en su primera operación.

Además, los servicios de Inteligencia de Francia, el Reino Unido y la República Federal de Alemania (RFA) visitaron Argentina para conversar sobre métodos para el establecimiento de una organización antisubversiva similar a Cóndor, según un cable de la CIA fechado en el 7 de abril de 1978.

El cable de la CIA no explica cómo terminó la relación entre los servicios de inteligencia de Francia, el Reino Unido y la RFA con las dictaduras del Cono Sur.

Asesinato de un embajador

Según la National Security Archive, los nuevos documentos también revelan que el embajador de Argentina en Venezuela, Héctor Hidalgo Solá, fue secuestrado y asesinado en julio de 1977 por agentes de la extinta Secretaría de Inteligencia del Estado argentino (SIDE) que actuaron por su cuenta y sin el consentimiento de la Presidencia.

Los agentes raptaron a Hidalgo Solá con el “único objetivo de pedir dinero a su familia” y, cuando empezó una investigación interna para saber qué había ocurrido, tuvieron “miedo de ser descubiertos” y lo mataron para encubrir el crimen, detalla otro documento de la CIA.

La familia de Hidalgo Solá no sabía lo que le había ocurrido hasta hoy. Su nieta acudió al acto en el que el ministro argentino de Justicia recibió los documentos desclasificados.

La publicación de los datos sobre la dictadura argentina se presenta como una forma de liberar la verdad o acercarse a los hechos que sucedieron durante ese periodo en el país sudamericano. La información también puede ayudar en los procesos de justicia para las víctimas.

Historia de los archivos

Marzo 2016

El presidente Barack Obama anunció que EU desclasificaría los registros relacionados con los abusos a los derechos humanos cometidos durante la dictadura argentina de 1976-1983.

Junio 2016

Se ordenó a los departamentos y agencias federales que buscaran, identificaran y evaluaran registros para su divulgación pública.

Agosto 2016

EU publicó mil 78 páginas de material en el sitio web de transparencia de la Comunidad de Inteligencia

Diciembre 2016

EU publicó 550 páginas de registros desclasificados.

Enero 2017

Luego de la toma de la protesta del presidente Donald Trump, el mandatario Mauricio Macri renovó su solicitud para continuar con el proyecto de desclasificación.

Abril 2017

Trump presentó a Macri un disco que contenía 932 registros desclasificados, con un total de aproximadamente 3 mil 300 páginas.

Abril 2019

David S. Ferriero, archivista de Estados Unidos, entregó la última parte de los documentos al gobierno de Argentina.

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