Joaquín Guzmán Loera fue condenado este miércoles por un juez de Nueva York a cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos después de que fue declarado culpable de diez cargos relacionados con narcotráfico, crimen organizado, posesión de armas de fuego y lavado de dinero.
La información que se reveló en el proceso legal de tres meses y en la sentencia ofrecen algunas pistas sobre cómo funciona el narcotráfico en México, sin embargo, aún son pocos datos para entender el funcionamiento de los cárteles, de acuerdo con especialistas en seguridad y narcotráfico.
Brian Cogan, el juez federal de Brooklyn que presidió el caso del sinaloense también conocido como El Chapo Guzmán, desglosó la pena de la siguiente manera: cadena perpetua por ocho cargos, entre los que se encuentran los delitos de narcotráfico y crimen organizado; 30 años por el cargo 9 que incluye el delito de posesión de armas y 240 meses por el delito 10, referente al lavado de dinero.
Raúl Benítez Manaut, profesor del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que la sentencia contra Guzmán Loera demuestra que Estados Unidos tiene una capacidad más fuerte para impartir justicia que México.
De acuerdo con el especialista, el resultado del juicio también refleja para el ojo de todos los que siguieron el proceso que los agentes de inteligencia estadounidenses realizan investigaciones en territorio mexicano y que el gobierno de los dos países tienen los acuerdos necesarios para extraditar personas que son consideradas peligrosas.
No obstante, el juicio y la sentencia del líder del cártel de Sinaloa también hace evidente la capacidad que tienen las organizaciones criminales para transportar droga de forma ilegal de México hacia Estados Unidos.
“Esto pone en evidencia que el sistema de justicia de Estados Unidos es muy superior al mexicano, pero la cantidad de dinero y droga que traficó el cártel también refleja que las fronteras de Estados Unidos son tan frágiles como las mexicanas”, comenta el especialista en seguridad.
Guzmán Loera fue acusado de traficar o intentar traficar 1.2 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante un cuarto de siglo, así como mil 440 kilos de base de cocaína, 222 kilos de heroína, casi 50 mil kilos de marihuana y “cantidades” de metanfetaminas.
Durante el juicio, la acusación presentó pruebas de que el líder de una organización criminal también ordenó la muerte o torturó y mató él mismo a por lo menos 26 personas o grupos de personas, incluidos supuestos informantes, integrantes rivales de su cártel, policías, socios y hasta familiares.
María Idalia Gómez, especialista en seguridad y narcotráfico, explica que en el juicio no se compartió información sustancial para entender cómo funcionan las organizaciones criminales que trafican drogas en América.
La especialista agrega que en el proceso solo se mostraron los elementos necesarios para comprobar que Guzmán Loera tomó decisiones sobre operaciones criminales de tráfico de drogas, asesinatos, tráfico de armas y robo de dinero con la finalidad de demostrar que era uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa.
“No vimos datos sobre la esencia de cómo se lava el dinero, cómo es la operación del propio cártel y nombres de otros implicados, es información que se quedó reservada y parece que ni siquiera las autoridades mexicanas la conocen”, opina Gómez.
Los dos especialistas coinciden en que dentro de la información importante revelada en el proceso contra Guzmán Loera se encuentran los casos de corrupción en los que participaron el expresidente Enrique Peña Nieto, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, y otros funcionarios.
Alex Cifuentes, un testigo que participó en el juicio, declaró en enero que el líder del cártel de Sinaloa sobornó a Peña Nieto en octubre de 2012, dos meses antes de que este tomara posesión como presidente de México.
El cooperante afirmó ante el jurado que no recuerda con exactitud la cifra que fue entregada al exmandatario del PRI, pero que podría rondar entre los 100 y 250 millones de dólares.
La acusación fue negada por Francisco Guzmán, quien fue jefe de la oficina de la presidencia mexicana durante el mandato de Peña Nieto.
En el mismo sentido, Jesús Zambada García —hermano de otro líder del cartel, Ismael Zambada— testificó en noviembre sobre sobornos millonarios a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón en México. García Luna dijo que el testimonio era mentira.
Zambada García también aseguró que el cártel sobornó a gente de diversos niveles en el ejército, incluyendo al general Gilberto Toledano, a quien se le habrían entregado 100 mil dólares para garantizar el desembarco de cocaína proveniente de Colombia.
¿Qué pasa con el cártel?
De acuerdo con los especialistas, el cártel de Sinaloa no es afectado por la condena de Guzmán Loera, en parte porque desde hace tiempo que el sinaloense no coordina las actividades de las organización delictiva.
El investigador Benítez Manaut comenta que la sentencia contra el narcotraficante representa su eliminación completa como persona influyente en la toma de decisiones en el narcotráfico mexicano y que el cártel de Sinaloa ya tiene un relevo de jefes contundente encabezados por Ismael Zambada García.
El especialista también considera que la organización delictiva está debilitada por los líderes detenidos.
“La detención de Guzmán Loera ha beneficiado principalmente al cártel de Jalisco Nueva Generación que ha ocupado algunos de los espacios del cártel de Sinaloa”, detalla Benítez Manaut.
Por otra parte, existe la posibilidad que la sentencia provoque nuevos brotes de violencia en México como actos de venganza.
“Este grupo tiene la capacidad de reorganizarse y reestructurarse, pero es posible que veamos acciones de venganza en caso de que así se decodifique por el grupo por las declaraciones que se hicieron en el juicio por parte de testigos y el abogado”, puntualiza la especialista María Idalia Gómez.
El abogado de Guzmán Loera Jeffrey Lichtman aseguró que solicitará una audiencia, al insistir que el juicio contra su cliente no fue justo.
Acusó que todo el proceso fue un pacto con el gobierno de Estados Unidos y enfatizó que apelará la sentencia, dado que no se cumplieron las condiciones de equidad para su representado.
Después de la lectura de la sentencia, el propio Guzmán Loera se quejó de que el juez se negó a realizar un nuevo juicio.
“Ya que el gobierno de Estados Unidos va a enviarme a una prisión donde nunca más van a escuchar mi nombre, aprovecho para decirles: aquí no hubo justicia”, dijo en español al juez Cogan.
Fue la primera vez que el líder del cártel de Sinaloa habló en público desde que fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.
¿Dónde está su fortuna obtenida del narcotráfico?
Dentro de la información que faltó en el juicio se encuentra la ubicación de la fortuna de Guzmán, quien en 2012 entró en la lista de las personas más ricas del mundo de la revista Forbes y, según las pruebas presentadas en el proceso, tenía en México fincas, un zoológico privado, una flota de jets y yates.
El juez también aceptó en su sentencia un pedido del gobierno de Estados Unidos de decomisar al narcotraficante 12 mil 666 millones de dólares.
Sin embargo, durante el juicio nunca surgieron revelaciones claras de dónde escondió Guzmán sus activos y la fiscalía ha evitado hasta ahora indicar si conoce esa respuesta.
“Quizá hablar sobre la localización de su fortuna pueda ser el punto de negociación para que lo ingresen en una cárcel de menor nivel de seguridad”, concluye la especialista Gómez.
La prisión de máxima seguridad a la que será trasladado Guzmán Loera aún no está definida pero se espera que se dé a conocer en los siguientes días. Una de las opciones sería el penal de en ADX Florence, ubicado en Colorado.
