Justicia latina selectiva
La corrupción no distingue países, pero la aplicación de la justicia sí.
En los últimos meses, escándalos de corrupción han golpeado a los gobiernos de Brasil, Chile y Venezuela, que han recibido acusaciones por encubrimiento de delitos y hasta lavado de dinero.
Sin embargo, mientras en Brasil y Chile las investigaciones judiciales avanzan y funcionarios acusados han dejado su cargo, en Venezuela el gobierno desoye las críticas.
Pedro Pablo Cortés1
en la Presidencia“Chile, un ejemplo de cómo actuar ante un escándalo de corrupción”, escribió Darío Mizrahi en Infobae, “el hijo de la presidente fue acusado de beneficiar a una empresa de la esposa. En vez de denunciar una conspiración, el Gobierno lo separó del cargo”
"En la medida que las sanciones sean más altas, duelan más y exista una mayor posibilidad de que se apliquen, por supuesto que los desincentivos contra la corrupción son mayores"
Mientras en Brasil y Chile las investigaciones judiciales avanzan y funcionarios acusados han dejado su cargo, en Venezuela el gobierno desoye las críticas
La corrupción no distingue países, pero la aplicación de la justicia sí.
En los últimos meses, escándalos de corrupción han golpeado a los gobiernos de Brasil, Chile y Venezuela, que han recibido acusaciones por encubrimiento de delitos y hasta lavado de dinero.
Sin embargo, mientras en Brasil y Chile las investigaciones judiciales avanzan y funcionarios acusados han dejado su cargo, en Venezuela el gobierno desoye las críticas.
José Zalaquett, profesor de la Universidad de Chile, explicó a la revista chilena Qué Pasa que estos casos muestran que la corrupción es un problema universal, pero que es la aplicación de la justicia la que hace la diferencia.
“No tienen que ver con la economía de mercado, sino con la naturaleza humana. En la medida que usted tenga incentivos que lo muevan en el sentido de la transparencia, la probidad y la rendición de cuentas, y tenga desincentivos para portarse mal, eso influye mucho en el comportamiento”, expuso.
“En la medida que las sanciones sean más altas, duelan más y exista una mayor posibilidad de que se apliquen, por supuesto que los desincentivos contra la corrupción son mayores”.
Venezuela: lavado de dinero y de culpas
El diario El Mundo reveló el lunes que autoridades estadounidenses y españolas investigan a media docena de altos funcionarios chavistas que habrían lavado 4 mil 200 millones de dólares en la filial española del Banco Privat d’Andorra (BPA).
El periódico español reportó que entre los investigados destacan tres exviceministros venezolanos, el exjefe de Inteligencia, un exejecutivo de la petrolera estatal PDVSA y un empresario cercano al difunto presidente Hugo Chávez.
Sin embargo, el diario reportó que el gobierno venezolano ha ignorado las denuncias, lo que incluso desmotiva a los diputados de oposición, quienes dicen no tener esperanza de que se haga justicia.
“Lamentablemente, los venezolanos hemos pedido la capacidad de asombro. Este gobierno, más que ineficiente, es absolutamente corrupto”, dijo el legislador Abelardo Díaz.
Brasil: políticos denunciados
Ni los funcionarios cercanos a la presidenta Dilma Rousseff o al partido en el que milita, el Partido de los Trabajadores (PT), se han salvado de ser sujetos de investigación por el escándalo de corrupción de Petrobras.
La Fiscalía general de Brasil denunció el lunes a 27 personas vinculadas a la red de sobornos que hubo la década pasada en la petrolera brasileña, incluyendo al tesorero del PT, Joao Vaccari, acusado de lavado de dinero y asociación ilícita.
Esto se suma a la lista que presentó el procurador general a principios de mes, en la que aparecen más de 50 políticos, entre los que destacan 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores, en su mayoría del PT.
La propia presidenta aplaudió la captura del tesorero de su partido.
“(Esto) acaba con las teorías de que el Gobierno interfirió en la investigación”, señaló Rousseff en rueda de prensa.
“Quien sea que deba pagar, pagará”.
Chile: investigan hasta La Moneda
Ni el palacio presidencial de Chile, La Moneda, está exento de las investigaciones judiciales por el caso Caval, en el que está involucrado Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet.
El Gobierno reveló esta semana que las autoridades allanaron La Moneda para incautar el correo electrónico, el celular y la computadora de Dávalos, quien era director del Área Sociocultural de la Presidencia hasta que estalló el escándalo.
A Dávalos se le acusa de tráfico de influencias por obtener un crédito por más de 10 millones de dólares para la empresa Caval, de la que es dueña su esposa Natalia Compagnon, apenas 48 horas después de la victoria electoral de su madre.
Con ese dinero, Caval adquirió tres terrenos que después revendió a casi 15 millones de dólares.
Analistas han destacado la apertura del gobierno a que se realice una investigación que aclare la situación.
“Chile, un ejemplo de cómo actuar ante un escándalo de corrupción”, escribió Darío Mizrahi en Infobae, “el hijo de la presidente fue acusado de beneficiar a una empresa de la esposa. En vez de denunciar una conspiración, el Gobierno lo separó del cargo”.
Venezuela: Lavan dinero en España
El periódico El Mundo reveló el lunes que las autoridades estadounidenses y españolas investigan a al menos seis funcionarios chavistas, acusados de lavar 4 mil 200 millones de dólares en la filial española del Banco Privat d’Andorra.
Sin embargo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha ignorado las críticas.
Chile: Presidenta no protege a su hijo incómodo
La revista chilena Qué Pasa reveló hace un mes que el hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, consiguió un crédito por 10 millones de dólares apenas 48 horas después de la victoria electoral de ella. El dinero benefició a la empresa de la esposa de Dávalos.
Esta semana, la Presidencia informó que permitió la entrada de la policía al palacio de La Moneda para incautar el celular, el correo electrónico y la computadora de Dávalos, quien renunció a su puesto como director del Área Sociocultural.
Brasil: Partido gobernante no se salva
Esta semana, la fiscalía general presentó una denuncia contra 27 políticos y empresarios relacionados a la red de corrupción que se gestó en Petrobras en la última década, incluyendo a Joao Vaccari, tesorero del Partido del Trabajo (PT), en el que milita la presidenta Dilma Rousseff.
Esto se suma a la lista inicial, de la que formaban parte más de 50 políticos, entre los que había 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores, en su mayoría del PT.
Dilma ha celebrado la captura de los militantes de su propio partido.
