En más de una ocasión, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, disminuyó la gravedad del COVID-19, haciéndola ver como “una gripecita”, y asegurando que podía tratarse con medicamentos no aprobados científicamente como la hidroxicloroquina.
Pero no sólo eso, también llegó a desvalorizar a los muertos por coronavirus que ha habido en su territorio, justo como sucedió en abril de 2020, cuando respondió a una reportera que, aunque era Mesías (por su segundo nombre), no podía hacer milagros ante los más de cinco mil fallecidos registrados en ese momento en su país.
Al día de hoy, debido a ese tipo de declaraciones y actitudes expuestas a nivel nacional e internacional, el presidente aguarda por una decisión que podría frenar su futuro como presidente y llevarlo a un juicio político, o permitirle seguir gobernando como lo ha hecho desde 2019.
La próxima semana, se prevé que los senadores brasileños se reúnan para aprobar o descartar el informe de más de mil páginas dado a conocer el pasado miércoles por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), a través del cual se le acusa a Jair Bolsonaro de nueve delitos, todos ellos relacionados a su mala gestión ante la crisis sanitaria.
Algunas de sus acusaciones van en torno a la promoción de medicamentos no aprobados contra la enfermedad, al retraso del programa de vacunación a pesar de haber tenido propuestas de farmacéuticas como Pfizer, y a tener un intento fallido para lograr una inmunidad de rebaño.
“Bolsonaro puede gruñir, gruñir ante la repercusión mundial del informe de la CPI. Pero tendrá que pagar por los más de 600 mil muertos (por COVID-19) ante la justicia de los hombres y de Dios”, tuiteó ayer el senador brasileño Renan Calheiros, relator del informe.
A tática é antiga: desviar a atenção. Bolsonaro pode rosnar, grunhir diante da repercussão mundial do relatório da CPI. Mas ele terá de pagar pelos mais de 600 mil mortos na justiça dos homens e de Deus. Quem gargalha com a morte, reza por uma cartilha macabra. #CPIdaCovid
— Renan Calheiros (@renancalheiros) October 21, 2021
Respecto a un posible juicio contra el mandatario, es el doctor Lucio Oliver, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, quien opina que es poco probable que eso se lleve a cabo, a pesar de las acusaciones tan graves dadas a conocer.
Para él, aunque con la investigación hacia Jair Bolsonaro en otros países sería suficiente para llevar a un jefe de Estado a juicio, en Brasil se prevé que haya una negociación entre el ultraderechista y los senadores, permitiéndole al exmilitar esquivar un enjuiciamiento siempre y cuando no se postule a las elecciones generales de 2022 debido a la poca credibilidad que le queda.
Previo al informe, el jefe de Estado brasileño ya contaba con poco respaldo social, pues tan sólo el pasado 19 de octubre la empresa Morning Consult registró que Bolsonaro contaba con una desaprobación del 58 por ciento, 21 puntos menos que en agosto de 2019 cuando tomó posesión.
“Esto en cualquier país del mundo daría para un juicio político inmediato y para sacar al presidente del gobierno, pero en Brasil seguramente lo que va a significar es advertirle a Jair Bolsonaro que si él sigue queriendo ser el candidato de las próximas elecciones de ese arco de ultraderecha y derecha, sí van a operar, pero si él acepta no hacerlo, van a maniobrar las evidencias del informe y no lo van a procesar a juicio”, detalla el doctor.
En caso de que el brasileño acepte no postularse a la jornada electoral, se espera que en su lugar se presente un nuevo político, el cual debe superar la imagen de Bolsonaro para que sólo así intente luchar contra los candidatos más fuertes.
“Debe ser un perfil empresarial, vinculado con el capital financiero, con las grandes corporaciones transnacionales que operan en Brasil, pero principalmente, que mantenga ese giro de la derecha que ha habido en el país. Sin embargo, esto les preocupa (a los partidarios del presidente) porque aún no lo han encontrado”, dice el catedrático.
Una oportunidad para la oposición de Jair Bolsonaro
Actualmente, sin un candidato fuerte que reemplace a Jair Bolsonario y un presidente sin reputación suficiente para las contiendas generales, la oposición tiene las puertas abiertas para ganarse la confianza de la mayoría de los electores.
Y aunque hasta ahora el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva ha dejado en claro que no oficializará su candidatura sino hasta principios de 2022, se prevé que sea él quien finalmente le quite el puesto a Bolsonaro debido al respaldo que ha recibido en los últimos meses a nivel nacional e internacional.
Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento de Reino Unidos, por ejemplo, mostró su apoyo hacia Lula el día de ayer, enfatizando con el hashtag #FueraBolsonaro que apoyaba a la gente de Brasil que defendía la salud y que estaba en contra de la corrupción.
I stand with the people of Brazil that are standing up for public health, to protect the Amazon rainforest and against corruption
Join me in showing solidarity with @LulaOficial and all those struggling for democracy and social progress 👉 https://t.co/7kBqdaKRLy pic.twitter.com/xFiHLoeUMH
— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 21, 2021
Por otro lado, desde junio pasado la encuesta IPEC divulgó que, de reelegirse, Da Silva podría tener una ventaja del 49 por ciento, mientras que Bolsonaro del 23.
“Lula ha sido muy cuidadoso en decir que si regresa a la presidencia no va a ser para atrapar a nadie, sino para rescatar al país”, señala el doctor Lucio Óliver, haciendo referencia al posible apoyo que Da Silva podría darle al sistema de salud, la investigación científica y la educación.
En ese sentido, se espera que el exmandatario continúe preparando su campaña en caso de decidir reelegirse en 2022, o respalde a un candidato que demuestre un cambio a la herencia que está dejando Bolsonaro.
