Alrededor del mundo, es bien sabido que cada gobierno tiene en su agenda una variedad de temas que debe enfrentar para tratar de sacar adelante a su población. En Colombia, gobernada por Iván Duque, sin duda alguna el combate a la violencia es uno de ellos.

Eso se reafirmó el pasado 25 de junio cuando el helicóptero en el que viajaba el presidente junto a diferentes miembros de su gabinete, entre ellos Daniel Palacios, ministro del Interior, y Diego Molano, de Defensa, recibiera seis tiros mientras estaba a poco de aterrizar en la ciudad de Cúcuta.

Ante esto, fue el propio Iván Duque quien calificó el tiroteo como un “atentado cobarde y vil” contra la constitucionalidad de Colombia, enfatizando que ese hecho no debía pasar desapercibido.

“Quiero dejarle claro a los terroristas que a nosotros ni nos intimidan ni nos amedrentan con esos ataques de cobardía. Eso solamente reafirma su desespero y su precaución por la forma contundente como los hemos enfrentado y como los enfrentaremos hasta el 7 de agosto de 2022, porque nuestro país está más firme y sólido que nunca para sortear estas amenazas”, declaró el mandatario este lunes.

Ese mismo día, fue el ministro de Defensa quien reveló que detrás del atentado había una posible alianza criminal narcotraficante entre el frente urbano del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Y aunque ese tiroteo puso en evidencia la violencia que hay en este país, ese rasgo ya estaba detectado desde meses, e incluso años atrás.

Tan sólo en julio de 2020, la Oficina de NacionesUnidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) dio a conocer a través de un informe que la situación de violencia armada en Colombia se había agudizado en la frontera que comparte con Venezuela, particularmente en la zona que colinda con el área rural de Cúcuta, debido a los enfrentamientos entre grupos armados organizados que se disputan el control territorial y el manejo de las economías ilícitas.

Según la OCHA, esta situación podría hasta incitar a que un buen número de personas decida desplazarse al interior de Colombia en un futuro, a fin de velar por su seguridad.

Al respecto, es el doctor Fernando Neira, miembro del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, quien reafirma que esta zona fronteriza siempre ha estado en el ojo del huracán debido a diferentes actuaciones que ha habido por parte de paramilitares, autodefensas y guerrillas, algo que debió tomar en cuenta el equipo del presidente el pasado viernes.

“Creo que también hubo fallas por parte de los encargados de la seguridad del presidente que pareciera que no conocían (la situación) o pasaron por alto la zona en la que se estaba actuando”, destaca.

En ese sentido, asegura que por parte de la administración colombiana aún hacen falta temas por tratar para intentar controlar esta situación, como tener más presencia en zonas como Cúcuta, una de las ciudades más violentas del mundo, de acuerdo con la ONG Seguridad Justicia y Paz, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.

En su lista de 2020, Cúcuta estuvo en el puesto número 43 de 50, mientras que en 2017 fue posicionada en último lugar. En 2018, la zona fronteriza no apareció en el conteo, y en 2019 estuvo en 44.

La tarea a realizar de Iván Duque

Desde que Iván Duque tomó posesión como presidente en 2018, ahora sólo le quedan dos años para terminar su mandato, un momento en que la opinión pública comenzará a criticar y a señalar su gobierno en caso de no haber implementado acciones concretas contra la violencia armada en su país.

En entrevista, el doctor Fernando Neira recalca en ese sentido que Duque está en la obligación de atender este problema que es muy delicado en todo Colombia, y el cual continúa incrementándose con el paso de los días. Sin embargo, no lo ha hecho.

“El actual gobierno viene arrastrando desde su inicio un problema de presencia en zonas de conflicto, especialmente en aquellas donde los grupos vinculados con el narcotráfico tienen un papel protagónico (…) La verdad es que sólo se dedica a hacer denuncias, a acusar, y a dividir responsabilidades, y no a generar una estrategia sistemática coordinada que devuelva la tranquilidad a los pobladores de estos lugares que están azotados por el crimen organizado”, opina.

De ese modo, el también especialista en población y desarrollo en América Latina menciona que entre los puntos elementales que debe realizar la administración colombiana en contra de la violencia, es crear una organización integrada por las fuerzas militares para actuar de manera coordinada en los sitios más perjudicados y así comenzar a velar por los derechos humanos, pues muchas veces no se supervisa que la población no quede afectada ante los conflictos.

“Creo que ante la situación que se está presentando, el gobierno debe asumir un papel con mayor control y rigurosidad en todos estos territorios que hoy en día están en manos de los grupos organizamos”, dice el doctor.

Bajo esa perspectiva, se espera que el atentado registrado el pasado 25 de junio represente para el presidente Duque un comienzo para poner mayor énfasis en temas de seguridad y  violencia armada en Colombia, llevándolo a ganar un punto a su favor en los próximos años.

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