"Puedo asegurar que esos niños nacidos con malformaciones y cánceres son el resultado del desastre que se abatió sobre nuestra tierra con la presencia estadounidense”

Bashier Mazim

Doctor de la Universidad de Bagdad


"El gobierno estadounidense ha gastado miles de millones en esta guerra, pero no ha invertido nada en los problemas causados por su peligroso armamento”

Bashier Mazim

Doctor de la Universidad de Bagdad


Los efectos del uranio empobrecido en los bebés de Faluya son mayores que los de las zonas afectadas de Japón por los ataques nucleares de 1945.

Bie Kentane, activista, trabajadora de la ayuda humanitaria especializada en infancia y miembro del Tribunal BRussells, leyó una ponencia el 7 de mayo de 2012 en las Sesiones de Diálogo del Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur sobre la situación de los niños en Iraq después de la guerra.

El Tribunal BRussells es definido en su sitio de Internet por los miembros de su comité como un tribunal de “intelectuales, artistas y activistas que denuncian la lógica de la guerra permanente promovida por el gobierno estadounidense y sus aliados, que afecta al futuro de una región concreta del mundo: el Medio Oriente”.

Por su parte, el Tribunal de Kuala Lumpur surge dentro de la Fundación Kuala Lumpur para criminalizar la guerra. Persigue delitos contra la paz, crímenes de lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra, especialmente si los órganos judiciales internacionales competentes no lo hacen.

El informe se centra en las violaciones, tanto por parte de las fuerzas ocupantes como por parte del Gobierno iraquí, de dos convenciones.

Una es la Cuarta Convención de Ginebra, firmada en 1949 y relativa a la protección de civiles en tiempos de guerra. La otra es la Convención de los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas. Ésta reconoce el derecho de los niños a la vida y al desarrollo físico, mental, moral y espiritual en un ambiente seguro.

Las acusaciones

Kentane denuncia que las potencias ocupantes cambiaron la estructura social del país, perpetraron actuaciones de limpieza étnica y destruyeron el sistema de tratamiento del agua, así como instalaciones sanitarias y educativas.

También las acusa de haber bombardeado indiscriminadamente zonas densamente pobladas, de explotación, asesinatos, mutilaciones, secuestros, violencia de género, tráfico humano, reclutamiento, utilización de personas para fines de grupos armados, forzar al trabajo infantil y privar de la libertad.

Además de todo esto, la ponencia subraya los  problemas mentales que causa a los niños vivir una guerra, tales como la ansiedad, la depresión e incluso la psicosis.

El derecho a la vida

El artículo 6 de la Convención de los Derechos del Niño dice lo siguiente: “1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.”

Según Kentane, las cifras oficiales y estimaciones de medios en Iraq, siendo las más importantes las de Iraq Body Count, no han recogido entre el 70 y el 95 por ciento de todas las muertes.

La activista considera más realistas las de Just Foreign Policy. Esta organización estimaba que con fecha de enero de 2011, el número de víctimas alcanzaba el millón 455 mil 590.

Según escribe en un artículo Kim Sengupta, corresponsal del periódico The Independent, de las bajas causadas entre las fuerzas del Gobierno estadounidense, el iraquí y los insurgentes, el 42 por ciento fueron niños.

Según Iraq Body Count, el 39 por ciento de los asesinados por la coalición de Estados Unidos fueron niños.

Las muertes indirectas

Pero el informe no se limita a las bajas o a las muertes violentas. También analiza las muertes producidas por un entorno pobre, devastado y contaminado e incluye aquellas que fueron causadas por enfermedades, desnutrición o inanición.

La guerra aumentó la gravedad de ese tipo de violaciones entre otras cosas por exponer a la población al uranio empobrecido.

La Organización Mundial de la Salud, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, la Real Sociedad Británica y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos alertó sobre el efecto de este mineral sobre la salud.

En general, como recuerda el informe, la destrucción bélica de infraestructura militar e industrial libera metales pesados y otras sustancias al aire, al suelo y a las aguas subterráneas.

Si el agua envenenada y las sequías pueden ser mortales, la exposición prolongada al uranio empobrecido es la causante de malformaciones congénitas, abortos involuntarios y cánceres.
Este tipo de enfermedades aumentó más rápido a partir de 2005, apenas un año después de los bombardeos de 2004.

Según el informe de Bie Kentane, “Los casos de malformaciones congénitas relacionadas con la radiación procedente de las bombas nucleares estadounidenses llega al 14.7 por ciento de todos los bebés nacidos en Faluya, más de 14 veces la incidencia de las zonas afectadas en su día en Japón”.

Por otro lado, del total de las víctimas de las bombas de racimo y las minas antipersonas, alrededor del 25 por ciento fueron menores de 14 años. Las provincias de Al Munthanna y Basora ya han superado a Angola en la cantidad de niños con amputaciones.

Además, también pueden incluirse en las causas de muertes indirectas la destrucción de infraestructuras comunitarias y sanitarias.

Sanidad

Pero la destrucción de esas infraestructuras también contribuye a desmantelar el sistema de salud y, en consecuencia, se viola el artículo 24 de la Convención: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud”.

Este artículo también se incumplió por el hecho de que hasta un 75 por ciento de doctores, farmacéuticos y enfermeros iraquíes abandonaron sus puestos de trabajo desde la invasión de Estados Unidos en 2003.

Entretanto, se calcula que las tasas de desnutrición infantil no han cesado de aumentar, que sólo uno de cada 3 niños menores de 5 años tiene acceso al agua potable y que uno de cada 4 está crónicamente desnutrido.

La contaminación, la falta de servicios de saneamiento y la escasez de agua potable afectan al 70 por ciento de la población, provocando la muerte de uno de cada 8 niños iraquíes antes de los 5 años.

La pobreza

La proporción de residentes urbanos que viven en barrios muy pobres se ha más que triplicado.

Del 17 por ciento que se contabilizada en el 2000 (2.9 millones) se ha pasado a un 53 por ciento en 2010 (10.7 millones).

El bloqueo de alimentos, ayuda y sustento a ciertos barrios antes de atacarlos contribuyó a dejar morir de hambre a parte de la población.

En cuanto a los niños, la cantidad de los que empezaron a trabajar para ayudar a sus padres también aumentó considerablemente. Incluso entre los hijos de padres que tenían profesiones consideradas cualificadas.

En total, casi 10 millones de iraquíes viven en la pobreza y dependen del sistema de racionamiento. Pero ese sistema se redujo en los últimos años.

Por otra parte, la supresión de ayuda alimentaria de la ONU por la disminución de donantes afectó a 800 mil mujeres embarazadas y lactantes, así como a niños desnutridos y a 960 mil escolares.

Educación

El sistema educativo tampoco quedó a salvo. Se destruyeron y se cerraron escuelas y universidades, incumpliendo así el artículo 28 de la Convención, que reconoce el derecho del niño a la educación.

Los profesores fueron la clase profesional que más asesinatos sufrió.

Según un informe del Ministerio de Educación de octubre de 2006, el 30 por ciento de 3.5 millones de estudiantes del país asistía a clase. Antes de la invasión, según la UNESCO, la asistencia era prácticamente del 100 por ciento.

Según un informe del Ministerio de Sanidad de 2004, la UNESCO y UNICEF, el 80 por ciento de los edificios escolares necesitaban una importante reconstrucción y las carencias de materiales esenciales para enseñar eran alarmantes.

Por si esto fuera poco, la inseguridad provocada por el sectarismo y los enfrentamientos entre chiíes y suníes obstaculizaba el derecho a la educación en zonas predominantemente suníes, ya que el Gobierno de Maliki era chií.

Según OXFAM, el 92 por ciento de los niños en Iraq tiene problemas de aprendizaje.

Todo esto, según la ponencia de la activista del Tribunal BRussells, sigue siendo peor para las niñas.

Además de estos ámbitos, la ponencia de Kentane trata sobre la privación del entorno familiar, la situación de los niños refugiados, el uso de drogas, el estado de los niños con discapacidades y la explotación sexual.

Bush, el culpable

El pasado 25 de mayo se dio a conocer en algunos medios y agencias internacionales una condena en principio simbólica, pero que puede marcar un antes y un después o, cuando menos, sentar precedentes.

Un tribunal compuesto por 5 jueces y que surgió por la iniciativa del ex primer ministro de Malasia ha declarado culpables de crímenes de guerra al ex presidente George Bush y a 7 miembros más de su administración.

El fundador del Tribunal de Kuala Lumpur, Mahathir Mohamad, se opuso férreamente a la invasión de Iraq en el 2003.

Los otros 7 miembros, antes situados en puestos clave, son los siguientes: Dick Cheney, Donald Rumsfeld y sus 5 asesores jurídicos (Alberto González, David Addington, William Haynes, Jay Bybee y Jhon Yoo).

Se les acusa además de crímenes de guerra y de tortura, de ser los responsables de infligir tratos crueles, inhumanos y degradantes a la población.

La Audiencia, que duró una semana, contó con los testimonios de Abbas Abid; Moazzam Begg, Yamila Hamidi, Ali Salal y Ruhel Ahmed.

Todos ellos padecieron torturas durante sus encierros en  prisiones de Afganistán (Bagram), Iraq (Abú Ghraib y aeropuerto de Bagdad) y Guántanamo (Moazzam Begg y Rhuhel Ahmed).

Abid relató que le habían arrancado las uñas. Shalal, por su parte, que fue atado con un alambre electrificado, y que, colgado del techo, recibió descargas eléctricas. Yamila, que fue utilizado como escudo humano mientras lo transportaban en un helicóptero.

Todo el material recabado se enviará a la Corte Penal Internacional y a la ONU. El Tribunal también pide incluir los nombres en el Registro público de la Comisión de criminales de guerra.