Irán, a dos meses bajo protestas por caso de Mahsa Amini; suman más de 300 muertes y una pena capital
Durante los últimos dos meses, la población iraní se ha manifestado en contra de las medidas represivas de su gobierno, el cual ha respondido con detenciones y una pena capital; medidas que especialistas consideran se debe al perfil conservador de su presidente, quien busca llegar a ser el próximo líder supremo
Fernanda MuñozLa muerte de Mahsa Amini luego de ser detenida por no usar correctamente su hiyab sigue provocando manifestaciones en Irán.
A dos meses del fallecimiento de la joven, miles de personas siguen saliendo diariamente a las calles para lograr un objetivo en común: que las autoridades dejen de ser tan represivas con la sociedad.
La petición de la población iraní se originó tras darse a conocer el caso de Amini, quien se rumora perdió la vida en un hospital por los golpes que recibió de algunos integrantes de la Policía de la Moral que la detuvieron.
Anti-regime protests on their 61st day are continued into the night across Iran:
This is a snapshot of videos from Mashhad, Tehran, Shiraz, Qazvin, Gorgan…
“Mahsa, Hadis, Siavash,…”
In Gorgan, Islamic Republic goons attack women protesters…#مهسا_امینی#IranTruth pic.twitter.com/afozIXBZrl— IranTrue (@iran_true) November 15, 2022
Aunque las autoridades argumentan que la joven de 22 años tenía problemas de salud que ocasionaron su muerte, los señalamientos en contra de los uniformados no han cesado, llegando a la detención de miles de personas desde que comenzaron las manifestaciones en septiembre pasado, y a las que se les han sumado temas como la nula distribución de las riquezas y las faltas de empleo.
Así también, durante las protestas se ha registrado la muerte de hasta 326 personas, entre ellas 43 menores de edad, y la pena capital de una por incendiar un edificio gubernamental y conspirar contra la seguridad nacional.
De acuerdo con el Tribunal Revolucionario de Teherán, la persona que fue condenada a muerte también es señalada de “enemistad con Dios” y propagar “la corrupción en la Tierra”.
Referente a esa sentencia, Jeremy Laurence, portavoz del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se manifestó en contra, recordando que los países como Irán que no han abolido la pena de muerte sólo la tendrían que imponer en delitos de extrema gravedad como el homicidio intencional.
“Los delitos que no resultan directa e intencionalmente en la muerte, nunca pueden servir como base para la imposición de la pena de muerte. Por lo tanto, hacemos un llamado a las autoridades iraníes para que impongan de inmediato una moratoria sobre la pena de muerte, se abstengan de imponer delitos capitales y revoquen las sentencias dictadas por delitos que no califiquen como graves”, agregó Laurence.
Al mismo tiempo, diferentes gobiernos se manifestaron en contra de las represiones sociales en Irán, agregando sanciones a diversos funcionarios.
Mientras que Bruselas recurrió al primer paquete de medidas contra “el uso generalizado, despiadado y desproporcionado” de la fuerza contra los manifestantes pacíficos, la Unión Europea aprobó represalias contra 29 funcionarios involucrados en la muerte de Mahsa Amini, privándolos de viajar a territorio europeo y “congelando” sus activos.
We must pay heed and take action when human rights are violated. We are witnessing the Iranians’ brave fight for greater freedom and justice, and the brutal violence against them. Sanctions are one way in which we are stepping up the pressure on the regime. #Kanzlerkompakt #Iran pic.twitter.com/jhtXm9JA05
— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 12, 2022
Por su parte, en nombre de la administración de Estados Unidos, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, aseguró que en su país estaban “profundamente preocupados” por los arrestos masivos, los juicios y una sentencia de muerte.
Ante la prensa nacional, declaró que los ojos del mundo estaban puestos en Irán, por lo que los abusos contra los derechos humanos no debían quedar sin consecuencias, así como tampoco los cientos de manifestantes que habían sido asesinados a manos de las autoridades.
Para el doctor Moisés Garduño, integrante del Grupo Académico del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África (PUEAA) de la UNAM, la pena capital fue un error por parte del régimen iraní, en el sentido de que al tratar de disuadir las protestas corre el riesgo de incentivar más manifestaciones.
“A pesar de que vamos a ver que la protesta es muy probable que sea reprimida, hay un hartazgo cada vez más generalizado, porque si bien han explotado diversas protestas en los últimos años y luego bajado, cada vez se agregan sectores nuevos.
“Entonces, lo que creo que empezaremos a ver es un activismo un poco más discreto, de bajo perfil, pero constante, que no desaparece”, dice el doctor.
Gobierno conservador en Irán
A pesar de las sanciones internacionales en contra de funcionarios iraníes, no se prevé que el presidente Ebrahim Raisi detenga el reforzamiento de sus medidas debido a su perfil conservador y restrictivo.
En entrevista, el doctor Garduño asegura que el gobierno seguirá adelante con los principios fundamentales o fundacionales de la República Islámica, los cuales tienen que ver con el apaciguamiento de las protestas sociales a través de medidas restrictivas, para avanzar con su administración y en todo caso ascender a líder supremo.
“Ha habido dos maneras de tranquilizar las protestas: haciendo confesiones forzadas o sentencias de manera selectiva a personas cuyo delito no sea tanto la protesta, sino algo que vaya en contra de la estabilidad del gobierno.
“Ahí hay un problema que tiene que ver con el perfil de este gobierno que es más conservador. Recordemos que el presidente viene del Poder Judicial y es uno de los principales candidatos para ser líder supremo cuando el actual deje de serlo. Entonces, el gobierno podría seguir de ese modo si es que así lo aspira Raisi”, agrega el también docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).
Para él, sólo en caso de que la población iraní rompa con las barreras del nacionalismo y se una con todos los sectores de la sociedad civil para ir en contra el gobierno, las autoridades podrían verse obligadas a pensar en una negociación para escuchar los reclamos de la gente.
“Mientras haya una distancia entre un sector y otro, va a ser muy difícil plantearle al gobierno una demanda colectiva”, señala.
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