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Intento de genocidio en Birmania

Mariana Recamier

ONU denuncia que el ejército birmano cometió asesinato, desaparición forzada, tortura y violaciones contra la etnia rohinyá. Ante esto, Naciones Unidas asegura que los altos mandos de la milicia tienen que ser juzgados en un tribunal internacional por genocidio


Sep 6, 2018
Lectura 6 min
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Naciones Unidas calificó la crisis de Birmania como un genocidio. El organismo internacional concluyó que la cúpula militar de este país asiático tiene intenciones genocidas al perseguir a los rohinyá.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas birmanas y cinco de sus generales ordenaron asesinatos en masa y violaciones en grupo contra esta etnia musulmana, de acuerdo con investigaciones recientes de la ONU.

En sus pesquisas de un año, la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Birmania encontró patrones de graves violaciones de derechos humanos y abusos cometidos contra rohinyás en los estados de Kachin, Rakhine y Shan.

Los rohinyás son una minoría predominantemente musulmana de 1.1 millones de personas que viven sobre todo en el estado de Rajine, situado en el oeste de Birmania, fronterizo con Bangladesh

Esta etnia vive en Birmania desde el siglo VIII, cuando los comerciantes musulmanes se asentaron en el oeste de Burma. A pesar de ello, las autoridades birmanas insisten en que todos los rohinyás son inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh y se niega a reconocerlos como ciudadanos.

La Ley de Ciudadanía de 1982 resulta clave para la persecución de este pueblo porque no los considera ciudadanos.

De acuerdo a la legislación de este país, las autoridades tienen derecho a visitar e investigar sus hogares sin previo aviso ni permisos, lo que se ha convertido en un pretexto para violaciones, abusos y extorsiones.

Juicios en tribunales internacionales

Ante esto, los expertos de Naciones Unidos que elaboraron el informe aseguran que los más altos mandos del ejército de Birmania deberían ser enjuiciados en un tribunal internacional por genocidio contra los musulmanes rohinyás y por crímenes de lesa humanidad contra otras minorías étnicas.

“La necesidad militar nunca justificaría matar indiscriminadamente, violar en grupo a mujeres, agredir a niños y quemar aldeas enteras. Las tácticas de las fuerzas armadas son consistentes y groseramente desproporcionadas con respecto a las amenazas reales a la seguridad, especialmente en el estado de Rakhine, pero también en el norte de Birmania“, señala el documento.

Los expertos critican además a la líder de facto birmana, la nobel de la paz Aung San Suu Kyi porque no utilizó su cargo para frenar o prevenir los acontecimientos en el estado de Rakhine.

El exalto comisionado de derechos humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al-Hussein, aseguró la pasada semana que la líder debería haber dimitido por la campaña contra la minoría musulmana.

El gobierno de Birmania defiende que la intervención militar fue en respuesta a los ataques de insurgentes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán, contra puestos de seguridad birmanos el 25 de agosto de 2017.

No obstante, los ataques de las fuerzas militares contra esta etnia no son proporciales y atentan contra sus derechos humanos, según la investigación de las Naciones Unidas.

Los crímenes de lesa humanidad cometidos en los estados de Kachin, Shan y Rakhine, en el norte del país asiático, incluyen asesinato, encarcelamiento arbitrario, desaparición forzada, tortura, violación, esclavitud sexual y persecución y esclavitud, de acuerdo con el informe

Debido a que las autoridades birmanas se negaron a permitir el acceso a los expertos, el reporte se realizó a base de entrevistas con víctimas y testigos, imágenes satelitales, documentos, fotos y videos que fueron autenticados.

De los más de 800 testimonios recabados, el de una sobreviviente que huyó a Bangladesh pone de manifiesto la magnitud del abuso: “Tuve suerte, sólo fui violada por tres hombres”.

Culpables

La Misión elaboró una lista de presuntos culpables de los abusos y crímenes como sujetos prioritarios para ser investigados y enjuiciados. La ONU considera que esas personas tenían control efectivo y tenían la mayor responsabilidad.

La organización internacional señala como principal presunto culpable al jefe de las fuerzas armadas birmanas, Min Aung Hlaing.

Otros cinco comandantes militares también se mencionan en el informe.

Una lista más larga de nombres se mantendrá bajo la custodia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y estará disponible para que se persiga la rendición de cuentas de acuerdo con las normas y estándares internacionales.

Los expertos indicaron que el 18 de septiembre se publicará y presentará ante el Consejo de Derechos Humanos un informe más completo.

Exilio

Por otra parte, el pasado 25 de agosto se cumplió un año del inicio de una campaña militar de asesinatos extrajudiciales, violencia sexual e incendios provocados que expulsaron a más de 700 mil musulmanes rohinyás del estado occidental de Rakhine, en Birmania.

Desde entonces, estos rohinyás han encontrado refugio y seguridad en el distrito Cox’s Bazar, un popular destino vacacional en el sur de Bangladesh.

Cerca de un millón de refugiados rohinyás pueblan los 34 campamentos emplazados en un área de 26 kilómetros cuadrados en este distrito.

Tan sólo en el asentamiento de Kutupalong-Balukhali viven más de 60 mil personas, lo que lo convierte en el asentamiento de refugiados más grande y más densamente poblado del mundo.

“El mundo no puede permitir que los autores de este caso brutal de limpieza étnica sean recompensados.

“Será necesaria la repatriación de los rohinyás a sus hogares y a su país, así como la rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad que puedan haberse cometido contra ellos“

- Andrew Gilmour

Subsecretario general de derechos humanos de la ONU

Callar a periodistas

Además, los periodistas que cuentan las situaciones que enfrentan los rohinyás también son castigados por el gobierno birmano.

Un tribunal de este país asiático encontró a dos periodistas de Reuters, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, culpables de violar la Ley de Secretos Oficiales por investigar e informar sobre una masacre de rohinyás por parte del ejército, por lo que les condenó a siete años de prisión.

Ante esto, Michelle Bachelet, la nueva alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió al gobierno de Birmania que libere a los dos periodistas de Reuters y a todos los reporteros detenidos por hacer su trabajo.

Bachelet dijo a la prensa que el proceso fue una parodia de justicia, por lo tanto, exhorta al gobierno birmano a liberar a los reporteros lo antes posible.

“Su condena se produce tras un proceso legal que claramente incumplió estándares internacionales”, declaró la expresidenta chilena.

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