Indignación bajo amenaza
En más de 300 ciudades de 50 países de todo el mundo y en 73 localidades españolas, decenas de miles de personas salieron al espacio público el pasado sábado 12 de mayo impulsadas por dos motivos.
El primero, la conmemoración del nacimiento del 15M o de Los Indignados, una explosión social que se fraguó al calor de la crisis y que estuvo alentada por la Primavera Árabe, la revolución islandesa y otras expresiones de insurrección.
Sandra de Miguel Sanz"No sé si el 15M tiene las respuestas pero merece todos nuestros respetos porque su diagnóstico de lo ocurrido con la crisis es perfecto (...) nos parece imposible que pueda analizarse nada si no es a partir de ese diagnóstico"
En más de 300 ciudades de 50 países de todo el mundo y en 73 localidades españolas, decenas de miles de personas salieron al espacio público el pasado sábado 12 de mayo impulsadas por dos motivos.
El primero, la conmemoración del nacimiento del 15M o de Los Indignados, una explosión social que se fraguó al calor de la crisis y que estuvo alentada por la Primavera Árabe, la revolución islandesa y otras expresiones de insurrección.
El segundo, la necesidad de reivindicar un cambio global, la ruptura con el orden mundial que impone “la lógica del beneficio” –para unos pocos– y el “crecer por crecer” a toda costa.
Y como no falta quién les acuse de que se limitan a protestar, los activistas españoles publicaron en la víspera de la celebración en la página web de Toma la Plaza, 14 mil 700 ideas para el cambio, clasificadas por ámbitos. Una muestra de que no habían cesado de trabajar en la construcción de modelos alternativos de vida.
En Madrid, cuatro columnas partieron desde todos los puntos cardinales con destino a La Puerta del Sol. Según el diario español Diagonal, unas 10 mil personas desembocaron en la popular Glorieta de Atocha al confluir las marchas.
Más allá de las cifras, imposibles de determinar con exactitud, están las imágenes de una Puerta del Sol abarrotada, igual que un año antes, aunque éste aún con más razones.
Sin embargo, la suma de muchas voces críticas que dejan de guardar silencio parece molestar a un gobierno cada vez más sordo, el cual parece estar tratando de impedir por todos los medios el asentamiento permanente de personas en el simbólico “kilómetro cero” de Madrid y en otros puntos del país.
Hace un mes, el 11 de abril, tras el descontento expresado en la huelga general y ante la previsión de más protestas, el ministro de Interior anunció la inclusión en el Código Penal de la resistencia pasiva como delito de atentado a la autoridad.
Actuaciones que antes podían implicar sanciones administrativas, pasarán a golpe de decreto, a ser consideradas delito.
Para el sábado, pese a que el artículo 21 de la Constitución española establece que “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas” y que “El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa” salvo “en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones”, Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno, anunció que a partir de las 10 de la noche ningún indignado podría permanecer en la Puerta de Sol.
Pero a esa hora, la plaza estaba repleta de gente que consideraba, igual que en 2011, que “no es ilegal la voz del pueblo”. Y no se marcharon. Permanecieron allí hasta las 12 de la medianoche, momento en el que realizaron un “grito mudo”.
Tras esto, Cifuentes anunció que se desalojaría si se levantaba una acampada. Sin embargo, a las 5 de la madrugada, 30 camiones antidisturbios irrumpieron en el área peatonal de la plaza para mover a los 200 indignados que continuaban en asamblea.
La noche terminó con 18 detenidos que podrían enfrentar penas de cárcel de entre dos y cuatro años y multas de entre tres a seis meses ya que se considera atentado a la autoridad y desobediencia.
“Vinieron a levantarnos por la fuerza. Mientras nos soltaban y nos arrastraban la policía aprovechaba para pegar puñetazos y patadas (…).
“Las detenciones fueron arbitrarias, a los que se llevaban detenidos no hacían nada diferente de lo que hacían los demás”, declaró Isabel Rubio a Luis Giménez, periodista de Público.es.
Una vez que los detenidos fueron puestos en libertad con cargos, el abogado de la Comisión Legal del 15-M, Endika Zulueta, aseguró al mismo diario que esas personas habían sufrido un “trato degradante” y que “Varios indignados vieron cómo abofetearon varias veces a otra de las chicas detenidas, y a todos los pusieron de cara a la pared esposados entre una a dos horas”.
Pero esto se supo hasta el lunes.
El domingo –un día antes de la marcha– la policía intentó dispersar asambleas apelando a la norma que fija que cuando se reúnen más de 20 personas para manifestarse, se tiene que notificar.
Por la noche, se produjo el segundo desalojo. Según la versión policial, tuvo lugar un altercado y por ello se procedió a la estrategia de la noche anterior, de inundar la plaza con policías para detener al provocador y para expulsar a la gente.
Sin embargo, según la versión del sitio web de Ágora Sol Radio, cabía la posibilidad de que se tratara de un infiltrado que provocó la pelea a propósito. Hubo 2 detenidos y les levantaron datos a 81 personas.
La tercera jornada también terminó con desalojo. Después de una asamblea que reunió a más de mil personas y en la que se expusieron las conclusiones de las diferentes actividades del día, unas 100 personas intentaron quedarse a dormir.
A las 4:20, 40 camiones antidisturbios entraron en la plaza.Después de algunos forcejeos para sacar a los indignados, 8 personas fueron detenidas.
Aún así, continuaron las actividades.
En Barcelona, entre otras cosas, se exigió detener 50 desalojos y se llevaron firmas a la fiscalía para que se investigue la legalidad de los recortes.
En Madrid, se impartieron diversos talleres y se escucharon diversas críticas al Pacto fiscal y al del euro. Una cacerolada de más de 2 mil personas y una última asamblea pusieron fin a los 4 días de protesta en la Puerta del Sol. Pero el movimiento no se detendrá, seguirá en los barrios.