La selva amazónica está en alerta roja. A la expansión de la agricultura, la ganadería, las concesiones mineras y el aumento de hidroeléctricas, se suma el elevado número de contagios de Covid-19 entre las comunidades indígenas, que ante la falta de infraestructura, se ha vuelto en una zona difícil de contener.
En la cuenca de la selva -que comparten Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam-, se han detectado más de 20 mil casos de Covid-19, lo que implica que esas comunidades pueden enfrentar un impacto desproporcionado de la enfermedad, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Esta selva, considerada como uno de los pulmones más importantes para el mundo, resulta una zona vulnerable, que ha sido descuidada por los gobiernos de forma histórica, debido al difícil acceso, situación que se suma a problemas como la deforestación y los efectos de los incendios de finales de 2019.
“Estamos cada vez más preocupados por los pobres y otros grupos vulnerables con mayor riesgo de enfermedad y muerte por el virus, como los grupos indígenas que viven en la cuenca del Amazonas”, dijo Carissa F. Etienne, directora de la OPS, en un informe sobre la situación de la pandemia en la región.
Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente de la OPS, advirtió que la situación se complica en la cuenca del Amazonas, en donde la falta de promoción de la salud y acceso a información sobre la pandemia se suman a las condiciones de pobreza que hay en comunidades que registran una alta densidad de población.
“Son poblaciones muy vulnerables. Una de las primeras razones es el desafío en cuanto a la promoción de salud y la participación comunitaria desencadenados por las barreras culturales. Son poblaciones que necesitan una comunicación especial sobre prevención e implementación de medidas de salud pública”, comentó Aldighieri en el informe.
El representante de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideró necesario reconocer a los pueblos indígenas como población vulnerable, para que los gobiernos implementen medidas que ayuden a mitigar la expansión de la pandemia.
Para la OPS, en caso de que los gobiernos no determinen acciones inmediatas para atender esta problemática, las comunidades podrían enfrentar un impacto devastador, en momentos en que Brasil y Perú, dos países que comparten la selva, se ubican a la cabeza con el número de contagios, con 555 mil 383 y 170,039 casos activos, respectivamente.
Llega el Covid, pero no el Estado a comunidades indígenas
Al Amazonas llegó primero la pandemia antes que el interés del Estado para proteger a las comunidades indígenas, ya que al ser un área que debe ser atendida por diferentes gobiernos, no se logra una homogeneidad para acortar las desigualdades de las comunidades, que en la mayoría de los casos viven en la pobreza y la marginación.
Aunque las diferentes tribus han resistido pese a estas condiciones, hay algunos gobiernos que complican su subsistencia, como ocurre con Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, quien apuesta por abrir la selva al desarrollo comercial, lo que significa una amenaza para las comunidades establecidas en el lugar.
En el área brasileña de la Amazonia, algunos de los líderes de las tribus han solicitado al gobierno impedir el ingreso de taladores, pescadores y mineros, ya que son estas personas quienes han propiciado la dispersión del virus, dado que llegan a la selva desde las zonas conurbadas
Sin embargo, el gobierno de Bolsonaro no ha garantizado el respeto por el territorio de los indígenas pese a que la Fundación Nacional Indígena (FUNAI) emitió una orden que prohíbe el acceso a quienes son ajenos a las tribus debido a la emergencia sanitaria.
A finales del año pasado, después de que los incendios masivos consumieron grandes extensiones de la selva tropical, Bolsonaro fue acusado de incentivar la actividad de los ganaderos, mineros y madereros ilegales, quienes usan el fuego como una forma rápida para talar árboles, despejar los cultivos y el pastoreo de ganado.
A esto se suma que en la Amazonia hay 154 represas para la producción de energía hidroeléctrica y se planea la construcción de otras 277 en los próximos años. Para el Fondo Mundial por la naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), si estos proyectos salen adelante, sólo quedarían sin represar los ríos Juruá, el Trombetas y el Içá-Putumayo, lo cual generaría grandes impactos en la ecología, la economía y el clima del subcontinente.
Para la organización, el aumento de las represas en la Amazonia es una amenaza para el flujo natural de sus ríos, altera los ciclos naturales y pone en grave riesgo a especies como los delfines y peces migratorios. Además, el suministro de agua para las comunidades locales y el transporte de alimentos, también resultarían afectados.
“Es obligación del gobierno cuidar de nuestra tierra, nuestra comunidad, darnos ayuda atención, ahora más que nunca porque esta enfermedad está matando a mucha gente. Pedimos ser aislados en nuestra comunidad hasta que el Ministerio de Salud informe que se acabó la pandemia”, dijo Megaron Txucaramãe, uno de los más importantes líderes indígenas de Brasil, en un mensaje a la prensa internacional.
