En Ecuador, los militares y policías se encuentran trabajando codo a codo con el fin de combatir la violencia y los asesinatos que, según el presidente Guillermo Lasso, son resultado de su principal enemigo: el narcotráfico.

De ese modo, se prevé que hasta la tercera semana de diciembre las fuerzas de seguridad ecuatorianas continúen realizando patrullajes las 24 horas del día, inspecciones, controles de armas y requisiciones de drogas, entre otras acciones, con el propósito de disminuir los actos violentos en su país.


Para proteger a los policías y militares, el presidente Guillermo Lasso impulsó la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública, con la cual los uniformados pueden deslindarse de demandas que lleguen a recibir por cumplir su deber

Esas actividades se deslindan del decreto federal de un Estado de Excepción, el cual se impulsó como parte del Plan Nacional de Seguridad, tomando en cuenta las altas tasas de homicidios en todo Ecuador.

De acuerdo con datos del Ministerio de Gobierno ecuatoriano, este año se registraron los números más altos de homicidios intencionales desde 2015, teniendo la cifra más elevada en septiembre pasado con 320.

Además, se especificó que estos actos se realizaron en su mayoría con arma de fuego (10 mil 855), seguido de arma blanca (cuatro mil 666), y por último con arma contundente (mil).

“Todos tenemos algo en común: queremos un Ecuador seguro para vivir tranquilos. Sin seguridad no hay desarrollo; sin seguridad no habrá creación de oportunidades posible. Juntos, escuchándonos mutuamente, trabajando coordinadamente, venceremos”, declaró el jefe de Estado.

Ante esta medida, la internacionalista Norma Soto Castañeda, académica de la Universidad La Salle, opina que fue una opción rápida por parte del presidente Guillermo Lasso para tratar de solucionar este problema que va en incremento, y del cual no se ha podido encontrar una solución en los últimos años.

Por su parte, Óscar Abad, académico e internacionalista de la UNAM, asegura que podría no tratarse de una de las mejores decisiones, tomando como ejemplo el escenario mexicano, donde durante el periodo del expresidente Flipe Calderón (2006-2012) se le hizo frente al narcotráfico a partir del uso de la milicia y la policía, y los resultados no fueron favorecedores.


“Siguiendo los pasos de lo que ocurrió en México, podría no tratarse de una de las mejores decisiones, porque si algo sucedió en nuestra realidad nacional fue que se enardeció el escenario (...) Entonces, esto podría terminar afectando a la población civil que no necesariamente esté vinculada a los grupos criminales, que fue lo que en muchas regiones llegó a pasar en México”

Óscar Abad

Académico e internacionalista de la UNAM

Además, sostiene que este plan podría no tener el mejor de los resultados, pues es probable que debido a la pandemia Ecuador no cuente con los recursos necesarios en términos de armamento, equipo táctico o de inteligencia criminal para hacerle frente a las acciones de los grupos delictivos, quienes hasta podrían estar vinculados con criminales de otras latitudes, fortaleciendo su presencia.

En ese sentido, entre los retos a los que se podrían enfrentar las fuerzas de seguridad ecuatorianas es detectar las zonas donde los narcotraficantes podrían delinquir, ya que es posible que éstos cambien sus rutas de manera continua.

Hasta el momento, el gobierno ordenó la movilización de las Fuerzas Armadas y la policía en provincias como Guayas, Pichincha, El Oro, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo, Manabí, Esmeraldas y Sucumbíos, por presentar los indicadores más elevados de actividad delictiva.

Otras vías de solución de Guillermo Lasso

Respecto a las medidas del gobierno ecuatoriano sobre reforzar las fuerzas de seguridad en las calles, indígenas y sindicalistas han manifestado su desacuerdo, señalando que la delincuencia no se puede combatir con lo mismo.

“Creemos que el problema de la delincuencia es real, pero no la resolvemos poniendo más militares, policías ni armándolos más”, declaró a medios locales Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas.

Ante ese panorama, el también académico de la Universidad Anáhuac, Óscar Abad, señala que el presidente Guillermo Lasso podría optar por otras vías para frenar el problema, como la construcción de una regulación que le permita poner orden al fenómeno, así como ocurrió en algún momento con el alcohol y el tabaco.

“El mensaje no tendría que ser de permisión total ni de bajar las manos o doblegarse frente a los intereses de los grupos criminales, pero sí, a partir del aparato estatal, generar una estrategia que vaya encaminada al reordenamiento regulatorio del fenómeno”, destaca.

Por su parte, la internacionalista Soto Castañeda remarca que sería fundamental reforzar el combate a la violencia a través de la educación, por lo que sugiere trabajar desde las escuelas y los hogares en una campaña que refuerce los valores, así como impulsar la creación de nuevos empleos.

“Cuando las personas ven en una medida de seguridad empleo y educación, comienza a disminuir mucho la cuestión de la violencia, porque si no hay trabajo y no hay oportunidades, a la gente se le hace fácil delinquir”, asegura.

En ese sentido, se espera que el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso tome en cuenta las voces contrarias a su medida, a fin de impulsar nuevas y mejores opciones para conseguir un objetivo en común.

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