Gobierno en jaque
En las últimas semanas, las movilizaciones y protestas por la reforma laboral en todo Francia, colocan al gobierno en una posición vulnerable a tan solo 10 días del arranque de la Eurocopa.
La Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato más grande del país, ha mostrado su músculo, y ahora amenaza con paralizar el sector de transporte en París durante la justa deportiva, pues quieren aprovechar la coyuntura para ejercer presión.
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Francia está en estado de emergencia hasta el 26 de julio, lo que permite el arresto domiciliario para toda persona cuya actividad se estime peligrosa
En las últimas semanas, las movilizaciones y protestas por la reforma laboral en todo Francia, colocan al gobierno en una posición vulnerable a tan solo 10 días del arranque de la Eurocopa.
La Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato más grande del país, ha mostrado su músculo, y ahora amenaza con paralizar el sector de transporte en París durante la justa deportiva, pues quieren aprovechar la coyuntura para ejercer presión.
Las huelgas en el sector del transporte asfixian a Francia, especialmente en la capital. Son cuatro los sindicatos que se han emplazado a una huelga indefinida en el sector ferroviario, la cual se podría extender hasta el 10 de julio, día de la final de la Eurocopa.
De igual forma, el próximo jueves dará inicio otra huelga en el transporte público, metro y autobuses en París, además, el viernes arranca un paro de tres días en el sector de aviación civil.
Con los ojos del mundo sobre Francia por la celebración del máximo evento futbolístico de selecciones europeas, el gobierno de François Hollande se encuentra atado de manos.
Además, los paros en las refinerías del país han generado una escasez de combustible. Sumado a ello está la huelga en las 19 centrales nucleares, por lo que la amenaza de cortes al suministro eléctrico es latente.
Respuesta social
El estallido del descontento social por la reforma laboral, ha sido mayor del esperado.
El enfrentamiento entre sindicalistas y el gobierno lleva ya 4 meses, y conforme pasan las semanas, el nivel de las manifestaciones incrementa, incluso, la violencia ha escalado.
Se desataron movilizaciones multitudinarias, algunas de las cuáles acabaron con bloqueos por parte de los inconformes de instalaciones estratégicas.
El paro en las refinerías –que compromete el abastecimiento de combustible para el país– es un duro golpe para el gobierno, como lo es también la huelga en las centrales nucleares, lo que pone en riesgo el suministro eléctrico.
Lo peor es que no se vislumbra una pronta resolución del conflicto, y aunque el gobierno ya matizó el texto de ley, aún está lejano a las pretensiones de la clase trabajadora.
Los sindicalistas convocaron a una gran manifestación para el próximo 14 de junio en todo el país, lo que servirá para exhibir su fortaleza y ejercer presión al gobierno, justo en medio de la Eurocopa.
El rechazo a la reforma laboral fue unánime en casi todos los sectores, hasta un 70 por ciento de la población estaba en contra del controvertido proyecto de ley.
Por el lado patronal, fueron de los mayores impulsores a la reforma, sin embargo, también hubo descontento con los cambios introducidos.
Del lado del gobierno, tanto el presidente, como el primer ministro, Manuel Valls, aseguran que el polémico artículo Segundo no se cambiará y que irán “hasta el final” con esta reforma
Por su parte, Phillipe Martínez, dirigente del CGT afirmó que la ley es “un retroceso al siglo XIX”.
La reforma de la discordia
Los sindicatos se mantienen firmes en la derogación de la reforma, pues aseguran que es un retroceso en la conquista de sus derechos laborales y aumenta las condiciones precarias de su trabajo.
Por su parte, el gobierno socialista francés, califica de necesaria la profunda renovación del mercado laboral, flexibilizar la organización del trabajo, abaratar el despido y permitir que los convenios de empresa primen sobre los acuerdos sectoriales.
Este último punto, presente en el artículo 2, ha sido el de mayor polémica, pues los sindicatos entienden que da más poder a los empresarios.
Otro de los aspectos que buscan derogar los trabajadores es la ampliación de la jornada semanal, que podría ir desde 48 a incluso 60 horas, cuando en la actualidad el tope está en 35.
Además la empresa puede modificar el contrato de trabajo con acuerdo del trabajador, pero sin alterar la remuneración, con lo que un empleado trabajaría más tiempo sin ganar más dinero.
También se reduce el pago de las horas extras de un 25 por ciento más a un 10 por ciento sobre la hora ordinaria.
