De izquierda a derecha, Tony Montalto y su esposa Jennifer y Ryan Petty escuchan al gobernador de Florida Rick Scott antes de que él promulgue la Ley de Seguridad Pública Marjory Stoneman Douglas, el viernes 9 de marzo del 2018 en la oficina del gobernador, en la capital de Florida, Tallahassee. Los Montalto y Petty son padres de víctimas de la masacre en la secundaria Marjory Stoneman Douglas. Los Montalto perdieron a su hija Gina, mientras que Petty perdió a su hija Alaina, ambas de 14 años. (AP Foto/Mark Wallheiser)

Florida se aleja de la Asociación Nacional del Rifle y promulga ley para resguardar escuelas

Florida, un estado gobernado por el Partido Republicano, promulgo una ley que ya provocó la molestia de los defensores a tener y portar armas sin ningún control

El gobierno de Florida se distanció de la Asociación Nacional del Rifle (ANR), luego que este viernes el gobernador Rick Scott promulgó una ley de seguridad en las escuelas que impone nuevas restricciones sobre armas de fuego, tras el ataque en la escuela secundaria en Parkland, el cual dejó como saldo 17 personas muertas.

Scott promulgo la ley acompañado por los familiares de las 17 personas que murieron en la masacre hace más de tres semanas. El gobernador aseguro que esta ley equilibra los derechos individuales con las necesidades de seguridad pública.

La promulgación de esta ley marca un importante precedente, pues Scott forma parte del Partido Republicano, el cual, históricamente, ha sido cercano a la ANR. “Es un ejemplo para todo el país de que el gobierno puede y tiene que actuar rápido”, dijo el gobernador.

Tony Montalto, cuya hija Gina murió en el tiroteo, leyó un comunicado de las familias de las víctimas: “Cuando se trata de evitar futuros actos de horrible violencia escolar, este es el inicio de la travesía. Hemos pagado un precio terrible por esta mejora”.

La ley no prohíbe las armas de asalto, como lo deseaban los sobrevivientes de la matanza. El joven que abrió fuego en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas usó un arma de ese tipo, un fusil AR-15.

Aun así, la ley aumenta de 18 a 21 años la edad mínima para comprar fusiles, y amplía un período de espera de tres días en la venta de pistolas para incluir armas largas y prohibir los automatizadores de disparos, que hacen que las armas se conviertan en automáticas. También crea el llamado programa “guardián” que permite que los maestros y otros empleados que trabajan en distritos escolares participantes porten armas.

“La NRA insistió que la medida “castiga a los dueños de armas respetuosos de las leyes por los actos criminales de un individuo trastornado”. El grupo de inmediato presentó una demanda para bloquear la cláusula que aumenta la edad para la compra de armas, argumentando que viola la Segunda Enmienda constitucional.

El agresor de Parkland “dio señales repetidamente que fueron ignoradas por funcionarios federales y estatales. Si queremos prevenir futuras atrocidades, debemos buscar soluciones que mantengan las armas lejos de las manos de aquellos que representan un peligro para sí mismos y para los otros, al tiempo que protejan los derechos de estadounidenses que respetan las leyes”, afirmó Chris W. Cox, director ejecutivo del Instituto de Acción Legislativa de la NRA, en un comunicado.

La promulgación representa una importante victoria para los adolescentes que sobrevivieron al ataque y se convirtieron en los rostros públicos de un renovado movimiento por el control de las armas. Días después del incidente, empezaron a realizar marchas, a cabildear con los legisladores y a aprovechar el poder de las redes sociales para apoyar una reforma.

“El gobernador indicó a los estudiantes: “Ustedes ayudaron a cambiar nuestro estado. Ustedes marcaron una diferencia. Deberían sentirse orgullosos”.

Scott, que dijo ser miembro de la NRA y seguirá siéndolo, agregó que él todavía “no está convencido” del programa guardián que permite que los distritos escolares autoricen a su personal a portar pistolas si es que completan una capacitación de las autoridades. La medida no es obligatoria.

“Si los condados no quieren hacer esto, pueden simplemente decir que no”, subrayó.

Con información de AP

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