“Expropiación forzosa”

Ayer, según informaron los diarios españoles Público y El País, unos 200 miembros del Sindicato Andaluz de Trabajodores, conocido como SAT, se llevaron alimentos de dos grandes cadenas de supermercados: Mercadona y Carrefour.

La primera sustracción tuvo lugar en un Mercadona de la localidad de Écija, en la provincia de Sevilla, antes del mediodía. Unos 30 militantes del SAT entraron y llenaron 10 carros de la compra con alimentos de primera necesidad. Cuando intentaron sacarlos sin pagar se produjeron algunos incidentes pero, finalmente, consiguieron sacar 9.

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Ayer, según informaron los diarios españoles Público y El País, unos 200 miembros del Sindicato Andaluz de Trabajodores, conocido como SAT, se llevaron alimentos de dos grandes cadenas de supermercados: Mercadona y Carrefour.

La primera sustracción tuvo lugar en un Mercadona de la localidad de Écija, en la provincia de Sevilla, antes del mediodía. Unos 30 militantes del SAT entraron y llenaron 10 carros de la compra con alimentos de primera necesidad. Cuando intentaron sacarlos sin pagar se produjeron algunos incidentes pero, finalmente, consiguieron sacar 9.

Su objetivo era llevarlo a Organizaciones No Gubernamentales que pudieran distribuirlos entre los colectivos más necesitados de la provincia y llamar la atención sobre la situación social en medio de la crisis. La actuación, como era de esperar, no estuvo exenta de polémica.

Un portavoz de Mercadona dijo que entendía que muchos lo estaban pasando mal y que, por ello, lo mejor era crear trabajo como habían hecho ellos. Acto  seguido señaló que el año pasado, en toda Andalucía, Mercadona había creado mil 200 puestos de trabajo.

Los dirigentes del sindicato lo calificaron, sin embargo, como “expropiación forzosa” por la situación económica.

A las 11 de la mañana, en Arcos de la Frontera, en Cádiz, se produjo la segunda incautación. Esta vez, en una sucursal de la multinacional de origen francés Carrefour.

Entre desempleados agrícolas y representantes del SAT llenaron 20 carros. Sin embargo, esta vez el final fue distinto.

Después de 4 horas de negociación entre el alcalde de Espera y diputado provincial, Pedro Romero, sindicalistas y representantes de Carrefour, se resolvió que 12 de los carros, valorados en unos mil euros, serían donados.

Los bienes que contenían se repartirán entre los servicios sociales de Bornos, Puerto Serrano y Espera.

Mercadona puso una denuncia por robo y agresiones leves y el Ministro de Interior, Fernández Díaz, ordenó actuar contra los responsables.

Uno de los participantes, Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda y parlamentario por Izquierda Unida, fue citado para declarar. Antes de eso, Gordillo había anunciado más acciones de este tipo y había justificado la acción con estas palabras: “En este momento de crisis, cuando están expropiando al pueblo, queremos expropiar a los expropiadores, esto es, terratenientes, bancos y grandes superficies, que están ganando dinero en plena crisis económica”.

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