Desde que se registró la pandemia por COVID-19, los gobiernos de gran parte del mundo han priorizado sus sistemas sanitarios y reforzado el papel de los trabajadores de la salud. Sin embargo, en Bolivia el escenario ha sido otro.

Luego de que el gobierno del presidente Luis Arce autorizara la Ley de Emergencia Sanitaria para atender la crisis pandémica, fueron los dirigentes del Consejo Nacional de Salud (CONASA) quienes se manifestaron al respecto.

A través de un comunicado, dicha organización conformada por siete colegios médicos y sindicatos, como el Colegio Médico de Bolivia y el Colegio de Enfermeras, declaró un paro general hasta el próximo 28 de febrero, exigiendo la abrogación de dicha Ley.

Entre sus argumentos, se destaca que la Ley autorizará la contratación de personal de la salud proveniente del extranjero, así como a jóvenes y jubilados en caso de ser necesario; la no interrupción de los servicios del Sistema Nacional de Salud por protestas; y la no colaboración con el Comité Científico Nacional, “con el cual se debería trabajar coordinadamente”.


Los trabajadores del sector salud están en contra de que se contrate a profesionales médicos del extranjero, así como a jóvenes y jubilados en caso de ser necesario

Ante este escenario y las manifestaciones que se han registrado por parte de los trabajadores de la salud, una de las primeras voces que aparecieron fue la del presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Ricardo Centellas, quien llamó a reflexionar y a trabajar en equipo.

“Si remamos solos, nos atrasamos y nos estancamos, pero si lo hacemos juntos, podremos salir de aguas turbulentas para que estos días de cuaresma nos impulsen a trabajar por la justicia, la paz y la libertad”, mencionó.

En entrevista, la maestra Norma Soto Castañeda, internacionalista de la Universidad La Salle, explica que este problema se dio porque, mientras el gobierno buscaba protegerse con esta Ley, los trabajadores del sector salud fueron quienes vieron algunos inconvenientes.

Según remarca, esta Ley se creó debido a que el Estado no podía cubrir todas las demandas de las personas que llegaran a estar enfermas o infectadas. Además, se hizo también para proteger a las mismas autoridades en caso de una reclamación, ya que esta Ley está en contra de las condiciones de movilidad.

“Entonces se pensó: ‘si vas a una protesta y te contagias, no vengas y me reclames porque tú mismo no guardaste sana distancia, quizá no utilizaste el cubrebocas y estuviste en medio de un tumulto’”, expresa la académica.

Asimismo, en referencia al Artículo 28 de la Ley, sobre Contratación de personal médico, asegura que los protestantes vieron como negativo el contratar a jóvenes estudiantes de medicina o jubilados en caso de una emergencia, pues mientras unos aún no están completamente preparados, otros han estado fuera de prácticas por años.

“Por ello son también las protestas. ¿Cómo vas a incluir a un equipo que en cierta medida no está completamente preparado? El estudiante no tiene los suficientes conocimientos y el jubilado pudo haber perdido cierta práctica; entonces, tienes una vulnerabilidad por parte del personal que esté trabajando contigo”, señala Soto Castañeda.

Medidas necesarias para Bolivia

El pasado 19 de febrero, un día después de que el CONASA declarara paro general, el presidente del Senado bolivariano, Andrónico Rodríguez Ledezma, reiteró la convocatoria al diálogo con el Colegio Médico, uno de los grupos que integra el Consejo Nacional. Sin embargo, hasta ahora no ha habido respuesta oficial.

Esta postura por parte del Senado se dio luego de que el propio CONASA sentenciara que sus medidas se habían dado por la falta de voluntad del gobierno a dialogar con todo el sector de salud y la no respuesta de sus demandas.

Al respecto, la internacionalista de la Universidad La Salle puntualiza que lo más importante ahora debe ser el diálogo, principalmente para ver cómo van a quedar ambas partes, por un lado el gobierno y por otra la sociedad y los implicados. “Si no, las movilidades y las protestas van a seguir dándose”.

En ese sentido, Nayar López Castellanos, especialista en Latinoamérica y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, asegura que si los trabajadores de la salud siguen en las calles, eso sólo les perjudicará a ellos, pues en parte es “irresponsable” de su parte seguir en huelgas cuando todo mundo está enfrentando una pandemia mundial.

Así, la maestra Norma agrega que, para consolidar este diálogo, el presidente Arce debe protagonizar un papel conciliador, es decir, no estar completamente a favor de lo que él representa, pero tampoco de los ciudadanos, sino estar en esta postura de manifestar una comunicación abierta donde se busque la mejor alternativa para todos.


Su éxito estará en el diálogo, en la forma en cómo se manifieste, dejando ver en claro que sí se va a escuchar a la sociedad para poder mantener bien a ambas partes. Inclusive puede manifestar que se tiene que conservar la sana distancia, las medidas de sanidad

Norma Soto Castañeda

Internacionalista de la Universidad La Salle

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