El acusado se convierte en acusador

Las acusaciones por crímenes de guerra que enfrenta el gobierno de Sri Lanka desde el término de su guerra civil en 2009 volvieron a la boca de organismos internacionales. Todo gracias a una película.

A finales de la semana pasada, el gobierno del país asiático exigió que la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) pierda su estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), reclamando que el documental “Zona Libre de Fuego: Los campos de la muerte en Sri Lanka” presenta inconsistencias y que responde a intereses políticos.

Rocío Aguilera Rocío Aguilera Publicado el
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El gobierno dice que “Zona Libre de Fuego: Los campos de la muerte en Sri Lanka” responde a intereses políticos

Las acusaciones por crímenes de guerra que enfrenta el gobierno de Sri Lanka desde el término de su guerra civil en 2009 volvieron a la boca de organismos internacionales. Todo gracias a una película.

A finales de la semana pasada, el gobierno del país asiático exigió que la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) pierda su estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), reclamando que el documental “Zona Libre de Fuego: Los campos de la muerte en Sri Lanka” presenta inconsistencias y que responde a intereses políticos.

El filme, que denuncia las violaciones del ejército contra los tamiles en la última etapa del conflicto armado que duró por más de tres décadas, fue realizado por HRW con el apoyo de Amnistía Internacional y del Festival Internacional de Cine y Foro de Derechos Humanos (FIFDH), celebrado en la sede de la ONU en Ginebra.

‘Campaña orquestada’

Ravinatha Aryasinha, embajador permanente de Sri Lanka, envió una carta a Achilles Henczel, presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (UNHRC), en la que hace una protesta formal contra la proyección del documental durante la sesión del Consejo en Suiza.

“Sri Lanka considera que esta película, así como la fecha de su emisión, forma parte de un cínico esfuerzo concertado y de una campaña orquestada, que está clara y estratégicamente motivada por consideraciones políticas colaterales”, denuncia Aryasinha en la carta.

El estatus consultivo se logra con requisitos detallados como ser una organización no gubernamental, contar con mecanismos de rendición de cuentas y un sistema democrático para la toma de decisiones.

La ONU confía en dichos organismos para consultar cuestiones políticas y programas, además de considerarlos vínculos valiosos con la sociedad civil.

La controversia causada por la proyección del documental – de la cual se deslindó el UNHRC- se suma a la agitada semana que se vivió en el tema de las acusaciones y sentencias que enfrentan líderes de otras naciones por crímenes de guerra.

Los acusados

En los últimos días organismos internacionales han juzgado a exlíderes y gobernantes actuales por su responsabilidad en crímenes de guerra. 

Aquí algunos de los más destacados:

— Bangladesh: Delwar Hossain 
El Tribunal Internacional de Crímenes sentenció a muerte al dirigente islamita Delwar Hossain Sayeedi el pasado jueves, tras ser encontrado culpable de crímenes de lesa humanidad durante la guerra de independencia en 1971. Después del veredicto del vicepresidente del partido opositor Jamaat-e-Islami se desató una ola de enfrentamientos en el país, dejando cerca de 50 víctimas.

— Países Bajos: Momcilo Perisic
El jueves también, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) absolvió –en una apelación- al exjefe de Estado Mayor del Ejército yugoslavo Momcilo Perisic, condenado en primera instancia a 27 años de cárcel por haber “ayudado y animado” al ejército en ataques en Bosnia y Croacia, incluyendo actos en Sarajevo y Srebrenica.

— Siria: Bashar al Assad
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, declaró a mediados de febrero que el presidente sirio Bashar al Assad debería ser investigado por crímenes de guerra. La ONU estima que en los casi dos años que lleva el conflicto en Siria han causado la muerte de más de 70 mil personas.

 

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