Ex magistrado en EU dice tener la fórmula para disminuir la violencia armada

Si la Segunda Enmienda se deroga, el gobierno y el congreso no tendrían frenos constitucionales que les impidiera acabar con la presión de la Asociación Nacional del Rifle, la cual ha sido muy influyente a la hora de debatir sobre la necesidad de ejercer control a las armas

El sábado 24 de marzo, más de 800 ciudades alrededor del mundo se unieron para exigir un alto a la violencia armada en los Estados Unidos, un país que ha sufrido tragedias en centros escolares y lugares públicos debido al escaso control de armas de fuego que existe en la ley.

En un hecho nunca antes visto, la mayoría de las manifestaciones se llevaron a cabo dentro del país gobernado por Donald Trump, y los jóvenes -encabezados por sobrevivientes de tiroteos- fueron contundentes al pedir que se regule de forma más estricta la posesión de armas y no adquirirlas no sea tan fácil como comprar un celular.

Después de ese movimiento mundial, este martes el magistrado retirado de la Corte Suprema, John Paul Stevens, publicó un texto de opinión en el New York Times en el que asegura que es momento de un cambio en las leyes para combatir la violencia armada en los Estados Unidos, y el movimiento denominado “#MarchForOurLives” puede ser la punta de lanza para presionar al gobierno de Trump y exigir mayor regulación en la compra y posesión de armas de fuego.

La propuesta de Stevens, quien actualmente tiene 97 años y se retiró en el 2010 luego de más de 35 años trabajando en la Corte Suprema de los Estados Unidos, es que los jóvenes que encabezan el movimiento incluyan dentro de sus demandas la  derogación de la Segunda Enmienda, la cual le da a la gente el derecho a tener una pistola para defensa propia.

De acuerdo con el ex magistrado, si los jóvenes lanzan esa demanda, la opinión pública los acompañaría y podrían presionar al gobierno para conseguir la derogación y comenzar a legislar regulaciones más severas para comprar y poseer armas.

“Ese apoyo es una clara señal para que los congresistas elaboren una legislación que prohíba a los civiles poseer armas semiautomáticas, incrementen la edad mínima para comprar una de 18 a 21 años de edad y establezcan mayores y más completos chequeos de antecedentes para todos los que quieran comprar armas”, escribió Stevens, quien reiteró la necesidad de aprovechar el movimiento naciente para buscar reformas más efectivas y duraderas, así como demandar una derogación de la Segunda Enmienda.

John Paul Stevens. Foto: AP

De acuerdo con sus palabras, si la Segunda Enmienda se deroga, el gobierno y el congreso no tendría frenos constitucionales que les impidiera acabar con la presión de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), la cual ha sido muy influyente a la hora de debatir sobre la necesidad de ejercer control a las armas para reducir la violencia.

El ex magistrado estuvo en desacuerdo con un fallo del máximo tribunal, emitido en el 2008, que determinó que la Segunda Enmienda le da a la gente el derecho a tener una pistola para defensa propia. Antes, él propuso modificar la enmienda para que permitiera ciertas restricciones.

En el texto, Stevens afirma que esa decisión del máximo tribunal “le ha dado a la NRA una gran herramienta de propaganda”, por lo que derogarla los dejaría sin argumentos para seguir defendiendo la posesión de armas de forma tan libre como hasta ahora.

No es un camino fácil

De acuerdo con las leyes de los Estados Unidos, derogar una enmienda constitucional requiere del visto bueno de dos tercios del Senado y la Cámara de Representantes, una situación que actualmente resulta complicado, ya que ambas cámaras están dominadas por republicanos, quienes históricamente hasta estado a favor de la posesión de armas con mínimos requerimientos.

En caso de que dos tercios de ambas cámaras aprueben abolir la Segunda Enmienda, el siguiente paso es que al menos 38 estados (de los 50 existentes) estén a favor.

Si eso ocurriera, no garantiza que haya cambios en la ley. Retirar la segunda enmienda sólo es retirar un candado constitucional, pero ambas cámaras tendrían la tarea de comenzar a legislar las restricciones que ayuden a disminuir la violencia armada, por lo que la solución propuesta por Stevens, en caso de realizarse, tendría un largo camino por recorrer. 

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