¿Quién protege los derechos de las mujeres defensoras de su tierra? Esta pregunta rige al informe “Luchas de alto riesgo: Las mujeres en primera línea en la defensa de la tierra y el territorio” realizado por la organización We Effect.

“Nos defendemos entre nosotras, nos acompañamos y vamos creando redes de protección para poder sostener la vida en los territorios”, respondió durante la conferencia de prensa Yessica Trinidad, defensora originaria de Honduras.

Este país latinoamericano, junto con Colombia y Guatemala, encabeza las estadísticas de asesinatos de activistas. Por ello, de mayo a julio de 2019, We Effect solicitó a 12 organizaciones con las que coopera en estas naciones que respondieran a una encuesta sobre cómo las demandas del derecho a la tierra afectan la integridad personal de sus equipos.

La sede principal de We Effect está en Suecia, pero desde su fundación en 1958 trabaja en más de 20 países alrededor del mundo con altos niveles de pobreza y desigualdad, los cuales están ubicados en África, América, Asia y Europa.

La región de Centroamérica es de las más peligrosas. De acuerdo con la encuesta aplicada en Colombia, Guatemala y Honduras, las 12 organizaciones dijeron que su equipo se siente amenazado por el trabajo y militancia que realizan por las tierras, los territorios y los derechos humanos.

“Se señalan como responsables de las amenazas a funcionarios estatales y locales, a la policía, el ejército, así como a trabajadores de las empresas privadas de seguridad y a grupos armados ilegales”, menciona el informe.

“Existen campañas de difamación a través de medios tradicionales (radio, televisión, prensa) y redes sociales, en las que la membresía de las agrupaciones aparece retratada como agitadores o, en el peor de los casos, son acusados de formar parte de grupos terroristas”, revelan los resultados.

El informe fue presentado en la página de Facebook de We Effect el 2 de diciembre. Sin embargo, desde el 29 de noviembre, Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, la organización lanzó la campaña #LuchasDeAltoRiesgo, la cual invita a compartir relatos al respecto.

“Desde We Effect queremos aportar a las denuncias a todos los niveles, pero también es un informe que quiere seguir aportando al debate”, mencionó Damaris Ruiz, directora Regional de Programas.

Mujeres defensoras, las más vulnerables

Las mujeres defensoras son quienes ponen el cuerpo frente al avance de los proyectos de extractivismo. A su condición de luchadoras se suma el género como factor en juego.

“Mi mamá es una feminista de tiempo completo y enseñó a sus hijas que había que luchar por la tierra y el territorio desde ese concepto diferenciado de cómo las mujeres campesinas lo vemos”, compartió en la presentación del informe la defensora Elda Martínez, proveniente de Colombia.

El documento reconoce que las mujeres indígenas y campesinas del campo son las más vulnerables porque están expuestas a hostigamientos, acosos y abusos sexuales, humillaciones y amenazas. Para ellas, el derecho al acceso a la tierra significa ganar autonomía económica y personal ante la violencia doméstica.

Si bien la tierra ha sido la causa de muchos conflictos violentos por un modelo de explotación basado en el proceso de extracción o eliminación de recursos naturales y materias primas, al mismo tiempo es una solución. Tener derecho a ella es también garantizar un nivel de vida digno, vivienda, alimentación y desarrollo económico.

Incluso, según el informe de We Effect, garantizar el derecho a la tierra puede ayudar a cumplir varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el fin de la pobreza, hambre cero, igualdad de género y paz, justicia e instituciones sólidas.

Leyes en tiempos de COVID-19 Si bien las 12 organizaciones encuestadas de Colombia, Guatemala y Honduras piden que la comunidad internacional exhorte a los gobiernos a cumplir las leyes, los acuerdos y las convenciones internacionales que han ratificado sus países, también acusan de vacíos legales.

Por ejemplo, 10 organizaciones señalaron normativas y leyes antiterroristas que dificultan su trabajo. Incluso, con la pandemia de COVID-19, los países han tomado medidas restrictivas como la suspensión de las garantías constitucionales, aumentando con ello la vulnerabilidad de las personas que defienden los derechos a la tierra y el territorio.

Los Estados están obligados a garantizar la seguridad, la integridad y la protección. We Effect recomienda aplicar la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú.

“Los cambios legislativos que restringen los derechos de la ciudadanía han creado un clima social en el que las personas organizadas, defensoras de las tierras y territorios, están sujetas a ataques físicos, violencia, vigilancia, acoso y, en el peor de los casos, asesinatos. Delitos que rara vez se investigan adecuadamente y donde sigue prevaleciendo un ambiente de impunidad, ante todo cuando se tratan de violencias de género”, señala el informe.

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