Claroscuros de una nobel

La política Aung San Suu Kyi ya no es un ícono de la lucha democrática porque no actúa en contra de la persecución a la etnia rohinyá o rechaza la detención de periodistas

La consejera de Estado birmana Aung San Suu Kyi pierde poco a poco su imagen como defensora de la democracia porque ahora impera su silencio o malas decisiones en crisis como el exterminio de los rohinyás o la detención de dos periodistas de la agencia Reuters.

La política birmana fue galardonada con el premio Nobel de la Paz en 1991. El comité decidió otorgarle este reconocimiento por su lucha no violenta por la democracia y su defensa de los derechos humanos

No obstante, Suu Kyi no dijo una palabra sobre la liberación este martes de los dos periodistas de la agencia Reuters, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, quienes pasaron año y medio en prisión por investigar una matanza del ejército birmano contra miembros de la minoría musulmana rohinyá.

El portavoz de la consejera, Zaw Htay, se limitó a afirmar para agencias que la liberación de los reporteros se debió al interés nacional a largo plazo, después de que sus familias enviaron una carta a Aung San Suu Kyi y al presidente, Win Myint.

El indulto firmado por el mandatario birmano y la excarcelación se interpretó como un gesto de buena voluntad para sacar a las autoridades del caso Reuters antes de las elecciones legislativas de 2020, en las que el partido de Suu Kyi podría perder su mayoría absoluta en el parlamento.

Hasta la fecha, la consejera apenas hizo un par de comentarios sobre el caso. En septiembre de 2018, durante el foro económico mundial de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático en Hanói, la política destacó que los periodistas no fueron encarcelados porque fueran periodistas sino porque el tribunal decidió que habían infringido la ley.

Los dos reporteros fueron arrestados en diciembre de 2017 después de obtener de unos agentes de la policía documentos confidenciales sobre la masacre de diez rohinyás en el estado de Rakhine, en el oeste del país

Acusados de violar la ley de secretos oficiales de la era colonial, los dos fueron condenados el pasado septiembre a siete años de prisión pese a que, durante el juicio, un agente declaró que los dos reporteros cayeron en una trampa planeada por un alto policial.

Los acusados y sus abogados siempre defendieron que ellos tan solo estaban haciendo su trabajo, una labor que el mes pasado fue reconocida con el premio Pulitzer.

Los reporteros fueron liberados gracias a la amnistía presidencial concedida a 6 mil 250 presos birmanos, una medida que forma parte de los festejos de Año Nuevo celebrados el mes pasado en este país asiático.

Esta era una de las escasas estrategias que quedaban abiertas para los periodistas después de que el Tribunal Supremo rechazara su último recurso de apelación y dejara la condena de siete años de prisión como definitiva.

Decepción

Antes de que la nobel de la Paz subiera al poder, los ciudadanos birmanos consideraban a la política de oposición una de las grandes luchadoras por la democracia y la tolerancia. La mayoría de personas del país pensaban que esos serían los valores que iba a promover cuando asumió los Ministerios de Exteriores, Energía, Educación y la Oficina de la Presidencia tras las elecciones de 2016.

No pudo asumir la Presidencia del gobierno porque la constitución birmana prohíbe ocupar el puesto a quienes tengan hijos con pasaporte extranjero y los suyos tienen nacionalidad británica.

Sin embargo, la consejera defraudó las expectativa cuando se alió con los mismos militares que la mantuvieron presa cuando era líder de la oposición.

Entre las principales críticas a su gestión se encuentra el rechazo a su pasividad ante la campaña que el ejército birmano realizó en 2017 contra los rohinyás del estado de Rakhine, una limpieza étnica de manual en la que los militares mataron a cientos de personas, quemaron aldeas, violaron a mujeres y niñas y obligaron a unas 750 mil personas a huir a la vecina Bangladesh, de acuerdo con los registros de la ONU

La política fue acusada por el exalto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, de haberse convertido en la portavoz de los militares birmanos.

“Podría haberse quedado callada, o mejor todavía, podría haber dimitido. No había necesidad de que ella fuese portavoz de los militares birmanos”, resaltó el exjefe del Alto Comisionado el año pasado.

La organización Amnistía Internacional le retiró su premio de embajadora de la consciencia, al considerar que había traicionado los valores que defendía al principio de su trayectoria política.

Además, el número de periodistas arrestado en el país ha aumentado hasta 43 desde que su partido subió al poder hace tres años, según un informe reciente de Human Rights Watch.

Es por eso que la liberación de los dos reporteros de Reuters se ve como un paso para que el país regrese a un camino democrático.

“Desde su arresto hace 511 días, los periodistas se han convertido en símbolos de la importancia de la libertad de prensa en todo el mundo. Damos la bienvenida a su regreso”, dijo el editor jefe de Reuters, Stephen J. Adler.

Antecedentes de oposición

La política birmana lideró desde 1988 la oposición democrática del país, logró arrancar concesiones al poder fáctico de los militares y pasó a desempeñar labores de gobierno después de la victoria de su partido en las elecciones generales de 2016.

Previo, Suu Kyi organizó mítines por todo el país para pedir elecciones libres inspirada en la política de la no violencia de Gandhi. El militar Ne Win dimitió en julio de 1988, pero las fuerzas armadas regresaron al poder con un violento golpe de Estado en septiembre de ese mismo año.

También promovió una intensiva campaña para el envío masivo de cartas al nuevo gobierno en el que se sugerían reformas políticas y, a finales de año, fundó la Liga Nacional para la Democracia (LND), grupo político en el que se reunieron todos los miembros de la oposición.