Por octava vez desde 1968, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza la situación en Haití, debido a las crisis sociales, políticas y económicas que ha enfrentado el país.

A través del informe Situación de Derechos Humanos en Haití, la ONG detalla el panorama en el país caribeño con el objetivo de estudiar sus procesos y situaciones relevantes, las cuales sitúa en dos periodos: entre 2018 y mediados de 2021, debido a que en ese tiempo “hay una percepción de la corrupción e impunidad”, así como escasez económica y “serias crisis” políticas y sociales.

En el primer periodo, la Comisión destaca que la nación estuvo marcada por el crecimiento de las protestas sociales frente al descontento económico, social y político, así como por esfuerzos de consolidación de una institucionalidad electoral en medio de procesos de contestación social.

En ese periodo se presentó “un punto álgido” el 13 de enero de 2020, con la expiración de los mandatos de 119 diputados y de dos tercios de los senadores; situación que dejó al Poder Legislativo sin quórum parlamentario para sus funciones.

Dentro del segundo ciclo se destaca el asesinato del exprimer ministro Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021, lo cual agudizó la crisis política, institucional y económica en el país, provocando que en los meses siguientes las condiciones de gobernanza democrática incluyeran los esfuerzos de formación de un gobierno ad hoc, así como articulaciones entre actores de la sociedad civil y propuestas para el restablecimiento de los puestos vacantes en los tres poderes del Estado.

Homicidios y libertad de expresión

Además de hacer énfasis en algunos de los hechos más destacados durante 2018 y mediados de 2021, la ONG estudió cómo el país caribeño enfrenta circunstancias como la seguridad ciudadana, en la cual halló elevados niveles de violencia.

Entre 2018 y finales de 2021, hubo un aumento de aproximadamente 113 por ciento de los homicidios, de acuerdo con datos de la Policía Nacional de Haití que recopiló la Oficina Integral de Naciones Unidas en Haití (BINUH), pasando de 757 a mil 615.

En el mismo periodo, los secuestros también ascendieron, de 48 a 655 al año, lo que resulta en un aumento de mil 236 por ciento.

Según el informe, Haití ha llegado a esos números debido a los conflictos entre grupos armados organizados; la falta de fortalecimiento y consolidación de las instituciones de seguridad; escasez de procesos sistematizados para el recopilamiento de datos; e impunidad respecto a la comisión de actos criminales, especialmente en casos en los que se alega el involucramiento de integrantes de las propias fuerzas de seguridad.

Sobre la libertad de expresión, la CIDH halló que la violencia contra periodistas continúa siendo uno de los principales retos que enfrenta Haití en esa materia, lo cual se ha intensificado en el marco de la crisis social y política que atraviesa el país.

De acuerdo con información de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), entre 2019 y 2021 se registraron varios ataques contra periodistas que provenían tanto de las esferas gubernamentales como de grupos armados. Se señala que ha habido autocensura dentro del ejercicio periodístico, incitando a los profesionistas a limitar su exposición pública en la medida de lo posible o no llevar consigo ningún tipo de identificación de prensa.

Desplazamiento, el resultado de la crisis

Al estudiar la situación económica del país, la Comisión detalla que, según información del Banco Mundial, 58.5 por ciento de la población haitiana vive por debajo del umbral de pobreza, lo que coloca a Haití como el Estado más pobre del continente.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH, encontró que para el país ha sido complicado impulsarse, entre otras cosas, por la existencia de un marco institucional y democrático “muy débil” que impide la planificación y el seguimiento de políticas públicas; la prevalencia de una situación económica “muy deteriorada” en los últimos años que impide el acceso a bienes y servicios esenciales; y una “especial exposición” a fenómenos relacionados con el cambio climático.

Es la crisis económica, política, institucional y social que atraviesa Haití desde 2018, las condiciones derivadas de la pandemia de COVID-19, y las afectaciones provenientes de desastres naturales lo que también origina una de las preocupaciones más grandes de la CIDH: la movilidad social de haitianos dentro del mismo país y en Estados terceros.

“La CIDH observa con preocupación que las situaciones de desplazamiento se prolongan con el tiempo y, en consecuencia, generan asentamientos de personas desplazadas a largo plazo y exponen a esta población a afectaciones recurrentes y agravadas, con riesgos de nuevos desplazamientos”, destaca la ONG.

Para ayudar a Haití a salir de la situación de crisis en la que se encuentra, la Comisión hace un llamado a la comunidad internacional a adoptar medidas de cooperación y solidaridad que se dirijan a proteger a las personas haitianas en movilidad.

Asimismo, señala que se realizará un constante seguimiento a las medidas que adopte el Estado para hacer efectivas las recomendaciones sugeridas por la ONG, los Estados miembros y la comunidad internacional.