Acusación constitucional contra el exministro del Interior Andrés Chadwick

Aprueban acusaciones contra Chadwick en Chile

El exministro del Interior del presidente Sebastián Piñera quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años debido a su responsabilidad en los actos de represión ocurridos este 18 de octubre

Los senadores en Chile determinaron como procedente la acusación constitucional contra el exministro del Interior Andrés Chadwick, funcionario al que se encontró culpable por su responsabilidad en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas durante las jornadas de protesta de este 18 de octubre en el país sudamericano.

Con 23 votos a favor y 18 en contra, los integrantes de la Cámara alta en Chile dieron su visto bueno para el proceso acusatorio, uno que de entrada dejará al exfuncionario federal y mano derecha del presidente Sebastián Piñera inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por un periodo de cinco años.

El expediente comenzó el cabildeo el martes, pero fue hasta ayer cuando recibió la primera sentencia en el Senado. “Nunca me imaginé que mi última intervención en esta sala sería por una acusación constitucional en mi contra”, fueron algunos de los comentarios expresados por el exministro Chadwick, quien presenció el proceso en su contra desde el propio Congreso.

Esta postura de inocencia fue respaldada por funcionarios del gabinete de Piñera e incluso por el propio presidente de la nación, quien respaldó al exministro a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Todo mi apoyo, cariño y solidaridad al exministro Andrés Chadwick. Un gran servidor público, con sólidos valores y una inmensa vocación de servicio por los demás. Y lo más importante, un hombre honesto y generoso y una persona íntegra y buena”, dijo Piñera a la par de agradecer a su exfuncionario por su servicio.

Sin embargo, las acusaciones contra el exfuncionario no reducen su nivel de gravedad, ya que ante el clamor popular sigue siendo uno de los principales responsables por la omisión en la ejecución de medidas que garantizaran la seguridad de Chile, generando violaciones sistemáticas a los derechos humanos, traducidas a su vez como infracciones a la Constitución.

Todo esto derivado de las jornadas de protestas y el eventual estallido social ocurrido a partir del pasado 18 de octubre de este año en el país sudamericano; la también llamada “primavera chilena” del 2019 que tuvo consecuencias fatales, con un registro hasta el momento de 23 muertos.

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