La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) presentó la primera queja contra una empresa mexicana en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Dicha denuncia fue interpuesta contra la empresa de autopartes Tridonex, establecida en Matamoros, Tamaulipas, con matriz en Filadelfia y controlada por un grupo canadiense.

La queja gira en torno a la negación de representación sindical independiente para los trabajadores de dicha planta, lo que constituye una violación al T- MEC, tratado comercial que mantienen los países de América del Norte.

La denuncia también cuenta con el respaldo del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS) de la activista Susana Prieto, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios Movimiento 20/32 (SNITIS) y Public Citizen.

En la queja detallan que durante varios años, los trabajadores de Tridonex han sido objeto de acoso y despido por intentar organizarse con el SNITIS.

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Este se trata de un sindicato mexicano independiente de su elección, una opción al que actualmente se encuentran afiliados y al que acusan de estar lleno de corrupción y protección, aunque no se especifica de cuál tipo.

La activista Susana Prieto mencionó, previo a las elecciones de Estados Unidos, que México no está cumpliendo con las disposiciones laborales establecidas en el capítulo 23 del T-MEC.

“Yo he estado denunciando que los incumplimientos laborales provienen de las empresas transnacionales establecidas en el país, ya que forman parte de la corrupción y el sistema político mexicano, no puede haber un sindicato corrupto sin una empresa corrupta”, mencionó la también abogada.

Por otra parte, en septiembre pasado, Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, declaró que planeaba presentar una demanda bajo el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC, ya que tenía “tremendas preocupaciones con la capacidad de México para hacer cumplir sus propias leyes”.

A partir de la presentación de la denuncia, el gobierno de Estados Unidos contará con 30 días para determinar si el caso tiene mérito, si es que lo tiene, México deberá acordar una solución con EU para evitar la creación de un panel en los próximos 55 días.

Si no se llega a una solución rápida, el panel podrá establecer multas o aranceles a la planta investigada.