98
por ciento es el alcance 
de la población tienen las dos televisoras más fuertes del país
Uno de los aspectos más positivos son los tribunales especializados en la materia, que eliminaría los cuellos de botella
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Con un fast-track sin precedentes en la historia moderna del país, el martes en la noche se confirmó el aval a la reforma de telecomunicaciones en 18 de las legislaturas locales, ante júbilo de políticos en los principales partidos políticos del país.

Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCyT), mediante un comunicado, reconoció el esfuerzo del Congreso de la Unión y las legislaturas locales.

Lo que prosigue es menos estelar, pero más importante: la redacción de las leyes reglamentarias, que podrían ser la diferencia entre una reforma que inyectaría dinamismo a la política y la economía, o una que solo lo aparente en el papel. 

Número dudoso

Una de los propuestas más fáciles de entender para el mexicano común es la llamada “definición de agente con poder sustancial”, que provee de una manera relativamente fácil de catalogar a una empresa con poder sustancial de mercado, y por lo tanto abrir el camino para sanciones o medidas regulatorias.

El problema con la propuesta es que nunca es, ni será, fácil catalogar a algún ente económico como tener poder sustancial.

La iniciativa señala como 50 por ciento o más de participación de mercado, pero no es explícita en la medida de ese porcentaje.

Por ejemplo, este puede ser en número de usuarios, en ventas, en activos, una combinación de ellas o todas en conjunto.

Además, aún si las leyes reglamentarias definieran la variable a medir, el 50 por ciento es por sí mismo un número arbitrario.

No se necesita tener el 50 por ciento de participación de mercado para poder influenciar en los precios, lo que las leyes antimonopolios buscan evitar.

Poder influenciar en los precios de un mercado depende de cientos de factores, entre los más importantes, las barreras a la entrada al mercado y las características de la demanda y oferta.

El mismo número también impone un límite implícito a la inversión de las empresas en telecomunicaciones.

Parece dificil creer que una empresa con 49 por ciento de participación invertirá en retener clientes o intentará captar más con precios más bajos. Castigar a una empresa solamente por su tamaño no tiene sentido y termina por incentivar prácticas acomodativas de mercado.

El 50 por ciento es una definición objetiva, fácil de entender y aplicar, pero no necesariamente la mejor.

Armas de doble filo

Elevar la mayoría de estos detalles a la Constitución también puede acabar siendo una medida poco práctica.

Si bien la intención es hacer más fácil la aplicación de las sanciones y castigos a las empresas que actúen de manera monopólica, todos esos detalles técnicos podrían cambiar con el tiempo, haciendo extremadamente difícil ajustar la ley a las condiciones cambiantes en el sector.

Un ejemplo sencillo es el de la banda ancha móvil, que del 2005 al 2011 creció a una tasa promedio de 127 por ciento, de acuerdo con el documento de la iniciativa de reforma del Pacto por México.

Reglamentar a nivel constitucional para mercados que aún no existen, no parece ser la manera más óptima de hacerlo.

Va de nuevo

La reforma también intenta empezar de nuevo en el tema de regulación, creando la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) como órganos constitucionales autónomos.

Lo positivo es que se fortalece la autonomía de los órganos reguladores y se vuelve, en teoría, más rápido el proceso de determinar el mercado relevante, catalogar a los participantes con poder sustancial e imponer multas o cambios en el mercado.

Pero por otro lado, crear desde cero dos comisiones implica costos y pérdidas importantes.

Para empezar, se preveé un proceso largo de selección de candidatos y un sueldo a nivel de ministro de Suprema Corte de Justicia, además de los puestos y demás gastos requeridos para mantener una comisión de tal tamaño.

No obstante, lo más peligroso puede ser que se pierda la jurisprudencia que ha ganado la actual Cofetel y Cofeco en todos los actos regulatorios que ha hecho hasta hoy.

Es decir, que toda la antigüedad legal que han logrado ganar con esfuerzo en la corte se puede esfumar de un día para el otro si no se incluye el aspecto en las leyes reglamentarias.

Además, al cambiar de un día para otro a los comisionados, se pierde la memoria histórica y las experiencias que han ganado estos en regular a las empresas con poder sustancial de mercado.

Tribunales 
especializados

Uno de los aspectos más positivos de la reforma son los tribunales especializados en materia de telecomunicación y competencia, que comúnmente es el cuello de botella cuando se trata de resoluciones y sanciones.

El problema generalmente reside en que los tribunales tienen pocos conocimientos sobre prácticas monopólicas o regulación de mercados y optan por girar órdenes que incluso pueden ser contradictorias.

La intención detrás de los tribunales especializados es mejorar este proceso y agilizar las resoluciones, con el fin de regular los mercados de manera más dinámica.

Por otro lado, un aspecto a cuidar en las leyes reglamentarias sin duda debe ser la posibilidad de captura regulatoria que ahora se abre con los tribunales especializados.

Por ejemplo, un tribunal especial dedicado a eso puede ser mucho más fácilmente corrompido o influenciado por los intereses que debe regular.

Cosa de paciencia

La mayoría de los cambios en la reforma de telecomunicaciones tardarán años, sino es que siglos, en traducirse en cambios sustanciales que pueden notar los mexicanos, pues dependen de la reputación y los resultados que obtengan los nuevos órganos reguladores.

La evaluación objetiva quizás se puede hacer en unos cinco años, cuando las leyes se habrán aplicado un par de veces.

Faltan aún las leyes reglamentarias, que acotarán las medidas a tomar en el futuro por los órganos reguladores y disiparán algunas dudas que todavía persisten en torno a la manera de regular a los gigantes intereses económicos del país.

Pero para una competencia vigorosa, como la que envisiona la iniciativa de reforma y sus proponentes, queda solo esperar.