Pugna por el mercado eléctrico y política energética

22 de Mar, 2021

La pugna por el control del mercado eléctrico del país está lejos de acabar. Mientras especialistas advierten que es necesario establecer acuerdos entre la inversión privada y el Gobierno federal para evitar el colapso del sector eléctrico en un futuro, ambos parecen mantener “diferencias irreconciliables” en torno a la política energética que debería establecerse en México.

El último capítulo de esta confrontación se escribió el pasado 19 de marzo cuando Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo especializado en Competencia Económica, suspendió de manera definitiva la entrada en vigor de las modificaciones que se aprobaron en el Congreso de la Unión a la Ley de la Industria Eléctrica en los primeros días de marzo.

La suspensión responde a un amparo promovido por Eoliatec del Pacifico, así como Fuerza y Energía de Tuxpan.

Esta medida deja sin efecto y de manera definitiva la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la que se buscaba priorizar el despacho de las centrales eléctricas a las hidroeléctricas de la CFE, después a las centrales eléctricas de la empresa productiva del Estado, tales como la nuclear, geotérmicas, ciclos combinados y termoeléctricas, seguidas de Centrales de Ciclos Combinados de productores independientes.

40

En tanto que las centrales eléctricas eólicas y solares, así como las de ciclos combinados de empresas privadas, hubieran estado en tercer y cuarto término de prioridad.

Ese mismo día, pero desde su conferencia matutina, el Ejecutivo federal aseguró que Walmart y Bimbo impusieron amparos en contra de la reforma eléctrica y señaló que ambas constituían unas empresas de energía eólica limpia con las que recibían subsidio.

“Ya no queremos que esas grandes empresas se queden con el subsidio, porque todo eso significa entregar presupuesto público, que es dinero de todos, a las grandes corporaciones. Se tenía la percepción, porque engañaban, que el subsidio se lo daban al consumidor domiciliario, a una familia. No, los grandes subsidios en la electricidad son para las empresas comerciales”, señaló el presidente.

Además afirmó que la cadena de tiendas OXXO, que forma parte de la empresa FEMSA, pagaban menos por el recibo de luz que una tienda de abarrotes común.

Ninguna de las dos primeras empresas reaccionaron a las declaraciones del presidente de la República, en tanto que OXXO señaló a través de un comunicado que 70.1 por ciento de sus tiendas son abastecidas por fuentes renovables y cada una está conectada a un parque eólico por un costo promedio mensual de 14 mil 52 pesos que incluye una serie de pagos a la CFE por porteo, uso de línea de transmisión y un complemento como cargo fijo por formar parte de la red eléctrica nacional.

Los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica no son el primer intento del Gobierno federal para modificar el mercado eléctrico que ha generado reacciones por parte del sector privado. Los integrantes de la Cuarta Transformación sostuvieron una batalla legal con empresas de energía renovable y organismos ambientales que se inconformaron por la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicada en mayo de 2020.

El mismo juez que suspendió las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica paralizó esa política eléctrica que establecía una serie de limitaciones a la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares y prohibía la construcción de proyectos en lugares que se consideraban congestionados o con poca capacidad de transmisión.

El paro jurídico de la reforma a la Ley y la Política de Confiabilidad Eléctrica habían sido pronosticados por especialistas, pero un elemento más preocupante es que este escenario podría tener repercusiones en la confianza de la inversión y hasta el cálculo en el destino de recursos públicos para poner en marcha el plan de negocios e infraestructura de la CFE.

Para adaptar la red eléctrica a los retos del futuro y asegurar el suministro de energía será necesario incrementar para 2020 aproximadamente 40 por ciento del presupuesto que se destinó para este año a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según cálculos elaborados por Ramses Pech, asesor de la industria energética.

Pech ha señalado que los cambios, por lo menos los que se intentaron integrar a la Ley de la Industria Eléctrica, tenían el objetivo de dar preferencia a las plantas de CFE para comercializar la electricidad a mayor volumen e incluso poder vender más al sector industrial y agrícola que representan mayores ganancias que el suministro doméstico.

Pero para lograr este objetivo será necesario fortalecer la red eléctrica, lo que requiere tanto recursos públicos como inversión privada y este último elemento tambalea ante el rumbo incierto de la política energética en la actual administración.