La “tramititis” amenaza las metas de más de una cuarta parte de los empresarios y emprendedores mexicanos. El marco regulatorio, es decir, las normas, trámites, solicitudes e inspecciones a los que se someten las empresas para poder operar son para 28.2 por ciento de las unidades económicas del país “un obstáculo para el logro de sus objetivos”, advierte la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2020.

Además, las cargas administrativas a las que estuvieron sometidas fueron mayores en 2020 que 2016, según la perspectiva de 45.7 por ciento de las empresas. Cabe destacar que este porcentaje significa una ligera disminución del 50.9 por ciento de las empresas que tenían una opinión desfavorable del marco regulatorio en 2016, de acuerdo con los resultados de la encuesta publicada esta semana por el INEGI.

El estudio señala que en promedio cada unidad económica del sector privado gastó 95 mil 760 pesos por cargas administrativas, mientras que en 2016 se reportaba un gasto de 58 mil 019 pesos. Las empresas grandes pagan por este cumplimiento en promedio dos millones 307 mil 832 pesos, las medianas un millón 32 mil 77 pesos, las pequeñas 287 mil 190 pesos y las micro 33 mil 956 pesos.

Un pequeño negocio que busca cumplir con las normas administrativas establecidas para su apertura tiene que hacer aproximadamente 20 trámites entre las autoridades del estado en el que se asienta y las autoridades federales, los cuales tienen un impacto económico considerable para los empresarios, señala Virginia Ríos, presidenta de la Comisión Fiscal de Coparmex Ciudad de México.

287,190
pesos es el costo promedio de trámites y otras normas administrativas para las pequeñas empresas

Aunque existe una tendencia en gobiernos locales y el Gobierno federal para digitalizar los trámites con los que debe cumplir una unidad económica con el objetivo de reducir actos de corrupción y hacerlos más sencillos y rápidos, estos esfuerzos aún no están homologados en todos los niveles de la administración pública, explica.

“En la Ciudad de México, por ejemplo, se publicó el 30 de diciembre de 2019 la Ley para la Mejora Regulatoria que trata de disminuir los trámites y enfocarlos en procesos en línea pero nos hemos encontrado con muchos retrasos por la pandemia por COVID-19 y sucesos como que en inspecciones las autoridades llegan a los negocios y solicitan trámites, se los dan en documentos electrónicos o en USB pero se los exigen en impreso”, comenta la integrante de Coparmex.

Además aún existe poco acercamiento de la población a herramientas que faciliten los trámites administrativos con los que tienen que cumplir las empresas. De acuerdo con la ENCRIGE, el año pasado 6.9 por ciento de las empresas tuvieron conocimiento e hicieron uso del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), un programa de simplificación y modernización administrativa de los trámites municipales para el inicio de operaciones de una empresa de bajo riesgo en máximo tres días hábiles que certifica la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

Ríos señala que incluso el nivel de formación informática de los dueños de los pequeños negocios puede actuar como una barrera para acceder a herramientas digitales que apoyan al cumplimiento del marco regulatorio.

Pequeñas empresas bloqueadas

De acuerdo con la encuesta del INEGI, las pequeñas empresas fueron las que más conflicto observaron con el cumplimiento del marco regulatorio hasta con 74.8 por ciento de ellas señalando estos procesos como un obstáculo para el objetivo de sus negocios. Este porcentaje es tres veces más elevado que en 2016 cuando 22.5 por ciento de las empresas de ese mismo tamaño afirmaban que la carga administrativa era vista como obstáculo.

El porcentaje de empresas micro, medianas y grandes que consideraron el marco regulatorio un problema también aumentó de 2016 a 2020 aunque a niveles menos pronunciados que las pequeñas unidades económicas.

En tanto que las empresas que se encuentran en el sector industrial fueron las que señalaron mayores conflictos para cumplir sus metas a causa de las normas administrativas.

Cabe destacar que ante el impacto de la pandemia por COVID-19 en el flujo de capital de los negocios, además de facilitar el cumplimiento de las normas administrativas es necesario enfocar apoyos en las unidades económicas de todo el país, señala Ríos.

La pandemia afectó a 85.1 por ciento de las empresas mexicanas con la disminución de sus ingresos, la caída de la demanda y la escasez de insumos o productos, además únicamente 5.9 por ciento reporta haber recibido algún apoyo por parte del gobierno o cámaras empresariales, de acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por las Empresas (ECOVID-IE 2020), elaborado por el INEGI.

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