Mineras a prueba de balas

Desde hace años, la industria minera en México padece los estragos del crimen organizado. Las minas en algunos estados de la República Mexicana se enfrentan a un severo problema de inseguridad que ha obligado al gobierno mexicano a prestar mayor atención.

Guerrero, Michoacán y Coahuila son los estados con el mayor índice de casos de violencia y acoso de la delincuencia organizada. “Sí se ha reportado (violencia), pero es muy focalizada y bajo circunstancias aisladas en esos estados”, dijo Mario Cantú Suárez, subsecretario de Minería, en entrevista tras su participación en el evento ‘México Mining Forum’, que se realizó en Ciudad de México.

Con la finalidad de garantizar la seguridad en las minas ubicadas en esos estados, y en otros, explicó Cantú, se estableció un convenio con la Gendarmería Nacional, cuerpo de élite de la Policía Federal, para brindar atención directa a las empresas de tal manera que “las autoridades puedan tener conocimiento de inmediato de cualquier hecho delictivo y así determinar el plan de acción entre la federación y el estado”. Asimismo, agregó que la atención hacia las empresas en estados con un mayor índice de violencia “es permanente con el propósito de darles tranquilidad”.

El funcionario compartió que el gobierno federal instaló un Comité Interinstitucional para la Competitividad del Sector Minero. “Cuando se lanzó esta iniciativa a nivel federal no fue fácil llevarla a la ejecución”, manifestó Cantú durante su presentación en el evento.

Hasta ahora, se han firmado tres convenios con los gobernadores de Durango, Zacatecas y Chihuahua. El 14 de febrero se suscribirá el acuerdo con Sonora, adelantó el funcionario, al hacer alusión que en el corto plazo esperan que otras entidades se sumen.

Con el Comité Interinstitucional, el gobierno federal, las secretarías estatales de Economía, asociaciones de ingenieros mineros metalúrgicos, asociaciones de geólogos y la Cámara Minera de México (Camimex) unen esfuerzos para promover mejoras en los servicios y productos de atención a los concesionarios mineros, empresarios y potenciales inversionistas, a través de asesoría, promoción de trámites, e intercambio de información. “Es importante dar certidumbre jurídica y legal para atraer de nuevo inversiones y generar empleos”, expresó.

Pero, el aumento de los índices de violencia en México, ha alejado la inversión extranjera de una industria cuyo valor de la producción ascendió a 234 mil millones de pesos en 2016, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La inversión reportada por las empresas afiliadas a Cámara Minera de México (Camimex) en 2016, se ubicó en 3 mil 250 millones de dólares, monto que significó un declive de 22.8 por ciento con respecto al año previo, de acuerdo con el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana.

En cuanto a los retos inmediatos por resolver, Cantú externó que es necesaria una mejor coordinación con los gobiernos estatales, así como mejorar la velocidad de los trámites y procesos. “Es inaceptable que el SAT tarde un año en responder a las solicitudes de las empresas mineras”, sentenció.

México se ubica en el lugar 50 de entre 104 naciones a nivel mundial en el índice de atracción de inversiones del Instituto Fraser a 2016 (último dato disponible). En 2011, el país se sitúo en la posición 11.

La violencia ha propiciado que algunas empresas salgan de territorios ‘calientes’. Tal es el caso de la canadiense Goldcorp que, a inicios de 2017, anunció la venta de su mina de oro Los Filos, ubicada en el estado de Guerrero, a su compatriota Leagold por 438 millones de dólares. Por ahora, el crimen organizado parece no dar tregua y, a pesar de la situación, el gobierno mexicano se muestra optimista. Mario Cantú Suárez estima que, después de cuatro años a la baja en inversiones extranjeras, a finales de 2018, la industria logrará atraer 5 mil millones de dólares.