Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo estar a favor de la renovación en 2023 de una concesión de la firma de telecomunicaciones Telmex, del empresario y magnate Carlos Slim.

El presidente de México aclaró que si bien estaba a favor de la renovación de esta concesión, espera que el compromiso de que la compañía beneficie a la población con tarifas favorables y amplitud de red.

No obstante fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que hizo varias precisiones acerca de las declaraciones del presidente, pues argumentó varias de las acciones respecto a Telmex.

De acuerdo con el IFT, en estricto apego a la Constitución es facultad exclusiva del regulador otorgar y prorrogar las concesiones de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión.

En ese sentido precisó que conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), el pleno del órgano autónomo resolvió desde diciembre de 2016 aprobar la solicitud de la prórroga de concesión presentada por Telmex, otorgándola por una vigencia de 30 años, tras acreditar que se cumplieron los supuestos previstos en la ley para el procedimiento.

Asimismo, añadió que conforme lo dispone el marco legal vigente desde la reforma constitucional de 2014 en telecomunicaciones y de radiodifusión, para el otorgamiento de la prórroga a Telmex se contó con la opinión técnica no vinculante del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

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Indicó que en su resolución se estableció que será hasta el primer trimestre de 2023 cuando el instituto entregue a la empresa el título de concesión que corresponda, una vez que se determinen las condiciones técnico-regulatorias a las que quedará obligada, y que serán resueltas exclusivamente por el IFT.

Lo anterior debido a que la decisión se tomó al considerar que, ante el dinamismo del mercado de las telecomunicaciones y el hecho de que Telmex está sujeta a una regulación asimétrica por ser parte del Agente Económico Preponderante en el sector de las telecomunicaciones (América Móvil), en 2016 no podría preverse la evolución de la prestación de servicios, las condiciones del mercado y los efectos que generaría la regulación asimétrica en los siguientes años.

Finalmente, destacó que el proceso para determinar el otorgamiento de la prórroga de la concesión estuvo apegado a lo establecido en la ley en tiempo y forma.

El instituto recibió la solicitud de prórroga el 7 de marzo de 2016, es decir, dentro del año previo al inicio de la quinta parte de la vigencia de la concesión, conforme lo prevé la LFTyR.