El gobierno de la Cuarta Transformación y las autoridades hacendarias tienen en la mira un nuevo enemigo público: los piratas del huachicol.

El contrabando de combustibles en los océanos impacta de forma directa a los ingresos tributarios del país toda vez que este tipo de “huachicol” busca evadir el pago de contribuciones que genera la importación de estos energéticos al país.

Hay relación directa entre el huachicol marítimo y la recaudación de 23 mil millones de pesos menos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) durante el primer trimestre de 2021 comparado con el mismo periodo de 2020, explica Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Entre las estrategias de contrabando de combustibles en el mar se han identificado tres: en la primera, los “huachicoleros” se aprovechan de las complejas regulaciones en materia de importación para hacer pasar un tipo de combustible por otro.

“Hay una empresa mexicana que no tiene permiso de importación de diésel, sólo de gasolina pero lo que trae es diésel de Texas y en lugar de pasarlo como diésel lo pasan como aceite porque tenemos unas leyes fiscales muy complejas”, señala la Jefa del SAT.

Otro modus operandi del huachicol es robar el combustible en barcos que se encuentran en el Golfo de México, lo llevan a mar abierto para después ingresar al país con pedimentos de importación falsos y bajo el argumento de que se comercializó en mar abierto y con empresas internacionales; otra estrategia que se ha detectado es con barcos que tienen varios compartimentos cargados con combustible y al llegar a las aduanas sólo reportan uno.

80

por ciento del combustible que se importa a México es transportado por vía marítima

“Cuando metían (el combustible al país) como era robado si les convenía pagar impuestos, ahora ni siquiera lo pagan. Es un reto interinstitucional, participa la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa porque al final de cuentas es muy difícil que un civil pueda atracar ese tipo de cantidades”, señala.

El SAT a través de la Administración General de Aduanas y la Administración General de Comercio Exterior, así como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), encargada de otorgar los permisos de importación y vigilar a las empresas que lleven a cabo estas actividades en el país; también deberán integrarse a los esfuerzos para combatir este delito, afirma Buenrostro.

La “dama de hierro” del fisco mexicano, como la han denominado en redes sociales o medios de comunicación, señala que entre las medidas específicas para combatir este crimen está la simplificación administrativa, que formaría parte de la Reforma Fiscal.

Esta podría ser una perspectiva acertada toda vez que las aduanas carecen de capacidad para detectar el tipo de permisos y combustible en los buques de carga, explica Arturo Carranza, analista del sector energético.

“Se otorgan permisos para importar gasolina magna, gasolina premium o diésel y muchas veces las especificaciones son muy técnicas entonces esto es uno de los primeros problemas a los que se enfrentan la autoridad en los puertos, no hay una capacidad suficiente para determinar que se cumplan con las especificaciones de cada uno de los permisos que se otorgaron por la CRE, es en todos los pasos muy difícil técnicamente”, señala.

Otra perspectiva con la que se pretende abordar el tema del huachicol marítimo es a través de la reforma a la Ley de Hidrocarburos que recientemente envió el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados.

Si bien estas modificaciones podrían apoyar al “reordenamiento” del mercado de hidrocarburos en el país, la iniciativa ha sido señalada e incluso criticada por estar redactada de forma muy general, que podría dar paso a interpretaciones jurídicas de todo tipo, advierte

La reforma, que se envió a la Cámara de Diputados el pasado 29 de marzo, tiene por objetivo modificar la Ley de Hidrocarburos para “fortalecer a las empresas productivas del Estado como garantes de la seguridad, así como la soberanía energética”, esto a través de sanciones más severas a las empresas privadas que incumplan con las disposiciones de la ley en materia de calidad y medición de los hidrocarburos o para garantizar “los intereses de la Nación”.

Con estas modificaciones se suspenderían permisos a empresas privadas e incluso las autoridades como la Secretaría de Energía (Sener) o la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se haría cargo de la administración y operación del permisionario con el objetivo de garantizar los intereses de usuarios finales y consumidores.

“Es importante tener en cuenta la dimensión de este tipo de contrabando, porque más del 70 por ciento de lo que consumimos en gasolina es importado y de ese total, 80 por ciento se transporta por vía marítima, hay una dependencia muy alta con respecto a los combustibles importados”, señala el especialista.

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