Para General Motors (GM), las cosas parecen ir de mal en peor.
La compañía anunció que crece la cantidad de vehículos llamados a revisión, ahora a 6.3 millones de automóviles a un costo de 750 millones de dólares para la empresa.
Por una falla técnica en la ignición del motor, que causó el masivo llamado a revisión, GM está bajo presión de las autoridades estadounidenses para asignar responsabilidad en la situación.
La investigación interna de GM indica que la compañía había sabido por casi 10 años que una falla en la ignición de ciertos automóviles podría causar problemas, como apagados inesperados y la falta de activación de las bolsas de aire en casos de accidente.
Mary Barra, directora ejecutiva de GM, indicó a las autoridades que el sistema de la empresa “para administrar y tomar decisiones respecto de los llamados a revisión va a cambiar”.
Problemáticamente, aún no es claro quién aprobó el cambio en la parte mecánica en cuestión en el 2006, ni quien aprobó el seguir utilizando el mismo número de parte, lo cual ha vuelto complicado distinguir entre las igniciones nuevas y las viejas.
Lo barato sale caro
Los legisladores estadounidenses han cuestionado duramente a Barra, apuntando que un memorandum interno de GM, con fecha del 2005, indica que los ejecutivos de la empresa decidieron no corregir la falla debido a los costos que resultarían.
Rediseñar el interruptor de ignición involucrado en ese momento hubiera costado 90 centavos por automóvil, pero sólo ofrecía de 10 a 15 centavos en ahorros de costos por garantías.
Las autoridades estiman que esta falla ha sido relacionada con por lo menos 13 accidentes fatales.
Al respecto, Barra ha dicho que la decisión de no retirar inmediatamente el interruptor problemático “no es aceptable”, y que la gestión de GM ha cambiado desde entonces.
“Antes teníamos una cultura de reducción de costos, y ahora tenemos una cultura del consumidor enfocada en la seguridad y la calidad”, explicó Barra.
A pesar de los cambios detallados por Barra, GM se encuentra bajo investigación por parte de agencias estadounidenses, como el Departamento de Justicia, el Comité de Energía y Comercio del Congreso, y la Administración Nacional de Seguridad y Tráfico de Autopistas.
Las investigaciones no descartan un posible proceso penal contra GM, que podría resultar desastroso para la empresa.
En un caso similar resuelto el mes pasado, Toyota pagó 1.2 mil millones de dólares como parte de un acuerdo judicial.