No saben qué es el reparto de utilidades, desconocen el término “antigüedad laboral”, algunos no cuentan con prestaciones y se saben indefensos ante despidos sin liquidación. Se trata de una generación de trabajadores mexicanos cuya trayectoria ha estado marcada por la “liberalización del mercado laboral” y con ello los esquemas de subcontratación y outsourcing como uno de sus elementos más destacados.

El artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo establece que el régimen de subcontratación es el proceso por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores a favor de un contratante, una persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.

De acuerdo con la ley, este esquema no puede abarcar la totalidad de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo, debe justificarse por su carácter especializado y no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

Sin embargo, estas restricciones son letra muerta y desde 2012, cuando se integró esta figura a la ley, se exponenció su uso, advierte Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).

Además de las autoridades federales, especialistas y organismos coinciden que a través del outsourcing han permeado prácticas de simulaciones en relaciones laborales, evasión de cuotas obrero-patronales, que afectan directamente a los trabajadores; así como prácticas de defraudación fiscal.

“La subcontratación es apenas uno de los elementos que han minado las condiciones laborales. Es la Era de la Precarización, porque ya no sabes qué patrón te va a responder en caso de un accidente, cuando te jubiles o si te despiden de manera ilegal (…) la generación de millenials son de los más afectados, porque entran al mercado laboral en condiciones pauperizadas y no tienen otra alternativa”, señala Carlos Alberto Jimenez, investigador de la Facultad de Negocios en la Universidad La Salle.


Si se pierden empleos basados en violación a derechos laborales, pues qué bueno, esos modelos deben desaparecer

Rogelio Gómez

Integrante del Observatorio de Trabajo Digno

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que el outsourcing otorga certeza jurídica en materia laboral y fiscal a las empresas, incrementa la productividad y disminuye la rotación de los empleados, permite un esquema de flexibilidad laboral, así como la capacidad de los contratantes para acceder al mejor talento posible, entre otras ventajas.

Pero también reconoce que a través del incumplimiento de obligaciones patronales, se provoca la generación de fuentes de empleo que carecen de condiciones dignas y decentes, ha contribuido al subregistro salarial de los empleados, así como prácticas de simulación, evasión y elusión de impuestos.

No existen datos exactos en torno al número de personas que están contratadas bajo este esquema, pero cálculos presentados por el Gobierno federal señalan que actualmente hay cuatro millones 600 mil trabajadores y la incorporación promedio de 200 mil al año.

Además, advierten que la mitad del personal subcontratado bajo este modelo se concentra en empresas grandes, es decir, que cuentan con más de 250 trabajadores.

Limitar el esquema del outsourcing

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de su gabinete presentaron una iniciativa de reforma para limitar el outsourcing y prohibir las prácticas en las que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra empresa.

La iniciativa, que será presentada ante el Congreso de la Unión en los próximos días, prevé multas severas a las empresas que utilicen esquemas de evasión de impuestos, además de procesarlas por el delito de defraudación fiscal.

Contempla la integración de un padrón público para las empresas de outsourcing que podrán operar previa autorización de la Secretaría del Trabajo y únicamente podrán intervenir en el proceso de contratación, reclutamiento, selección o capacitación sin que eso implique establecerse como patrones.

Organismos empresariales advierten que la “sobreregulación” en este modelo podría aumentar la informalidad laboral y afectar a pequeñas y medianas empresas.


Turismo y manufactureras concentran la mayoría de los empleados subcontratados, de acuerdo con un informe del Gobierno federal

Pero en opinión de Rogelio Gómez, integrante del Observatorio de Trabajo Digno, es indispensable la erradicación de este tipo de contratación incluso si eso significa la pérdida de empleos bajo este esquema.

“Hay quien dice que se pueden perder empleos, yo no veo cómo y si se pierden empleos basados en violación a derechos laborales, pues qué bueno, esos modelos deben desaparecer. No veo en la iniciativa que se afecte a los contratos de servicios y obras especializadas”, afirma.

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