Advertencia presupuestaria
El Centro de Estudios Económicos del Sector privado (CEESP) ha sido uno de los críticos más ostensibles de la política fiscal de esta administración. En el 2013, cuando el gobierno negociaba una reforma fiscal de corte recaudatorio, el organismo dirigido por el economista Luis Foncerrada planteó su posicionamiento: un incremento de impuestos derivará necesariamente en una desaceleración económica.
Rodrigo Carbajal
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Ante el riesgo de caer en una crisis presupuestal, el CEESP ha vuelto a enfatizar la necesidad realizar un recorte al gasto público para estabilizar la deuda pública
El Centro de Estudios Económicos del Sector privado (CEESP) ha sido uno de los críticos más ostensibles de la política fiscal de esta administración. En el 2013, cuando el gobierno negociaba una reforma fiscal de corte recaudatorio, el organismo dirigido por el economista Luis Foncerrada planteó su posicionamiento: un incremento de impuestos derivará necesariamente en una desaceleración económica.
Ante la necesidad de consolidar las finanzas públicas, el CEESP recomendó enfocar la política fiscal en recortes significativos al gasto público.
Tres años después, con el riesgo de caer en una crisis presupuestal si no se toman medidas adecuadas, el organismo empresarial ha vuelto a enfatizar la necesidad realizar un recorte al gasto público para estabilizar el creciente nivel de deuda pública.
Como preludio a la entrega del Paquete Económico 2017, el reporte semanal del CEESP señala que el Gobierno federal deberá incurrir en un balance fiscal primario (no considera el gasto de intereses) de 300 mil millones de pesos para asegurar que la trayectoria de endeudamiento no se agrave.
Los requerimientos financieros del sector público, una medida amplia de deuda pública, representan casi el 48 por ciento del producto interno bruto (PIB), de acuerdo a cifras oficiales. La Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) proyecta que este nivel rebasará el 50 por ciento del PIB para final de sexenio.
Esta tendencia encendió la alarma de las firmas calificadoras. Recientemente, S&P cambió la perspectiva de la deuda mexicana, valuada en el escalón BBB+, desde estable a negativa. Esto sucedió a la decisión de marzo de Moody’s, que valúa a la deuda mexicana con el grado de inversión A3, de modificar su perspectiva a negativa.
En el 2014, cuando Moody’s le asignó esta calificación a la deuda de México, el argumento central de la decisión fue que las reformas estructurales permitirían elevar la tasa de crecimiento potencial, de modo que se facilitaría la recaudación fiscal debido a un incremento implícito en los niveles de recaudación de impuestos. Además, en ese momento, los ingresos petroleros financiaban alrededor de un tercio del gasto público y el precio del crudo se ubicaba encima de los 100 dólares por barril.
Medida insuficiente
Ante el cambio drástico de la coyuntura, la SHCP asumió un discurso restrictivo. El mercado petrolero registró su peor caída en una generación y las expectativas de crecimiento de la economía mexicana se deterioraron de manera consistente. El mes pasado, las autoridades fiscales redujeron su pronóstico de expansión del PIB a un rango de entre 2 por ciento y 2.6 por ciento para este año.
Asimismo, el precio de la mezcla mexicana de petróleo se ubica en 36 dólares por barril.
La SHCP anunció que propondrá un presupuesto conservador en el Paquete Económico 2017, el cual incluirá un recorte extensivo al gasto público con la finalidad de presentar el primer superávit fiscal primario en ocho años.
Pese a que el tono de la política fiscal fue aplaudido por el CEESP, se refirió que la medida se queda corta de la cifra deseada de 300 mil millones de pesos. Las autoridades fiscales señalaron que el superávit será de 0.2 por ciento del PIB, equivalente a alrededor de 40 mil millones de pesos.
La estabilidad de las finanzas públicas no es una obsesión exclusiva del CEESP. La última minuta de la Junta de Gobierno del Banco de México deja ver que ésta es una preocupación central para el desarrollo de la economía mexicana.
“Algunos integrantes enfatizaron la necesidad de que las autoridades fiscales proporcionen certidumbre sobre la trayectoria de las finanzas gubernamentales y su compromiso con niveles de endeudamiento público sostenibles”.
