El consejero más temido

En un ejemplo más de los resultados absurdos que puede traer la regulación, una empresa relativamente pequeña se ha vuelto pieza clave para sindicatos y otros grupos con intereses especiales en Estados Unidos.

Según las más recientes regulaciones en Estados Unidos, los votos que los accionistas hacen en la junta de gobernación de las empresas, deben ser “informadas”.

Esto es con la finalidad de que los miembros de la junta directiva tengan que ofrecer mejores explicaciones de sus actos.

Eduardo Flores Eduardo Flores Publicado el
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En un ejemplo más de los resultados absurdos que puede traer la regulación, una empresa relativamente pequeña se ha vuelto pieza clave para sindicatos y otros grupos con intereses especiales en Estados Unidos.

Según las más recientes regulaciones en Estados Unidos, los votos que los accionistas hacen en la junta de gobernación de las empresas, deben ser “informadas”.

Esto es con la finalidad de que los miembros de la junta directiva tengan que ofrecer mejores explicaciones de sus actos.

Sin embargo, la ley también permite el uso de votantes proxy, es decir, de apoderados legales para que emitan ese voto por el accionista.

Debido a que una importante parte de las acciones de muchas empresas están en fondos de inversión conjunta, en lugar de “informar” sobre todos los aspectos relevantes a los miles de clientes del fondo, este opta por pagarle a una empresa, como Institutional Shareholder Services, para ser su apoderado “informado” de voto.

El problema con esto, que expone James Copland, del Centro para Política Legal del Instituto Manhattan en un blog de regulación financiera de Harvard, es que hay un pequeño monopolio en esa industria.

ISS, por sus siglas, mantiene dominio casi absoluto sobre la industria de los votos apoderados al contar con mil 700 clientes.

La estrategia

La empresa se ha vuelto politizada y por lo tanto vota a favor de medidas que no suelen ser populares entre los inversionistas.

Por ejemplo, según leyes federales, cualquier accionista con más de 2 mil dólares en acciones puede enviar una iniciativa a la junta de gobernación. En casos donde esta empresa no participa, solo el 10 por ciento de estas propuestas son aceptadas. Sin embargo, cuando ISS participa, la tasa de aceptación crece al 35 por ciento.

Esto le da a ciertos grupos una conveniente ruta para aprobar su agenda.

Los sindicatos o grupos “verdes” pueden comprar 2 mil dólares de acciones, enviar una propuesta a su favor y contratar a ISS como su representante legal.

Si ISS representa a accionistas de la empresa, queda en una posición para respaldar la iniciativa e influir en que se adopte.

No obstante, para los inversionistas, esta quizá no sea una alternativa provechosa y podría incluso costarles dinero.

Lo interesante es que ISS es una subsidiaria de MSCI, una respetada empresa dedicada a proveer servicios e índices financieros a otros corporativos y que se opone a la mayoría de las medidas que apoya su subsidiaria.

Con poco más de 100 millones de dólares en ingresos, pero con miles de inversionistas que usan sus servicios, esta empresa ha influido en las decisiones corporativas más trascendentes de los últimos años en empresas cuyo ingreso es cientos de veces mayor.

La razón, concluye Copland, es que los pequeños fondos encuentran muy difícil estar “informados” como dicta la ley, y por lo tanto, en lugar de mayor transparencia en las decisiones corporativas, sucede lo contrario.

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