Competencia amenazada en el sector energético
Las limitaciones a la operación de privados en el sector energético del país que busca establecer el gobierno de AMLO podría afectar uno de los principales elementos para el funcionamiento óptimo del mercado
María Fernanda NavarroA la agenda energética del gobierno de la Cuarta Transformación parece estorbarle un elemento: la competencia.
Especialistas y diversos organismos han insistido en que los cambios legislativos que se han establecido tanto en materia de hidrocarburos y generación de electricidad durante las últimas semanas en el Congreso de la Unión, amenazan el principio de competencia que permite un funcionamiento óptimo de los mercados.
Una de las máximas de la competencia es que incentiva a empresas, comercios, negocios o profesionistas a diversificar sus ofertas en precio y calidad, acelerar la innovación e incluso empuja la creación de empleos.
Mientras la administración de Andrés Manuel López Obrador busca limitar la participación de las empresas privadas en el mercado energético con reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, aprobadas en marzo de este año y la semana pasada respectivamente, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), legisladores de la oposición o grupos empresariales esperan revertir los cambios integrados con el argumento de que son inconstitucionales
La Cofece, por ejemplo, al presentar una acción de inconstitucionalidad a las reformas a la Ley de la Industria Energética, apunta que son contrarios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que ordenan un régimen de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad.
Las modificaciones a esta ley se enfocan en que el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas otorguen prioridad a las hidroeléctricas de la CFE, después a las centrales eléctricas de esta empresa pública, tales como la nuclear, geotérmicas, ciclos combinados y termoeléctricas, seguidas de Centrales de Ciclos Combinados de productores independientes.
Las centrales eléctricas eólicas y solares, así como las de ciclos combinados de empresas privadas, estarían en tercer y cuarto término de prioridad.
Con este cambio de reglas, el Gobierno federal pretende dar preferencia a las plantas de la CFE para que puedan comercializar la electricidad a mayor volumen e incluso poder vender más al sector industrial y agrícola que representan mayores ganancias que el suministro doméstico.
El órgano autónomo enfocado en vigilar y promover la competencia en el país afirma que estos cambios quebrantan la regla de acceso abierto y no discriminatorio a las redes de distribución y transmisión, lo que reduce la capacidad de competir de ciertos generadores y comercializadores.
Asimismo, la Cofece argumenta que la reforma a la Ley elimina el criterio de despacho económico de las centrales eléctricas, otorgando ventajas indebidas en favor de la CFE y anula la capacidad de competir de otros agentes en el eslabón de generación.
Pero la entrada en vigor de esta ley ha sido detenida con dos suspensiones definitivas hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo a cargo de Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo especializado en competencia económica.
También se pronostica que una “lluvia” de amparos podría obstaculizar la puesta en marcha de la Ley de Hidrocarburos, que establece sanciones más severas a las empresas privadas que incumplan con las disposiciones de la ley en materia de calidad y medición de los hidrocarburos o para garantizar “los intereses de la Nación”.
Las modificaciones que se aprobaron permiten suspender permisos a empresas privadas e incluso las autoridades como la Secretaría de Energía (Sener) o la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se harían cargo de la administración y operación del permisionario con el objetivo de garantizar los intereses de usuarios finales y consumidores.
Especialistas advierten que es necesario establecer acuerdos entre la inversión privada y el Gobierno federal para evitar el colapso del sector energético eléctrico en un futuro
Además a esta reforma se integró una modificación al dictamen para eliminar la facultad de la CRE para establecer regulaciones asimétricas a Petróleos Mexicanos (Pemex) en la venta de primera mano y comercialización de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos.
Las regulaciones asimétricas tienen por objetivo promover la competencia económica en estos mercados y que la posición dominante de Pemex no desincentive la entrada de nuevos competidores, por ello previo a su aprobación el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) hizo un llamado a los legisladores a no votar a favor de dicha iniciativa.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que, además de atentar contra la Constitución, dichas modificaciones amenazan a la propiedad privada y la generación de empleos.