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ECONOMÍA

Combate a empresas fantasma, sin éxito

Nayeli Meza Orozco

En 2017 los organismos con operaciones inexistentes en el país facturaron mil 400 millones de pesos. Son utilizados para incurrir en delitos como lavado de dinero y evasión fiscal


Feb 16, 2018
Lectura 6 min
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“El lavado de dinero es una actividad esencial para el crimen organizado”

- GAFI

En la lucha contra las empresas fantasma, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha quedado atrás. En México operan 6 mil 492 Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), de acuerdo una estimación del organismo realizada a finales de 2017. En promedio, estas entidades facturaron mil 400 millones de pesos a través de 224 mil 773 operaciones, equivalentes a 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

6 mil 492 EFOS (Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas) de acuerdo a una estimación del SAT

El lavado de dinero “no es investigado y procesado de manera proactiva y sistemática. En consecuencia, el número de enjuiciamientos y condenas por este delito es muy bajo. Se encontraron deficiencias significativas en la forma en que se investigan los casos de lavado de dinero”, advierte el informe ‘Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo’ elaborado por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI, por sus siglas en inglés).

El SAT ha tenido la capacidad para auditar a más de 64 mil empresas, pero sólo 16 funcionarios fueron designados para investigarlas

Asimismo, el reporte destaca que uno de los principales problemas frente al combate de las EFOS es que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley sufren de un severo problema llamado corrupción. Pero, los organismos gubernamentales no son los únicos que carecen de instrumentos para plantar cara a estos actos delictivos.

Un 34 por ciento de las empresas no cuenta con un proceso de antilavado de dinero y 26 por ciento carece de un sistema anticorrupción en su organización, de acuerdo con la última encuesta de Desarrollo Sostenible en México de KPMG México.

34% De las empresas no cuentan con un proceso de antilavado de dinero

“Una organización que permite la entrada de estas malas prácticas a sus procesos y a su personal es vulnerable a ataques económicos, se le relaciona con grupos no deseados y tiene un alto impacto reputacional y legal en algunos casos. Valdría la pena reconsiderar esta visión al interior de la empresa”, explica la firma en su publicación.

26% De las empresas carece de un sistema anticorrupción

El reporte de GAFI revela que, desde 2014, el SAT ha tenido la capacidad para auditar a más de 64 mil empresas en el país que están catalogadas de alto riesgo, pero sólo 16 funcionarios fueron asignados para investigarlas. De 2014 a la fecha se han auditado solamente a 118 compañías.

Valeria Vázquez, socia de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte México explica en un análisis que las empresas fantasma son aquellas “que simulan operaciones, y que llegan a ser utilizadas como herramienta para el desvío de recursos o la obtención de contratos sin cumplir con todos los requerimientos legales”.

La especialista pone sobre la mesa la importancia de que tanto el sector público como el privado deben caminar juntos hacia una cultura que permita erradicar las prácticas de corrupción, “conociendo bien los instrumentos de transparencia para poder aprovecharlos al máximo e implementar prácticas adecuadas”.

“Caminemos juntos hacia una cultura que permita erradicar las prácticas de corrupción”

- Valeria Vázquez,

Deloitte

Pocas incautaciones

México avanza a paso lento en la incautación de efectivo ilícito, según cifras oficiales. En 2016, autoridades mexicanas decomisaron sólo 32.5 millones de dólares, equivalentes a menos del 0.1 por ciento de los 58 mil millones de dólares en ganancias ilícitas que el gobierno calcula que son generadas anualmente por el crimen organizado.

En este sentido, el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales evidencia que en años anteriores se han realizado menos investigaciones y cuestiona la incapacidad de México para monitorear negocios clave fuera del sector financiero que son utilizados para lavar dinero, como el inmobiliario.

“Establecer una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sofisticada que se enfoque en grandes operaciones es más efectivo para combatir el lavado de dinero que basarse en los casos que surgen de operaciones de rutina policíacas o aduanales”, refiere Reuters en un análisis.

Datos del GAFI exponen que en 2016, sólo ocho por ciento de las investigaciones en México se basaron en los informes de la UIF, que funciona dentro de la estructura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esta cifra se ubicó por debajo del promedio del 15 por ciento registrado hasta 2015.

El nivel de riesgo en México sobre el lavado de capitales subió a 5.75 por ciento en 2017 (en una escala donde 0 es bajo y 10 alto), en el Índice de Blanqueo de Dinero del Basel Institute on Governance. Con esta calificación, nuestro país se ubicó en la posición 84 en un listado que contempla a 146 países de todo el mundo.

El peso de la ley

Ante la detección de un número considerable de contribuyentes que no cumplían con el pago de sus impuestos, en 2013 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, (LFPIORPI), su reglamento y su carácter general.

Con la también conocida como Ley Antilavado de Dinero se estableció que el SAT tendría la obligación de integrar y mantener actualizado el padrón de personas (físicas y morales) que realicen Actividades Vulnerables.

El 7 de febrero la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que el SAT difundiera sus listas negras de empresas fantasma

Esto dio como resultado que en 2014, Grupo Impulsor del Sur, S.A. de C.V., quien fuera el encargado de llevar la nómina a Oceanografía y haber sido acusado de falsificar cuentas por cobrar a Pemex, apareciera en la lista de negra de las empresas fantasma del SAT.

Luego de que la compañía no logró desvirtuar la presunción de operaciones inexistentes, el grupo llevó el caso al Primer Circuito y al conseguir un amparo, el siguiente paso fue llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) argumentando que los listados no respetaban la garantía de defensa.

En febrero de 2018, la SCJN avaló el procedimiento del SAT respecto de las empresas inexistentes, al determinar que se cataloga como empresa fantasma o falso contribuyente cuando se presentan facturas sin tener la infraestructura física para prestar un servicio.

A la letra, el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación no viola en derecho de seguridad jurídica de los contribuyentes. Con la validación de la Suprema Corte se fortalecieron las facultades del organismo, cuya finalidad es impulsar la recaudación y disminuir la evasión fiscal en México.


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