En México es casi una costumbre los destapes de despilfarros en contratos públicos a través de procedimientos poco transparentes e incluso bajo esquemas de influyentismo político. Sin embargo, este tipo de prácticas son comunes a nivel mundial y con la emergencia sanitaria podrían incrementarse.

Un reciente informe del Banco Mundial apunta que los gobiernos gastan 13 billones de dólares cada año en contratos públicos de bienes, servicios y obras públicas, pero hasta una cuarta parte de esa suma se desperdicia en prácticas de adquisiciones ineficientes. Esta suma representa 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global.

Bajo este contexto, el organismo internacional ha hecho un llamado para evaluar y transformar estas prácticas, sobre todo bajo el contexto de la pandemia por COVID-19 que demanda a los gobiernos mejores servicios mientras el espacio fiscal se reduce.

Tan sólo en América Latina y el Caribe, durante el 2020 las políticas fiscales emergentes de los países de la región, que en promedio ascienden a 4.5 por ciento del PIB, se han enfocado en fortalecer los sistemas de salud, apoyar los ingresos de los hogares e impulsar la capacidad productiva, con menor énfasis en políticas de reactivación económica e inversión pública. Sin embargo, estas necesidades de financiamiento y transferencias corrientes de los países han provocado un aumento en su déficit primario y deudas públicas, advierte la Cepal.

Por su parte, el Banco Mundial en su reporte A Global Procurement Partnership For Sustainable Development advierte que “detener el despilfarro” podría generar ahorros hasta por un billón de dólares al año, con el objetivo de encaminar las economías hacia “un desarrollo verde, resiliente e inclusivo”

Refiere que la contratación pública es una actividad muy compleja centrada, en gran medida, en la optimización de ahorros de tiempo y costos, sin embargo, existen otros objetivos al momento de llevar a cabo estos procesos como la promoción de la sostenibilidad ambiental, el desarrollo de industrias locales, la facilitación del comercio justo y la inclusión de grupos desfavorecidos.

Agrega que la búsqueda de la eficiencia y la economía en estos procesos ha provocado que los gobiernos se enfoquen en el proceso de contratación entendido como el acercamiento al mercado, la convocatoria de concurso a los oferentes de bienes, servicios y obras públicas, hasta la adjudicación del contrato. Sin embargo, es necesario ahora enfocarse en la planificación e implementación del contrato.

Si se consideran estos procesos de adquisición de manera integral se puede ayudar a garantizar mayor valor de los recursos que se destinan a estos contratos para los beneficiarios finales de los bienes o servicios adquiridos.

Riesgo de corrupción en contratos públicos

Mientras el reporte del Banco Mundial se enfoca en los procesos de adquisiciones gubernamentales que permitan garantizar un mayor valor de los recursos y más beneficios a los usuarios finales, además de integrar objetivos como la sostenibilidad ambiental, en el Gobierno mexicano existen evidentes riesgos de corrupción en estos procesos.

De entre las prácticas más comunes en estos procesos son el uso de procesos de excepción como adjudicaciones directas e invitaciones restringidas, mismas que incrementaron de 2017 a 2020 hasta en un 13 por ciento, de acuerdo con una investigación elaborada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El “Índice de Riesgos de Corrupción. Compras Públicas en México”, elaborado por el IMCO, señala que en el 2020 el Gobierno federal realizó adjudicaciones directas por más de 205 mil 195 millones de pesos, lo que representa 43 por ciento del monto contratado en todo el año, en tanto que las compras realizadas por el proceso de licitación pública alcanzaron el 40 por ciento.

Además, estos procesos son poco transparentes toda vez que la publicación de contratos de las compras públicas era tardía y en el caso del 55 por ciento de los contratos del 2020 los procesos de compra se registraron una vez que el contrato había sido iniciado.

Otro de los hallazgos de la investigación del IMCO, publicada en agosto de 2021, fue que entre 2018 y 2020 el Gobierno federal adjudicó más de cuatro mil millones de pesos a empresas de reciente creación, es decir, que fueron constituidas menos de un año antes de recibir un contrato. Además, contrató a empresas con inexistencia de operaciones, de acuerdo con el listado del SAT, por más de 256 millones de pesos.

Bajo este panorama, el IMCO advierte que las compras públicas del Gobierno federal presentan fallas de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley.

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