Atrapados en la desaceleración

08 de Nov, 2017

“Los economistas verdaderos no hablan de competitividad”

Más allá de la aprobación e implementación de las reformas estructurales, la política económica de la administración de Enrique Peña Nieto se ha caracterizado por la continuidad de un modelo de desarrollo que ha privilegiado la estabilidad macroeconómica por encima de cualquier otra prioridad.

El gabinete económico, liderado primero por Luis Videgaray y después por José Antonio Meade, se ha encontrado permanentemente a la defensiva desde que inició el colapso de los precios del petróleo a mediados del 2014.

A partir del 30 de enero del 2015, cuando Luis Videgaray anunció que se recortarían 124.3 mil millones de pesos al presupuesto federal, la austeridad se ha vuelto una característica inherente de la política fiscal mexicana. Esto, aunado a una política monetaria profundamente restrictiva, ha minado la expectativa inicial del gobierno, forjada al calor del denominado Mexican Moment, de que el país podría crecer a tasas anuales de 5 por ciento para el cierre del sexenio.

Entre el 2013 y el 2017, la economía mexicana ha crecido a una tasa anual promedio de 2.1 por ciento, un nivel mediocre para el estándar de economías emergentes de tamaño similar. Esto tiene una explicación parcial: a pesar de que la medida más amplia de deuda pública se ha incrementado de 36.6 por ciento del PIB a 48 por ciento del PIB en este periodo, la inversión pública ha seguido una marcada tendencia a la baja en los últimos años. El presupuesto del 2017 contempló  la inversión pública más baja como proporción del PIB desde la presidencia de Lázaro Cárdenas en la década de los 30.

La minuta de la más reciente reunión de política monetaria de la Junta de Gobierno del Banco de México refiere que el balance de riesgos de la actividad económica se ha deteriorado

Factor 2018

La Secretaría de Hacienda se ha apegado estrictamente al discurso que plantea que el principal objetivo fiscal de corto plazo es volver al superávit fiscal primario. Recientemente, José Antonio Meade incluso declaró que se había tenido que sacrificar el crecimiento para poder reducir el alto nivel de endeudamiento público.

Sin embargo, las elecciones presidenciales podrían significar un cambio en los incentivos del gobierno, particularmente en los del secretario de Hacienda, quien es referido por la prensa nacional como una de las figuras con mayores probabilidades de afianzar la candidatura del PRI.

Se espera ampliamente que el proceso electoral de 2018 sea una competición cerrada, marcada por un clima de polarización. El consenso de analistas considera que, en este contexto, el desempeño de la política económica de la administración de Peña Nieto jugará un rol relevante en el debate público y en las campañas políticas de los oponentes del PRI.

El presidente Peña tiene frente a sí dos decisiones fundamentales para el futuro inmediato de la economía mexicana: la designación del candidato presidencial del PRI y la nominación del gobernador del Banco de México

Crecimiento en deterioro

La minuta de la más reciente reunión de política monetaria de la Junta de Gobierno de Banco de México refiere que el balance de riesgos de la actividad económica se ha deteriorado. La coyuntura así lo sugiere: la estimación oportuna del PIB al tercer trimestre que dio a conocer el INEGI la semana pasada muestra una caída trimestral de 0.2 por ciento y el IGAE para septiembre registró una reducción desestacionalizada mensual de 0.5 por ciento.

Se ha documentado que el gasto público tiende a incrementarse durante los periodos electorales. Asimismo, Banco de México ha señalado que el proceso electoral tiene un efecto temporal sobre la demanda de dinero. Integralia, una firma de consultoría política, estima que el flujo de efectivo aumentó en más de 37 mil millones de pesos entre febrero y junio del 2012, periodo en el que se celebraron las últimas campañas presidenciales. Se trata de un crecimiento de 5 por ciento del M1, la medición que utiliza Banco de México para el flujo de billetes y monedas en circulación en poder del público. Integralia expresa que este comportamiento representa un aumento desproporcionado que sale de los patrones normales de la demanda de dinero.

No obstante, a diferencia de lo que ocurrió en 2012, en 2006, en el 2000 e incluso en 1994; el mantenimiento del perfil de riesgo del país  está condicionado a que la política económica mexicana se apegue a su sesgo restrictivo. México se enfrenta a un entorno adverso que se conjuga con un sistema de controles de capital laxo en el que el tipo de cambio se ha convertido en una válvula de ajuste altamente reactiva.

En ese sentido, en un contexto en el que las finanzas públicas aún no han logrado consolidarse y a que el dato más reciente de inflación anualizada es de 6.30 por ciento, cualquier cambio en el sentimiento del mercado podría derivar en una crisis de confianza que exacerbe los riesgos que ya contemplan las valuaciones de los activos mexicanos: la incertidumbre que rodea al futuro del TLCAN, el posible efecto disruptivo de la reforma fiscal de Estados Unidos y el propio riesgo político inherente al proceso electoral. La incertidumbre política fue nombrada como el principal obstáculo para el crecimiento en la última encuesta de expectativas en la que Banco de México consulta a especialistas en economía del sector privado.

El presidente Enrique Peña Nieto tiene frente a sí dos decisiones fundamentales para el futuro inmediato de la economía mexicana: la designación del candidato presidencial del PRI y la nominación del gobernador de Banco de México que sustituirá a Agustín Carstens.

Ambas decisiones determinarán si su administración se apegará a los principios de responsabilidad macroeconómica que han regido la política económica de este sexenio o si se propiciará un cambio en los incentivos que eventualmente lleve al gobierno a abandonar su postura defensiva.

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