Analistas responden si es posible romper con el pacto fiscal

El sistema que permite una coordinación fiscal en el país vuelve a ser foco de críticas ante la presunta desigualdad que genera entre los recursos que entregan algunos estados y lo que reciben para cumplir con sus obligaciones económicas; sin embargo, ante la ausencia de un plan alterno, “romper el pacto” podría perjudicar más que beneficiar.

El pacto fiscal es el acuerdo que tiene el gobierno federal con las entidades federativas y los municipios del país sobre el cobro de impuestos. De acuerdo con la ley, el gobierno federal es el encargado de la recaudación y, a su vez, quien reparte estos ingresos a las entidades del país.

La polémica más reciente ha sido la que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, al buscar lo que él considera “un trato justo” dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, lo que incluso implicaría el abandono del acuerdo.

No obstante, sin una alternativa recaudatoria estructurada y un mayor compromiso en términos de transparencia de gasto no es posible “romper el pacto”, consideró en entrevista para Reporte Índigo José Luis Clavellina, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

“Sin la fortaleza institucional que se requiere para hacerlo (romper el pacto fiscal) no sería viable, aunque es una de las formas en que las entidades para presionar al Gobierno federal para obtener mayores recursos”, dijo al respecto.

Por su parte, Rodolfo Servin, vicepresidente de relaciones y difusión del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), explicó a este medio que Jalisco sí podría salirse del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal debido a que es voluntario, pero tendría que buscar alternativas para financiar su presupuesto.

“Cuando una entidad federativa decida retirarse basta con que lo haga solicitando a su congreso que lo apruebe (…) En Jalisco ya se presentó la solicitud de desincorporación al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal”, puntualizó.

El integrante del IMCP destacó que en 2024, Jalisco aprobó ingresos por 167 mil 116 millones de pesos. Del total, 138 mil 609 millones de pesos provienen de las participaciones federales del Sistema de Coordinación Fiscal.

Visibilizar la demanda de más recursos para las entidades

Aunque la propuesta de replantear la relación fiscal que una entidad tiene con el Gobierno federal resulta inviable, no implica que el planteamiento no genere acción alguna, ya que el director de investigación del CIEP consideró que  es una forma de visibilizar la necesidad de más recursos económicos.

“Estos reclamos van a seguir ocurriendo porque no son nuevos, han ocurrido en el pasado y seguirán dándose, básicamente porque hace mucho que no se modifica la Ley de Coordinación Fiscal; hay que revisar si las potestades actuales entre los tres órdenes de gobierno se pueden mantener vigentes o hay que realizar algún cambio”, sostuvo Clavellina.

Al respecto, la postura de Samuel García, gobernador de Nuevo León,  Miguel Ángel Riquelme, exdirigente de Coahuila y de Silvano Aureoles cuando administraba Michoacán  han sido ejemplos ilustrativos al respecto.

Debe de haber una reflexión sobre el estado actual del pacto

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal se establece que el Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20 por ciento de la recaudación federal. Sin embargo, amerita una revisión, de acuerdo con los especialistas consultados.

Servin alertó que “los estados más pobres siguen teniendo las mismas carencias o más, se tienen que generar condiciones para que los estados más vulnerables tengan condiciones de crecimiento y no se recarguen en los estados más competitivos”.

Mientras que Clavellina consideró que para lograr una mayor recaudación tributaria, las entidades deben mejorar la forma en que obtienen sus recursos económicos, pero también revisar la forma en la que gastan, además de analizar la posibilidad de  estudiar la posibilidad de cobrar más impuestos, aunque eso resulte antipopular.

Además, la necesaria revisión del pacto fiscal también plantea la oportunidad de impulsar una reforma fiscal que permita dotar de más recursos económicos no solo a las entidades federativas, sino a todos los niveles de gobierno, como han sugerido organizaciones de la sociedad civil, especialistas y legisladores.