El Tribunal Disciplinario Mundial de Atletismo impuso un nuevo duro golpe a la marchista mexicana Guadalupe González, subcampeona olímpica en Río 2016, al sancionarla cuatro años más por haber cometido “una violación de las reglas antidopaje” y manipulación de pruebas.
Con este fallo, la carrera de la deportista está prácticamente está concluida, pues retomaría su carrera a los 37 años.
Y es que Lupita, de 32 años, quien ya tiene una sanción de cuatro años por uso de sustancias prohibidas deberá cumplir este castigo del 16 de noviembre de 2022 y concluirá el 15 de noviembre de 2026.
The Disciplinary Tribunal has imposed an additional ban of 4 years on race walker Maria Guadalupe Gonzalez Romero (MEX) for Tampering with Doping Control, a second violation of @WorldAthletics Anti-Doping Rules.
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González interpuso un recurso de apelación el 7 de julio de 2019 ante el Tribunal Arbitral del Deporte contra la primera decisión del castigo de cuatro años que se le aplicó por dopaje en 2018.
Sin embargo, “el Tribunal Disciplinario, integrado por Lucas Ferrer como árbitro único, determinó que la Sra. González Romero ha cometido una violación de las Reglas Antidopaje de conformidad con el Artículo 2.5 del ADR, y como resultado se impone un período de suspensión de cuatro (4) años que deberá correr consecutivamente al período de inelegibilidad ya impuesto al atleta hasta el 15 de noviembre de 2022 por la violación de los Artículos 2.1 y 2.2 del ADR”.
En el comunicado se agregó que “el período de inelegibilidad de 4 años por la violación del Artículo 2.5 del ADR comenzará el 16 de noviembre de 2022 y expirará el 15 de noviembre de 2026”, señala el texto.
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La mexicana, quien ganó la plata en la prueba de 20 kilómetros en Río 2016, había sido sancionada por dar positivo a trembolona, en un control antidopaje. González alegó que fue por ingesta de alimentos contaminados, específicamente al consumir tacos.
Pero ante las inconsistencias de su defensa y a una serie de irregularidades cometidas por ella (mintió en su declaración, según dijo, asesorada por los abogados recomendados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte), tuvo que acudir con juristas colombianos en derecho deportivo para apelar ante la máxima instancia.
