Empresas Globales están comprometidas con socios, accionistas, clientes, proveedores, colaboradores y sociedad en general. Foto: Dremstime

Deterioro de certidumbre jurídica pone en riesgo la llegada de inversiones a México: CEG

Tras la toma de las instalaciones de Ferrosur, el Consejo de Empresas Globales advirtió que este tipo de acciones afecta la reputación del país ante el mundo

En un contexto global en el que México podría ser el receptor de dos a cuatro millones de empleos formales y cerca de 30 mil millones de dólares derivados del fenómeno de relocalización conocido como nearshoring, el Consejo de Empresas Globales (CEG) en México ve con preocupación el creciente deterioro de la certidumbre jurídica necesaria para que esas y otras inversiones lleguen al país.

De acuerdo con el organismo empresarial, los hechos ocurridos en las instalaciones de Ferrosur, propiedad de Grupo México el pasado viernes 19 de mayo de 2023, derivados del Decreto presidencial que declara de utilidad pública algunas actividades ferroviarias concesionadas al sector privado en la zona del Istmo, representan un grave riesgo para la imagen del país en el corto y largo plazo.

“Un hecho como este envía un mensaje equivocado porque pone en duda el respeto a las garantías constitucionales y a los marcos jurídicos que protegen la inversión. Es crucial que todo gobierno se ajuste a la ley y evite tomar acciones que puedan ser percibidas como arbitrarias. Las empresas internacionales tienen responsabilidades fiduciarias ante distintos públicos. No solo están comprometidas con sus socios y accionistas, sino también con sus clientes, socios comerciales, proveedores, colaboradores y sociedad en general”, destacó el CEG en un comunicado.

Ante este panorama, las Empresas Globales precisaron que para generar confianza y promover la inversión es fundamental que el Estado brinde un entorno estable y predecible, en el cual todas las empresas puedan operar de manera segura y cumplir con sus obligaciones. Por ello, exhortaron al Gobierno de México a ser consciente de las consecuencias que pueden tener decisiones que vulneren el Estado de derecho, la confianza de los inversionistas y la reputación del país en el mundo.