El asesinato de los activistas indígenas y defensores de las comunidades wixaritari al Norte de Jalisco, Miguel y Agustín Vázquez Torres, suma voces en el estado que exigen el esclarecimiento inmediato de los hechos, y un fin con justicia por parte de la Fiscalía General local.

El sábado pasado por la noche un grupo delictivo acudió al municipio de Tuxpan de Bolaños donde tiroteó primero a Agustín, quien fue llevado a un hospital para su atención, aunque ahí pereció. A Miguel lo asesinaron cuando salía de visitar a su hermano en el nosocomio.

Las tiendas que operan al interior del sistema penitenciario de Jalisco y que, según las autoridades, se volvieron un mecanismo de financiamiento del crimen organizado en el estado, están lejos de retornar a la rectoría plena del Gobierno estatal.

Aunque el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez ha afirmado que estas tiendas fueron entregadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el gobierno de Emilio González Márquez, particularmente las de Puente Grande, informes oficiales revelan que aún hoy se mantiene en todas a los encargados que designó el sexenio panista.

Las metanfetaminas que se siguen sintetizando a gran escala en Jalisco ya no tienen como destinatarios únicos a los consumidores locales y estadounidenses, ahora la producción del estado se está enviando también hasta la región Asia-Pacífico, y en concreto, a China.

Justo en estos momentos que se le recomienda a México diversificar su mercado de exportaciones y mirar a China para aminorar su dependencia con Estados Unidos, hay indicios claros de que las organizaciones delictivas como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hace tiempo que llevaron a la práctica esa idea.

Las obras de la Línea 3 del Tren Ligero en Guadalajara contemplaron una bolsa de 405 millones de pesos, que no ha sido publicitada por las autoridades, pero que tiene el fin expreso de financiar la reparación de todos los daños causados al patrimonio histórico de la ciudad. 

El sistema penitenciario de Jalisco, con todo lo vulnerado y sometido por la delincuencia que se ha mostrado a últimas fechas, aloja a 839 miembros de grandes cárteles de la droga y otros grupos criminales, inclusive en sus centros regionales aún más débiles que Puente Grande.