El contrabando técnico en la importación de bebidas alcohólicas, bajo el esquema de facturas subvaluadas, le cuesta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) alrededor de 6 mil millones de pesos.

José de Luca, presidente de la Asociación de Importadores y Representante de Alimentos y Bebidas (Airabac), explicó que el estudio realizado por la empresa Euromonitor, reveló el quebranto millonario que este mercado negro le genera al fisco.

Evadir impuestos en la importación de bebidas alcohólicas resulta una tarea sorprendentemente fácil en México.

Empresas nacionales importadoras y distribuidoras de vinos y licores utilizarían un contrabando técnico, que termina por “marear” al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Son al menos cinco compañías que operan en Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco.

Dos de ellas son Distribuidora de Vinos y Licores Álamo S.A. de C.V. y Coproimports S.A. de C.V.,  así como las tiendas Five Liquor Store, todas ellas con dirección en Nuevo León.

La figura de “testigo protegido” surgió en 1970 en los Estados Unidos, y México la adoptó en la segunda mitad de la década de los 90, sin embargo, las reglas de operación distan mucho entre uno y otro país.

En Estados Unidos, el informante protegido no actúa en el anonimato, mientras que México sí se mantiene en secreto su identidad durante todo el proceso, bajo el argumento de proteger su seguridad.

César Martínez Garza, abogado en derecho penal, explicó que esto flagela el respeto a la presunción de inocencia.

El anonimato del “testigo protegido” choca de frente con la esencia del Sistema Penal Acusatorio nacional que se comenzó a implementar en el país a partir del 19 de junio del 2008.

Este sistema de justicia -también llamado Juicio Oral- se caracteriza precisamente por desahogar la etapa central del procedimiento de viva voz ante un juez o tribunal que entiende del litigio.

La empresa Pavimentaciones, Caminos y Compactaciones S.A. de C.V. (Paccsa) solicitó ayer a la Comisión Reguladora de Energía la revocación del permiso de distribución concedido a Gas Natural México.

Los representantes legales de Paccsa fundamentan en la solicitud que la empresa de hidrocarburos española no cumple en su totalidad con lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos.

Así como incumple la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.