La Ley Electoral del Estado, aprobada por los legisladores del PRI y PAN del Congreso local, está diseñada para que los actuales alcaldes que busquen la reelección, lo hagan desviando recursos, equipo y personal de seguridad para las campañas.

Este decreto, publicado el pasado lunes y que los diputados aseguran que estará vigente para el próximo año electoral, descarta que sea un desvío de recursos el uso de personal, vehículos, equipo y elementos de seguridad pública por parte de los ediles en campaña.

La publicación de la nueva Ley Estatal Electoral, por parte del Ejecutivo, no terminó con la incertidumbre que existe sobre la norma que regulará las elecciones del próximo año en Nuevo León, sino provocó más confusión y caos al escenario político.

Mientras el Gobierno independiente asegura que esta Ley entrará en vigor hasta el 2021, los diputados del Congreso local reiteran que tiene vigencia para las próximas elecciones del 2018.

El Gobierno del Estado prepara una ofensiva legal para combatir la orden del Tribunal Estatal Electoral de publicar la reforma en la materia, una estrategia que incluye una denuncia penal en contra de los magistrados electorales del TEE.

La denuncia se estaría presentando hoy en la Procuraduría del Estado en contra de los magistrados por abuso de autoridad.

El secretario de Gobierno, Manuel González, advirtió que los diputados se llevarán una sorpresa por las acciones legales que se interpondrán en contra del TEE.

La detective de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Brenda Lizeth Fernández Perales, imputada por los delitos de secuestro y extorsión, habría formado parte del anillo de seguridad de la familia del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Brenda Lizeth, apodada como “La Galleta”, estuvo comisionada como escolta de la familia del mandatario tamaulipeco, donde tenía como principal función cuidar de sus hijos y esposa en Nuevo León.

A un año de las elecciones, las reglas están sumergidas en un espiral lleno de incertidumbre por la aprobación de la Ley Estatal Electoral recién reformada por los diputados del Congreso local.

Hoy en día no existe una certeza jurídica de cuáles serían los estatutos que se aplicarán en las próximas elecciones de 2018. Si sería bajo las reglas electorales aplicadas en 2015, o bien, con las nuevas reformas de esta nueva norma.