El PAN denunció ante el Instituto Nacional Electoral al delegado federal de la Sedesol, Pablo Elizondo, por desviar recursos de programas oficiales para favorecer a su partido, el PRI.

La querella fue presentada ayer por el presidente estatal de Acción Nacional, José Alfredo Pérez Bernal, y diputados federales albiazules, en las oficinas de la Junta Local de la institución, en Monterrey.

Un nexo confirma que los lazos familiares y de negocios pesan mucho en el otorgamiento de permisos urbanísticos en San Pedro, municipio sumido en un vertiginoso crecimiento.

Es el vínculo compartido entre el exsecretario municipal de Control Urbano, Aldo Decanini, y el abogado panista Rubén Salinas Torres, quien representó legalmente al exfuncionario en su proceso de inhabilitación del servicio público.

La exdirectora de Control Urbano de San Pedro, Imelda Patricia Chapa Garza, utilizó su posición para otorgar permisos irregulares a un complejo de usos mixtos, donde ahora se ubican las oficinas de su despacho de arquitectos.

Una autorización que también incluyó la aprobación de una veterinaria y una casa unifamiliar en un predio de tan sólo 355 metros cuadrados.

Arrecia una guerra por el control de los tres primeros distritos electorales del estado ubicados en Monterrey, donde el Gobierno toca las puertas de los electores con su programa PASO.

La incidencia en estas demarcaciones, localizadas al poniente y norponiente de la capital regia, es prioritaria para el tricolor debido al peso electoral y a la importancia estratégica en la geografía política de la ciudad.

En estos territorios se concentró casi la mitad de los votos emitidos en toda la capital durante las elecciones a diputados locales en 2012.

Un grupo de ciudadanos en Durango y Coahuila buscan su propia soberanía política y económica.

El proyecto para establecer el Estado de La Laguna (ELLA) es impulsado por una docena de capitanes de la industria en esta región, que en la última década ha padecido el embate de la inseguridad y una parálisis en su desarrollo.

Los empresarios que promueven la nueva entidad demandan al Gobierno de la República el reconocimiento de esta zona y las aportaciones federales que le corresponden, dado su peso en la balanza de la economía nacional.