La detención y posterior liberación de líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por parte de las autoridades, ha sido una constante en el conflicto que mantiene el magisterio con el Estado.


Ya sea por delitos como robo, enriquecimiento ilícito o lavado de dinero, el camino de los líderes disidentes, primero hacia la prisión y luego haciendo el mismo camino de vuelta a las calles, siembra la sospecha del uso político de las instancias de procuración e impartición de justicia.



Así como el narcotráfico, la guerrilla, las alzas en los delitos del fuero común y el tránsito de terroristas, la disidencia magisterial en México es un tema de seguridad nacional.

Los grupos del sector laboral que exigen revisiones salariales son parte de la Agenda Institucional de Riesgos (AIR) de la inteligencia oficial mexicana, pues podrían dañar la gobernabilidad democrática del país.

La protesta social suele llevar a escenarios en que las cosas se salen de control y surgen crisis políticas, el caso Nochixtlán.

Millonarias pérdidas económicas ha comenzado a denunciar el sector empresarial del país, frente a la movilización que realiza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Los estados más afectados por la protesta contra la Reforma Educativa son Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, en donde se estiman afectaciones diarias por más de 100 millones de pesos.