Víctimas del Estado
La autoridad estatal tiene un historial de violaciones de Derechos Humanos preocupante.
Y no solo eso, también existen varios casos que indican que las autoridades de seguridad fabrican expedientes o filtran información confidencial.
Porque hay personas sin antecedentes penales sobre quienes se filtró información sobre fichajes de los que posteriormente no resultaron culpables.
Paloma Robles
La autoridad estatal tiene un historial de violaciones de Derechos Humanos preocupante.
Y no solo eso, también existen varios casos que indican que las autoridades de seguridad fabrican expedientes o filtran información confidencial.
Porque hay personas sin antecedentes penales sobre quienes se filtró información sobre fichajes de los que posteriormente no resultaron culpables.
Como es el caso de Nicolás Segura Salas, funcionario de Tlaquepaque y académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), que en entrevista para Reporte Indigo muestra documentación que prueba su inocencia.
Y es que al parecer en estas elecciones todo se vale.
Porque no solo Segura Salas no cometió los crímenes que se le atribuyen, sino además fue inculpado y vejado por la autoridad estatal.
La información del candidato del PAN al gobierno de Jalisco Fernando Guzmán Pérez Peláez, publicada por varios medios, sobre la vinculación de ex funcionarios priistas con crímenes, parece ser parte de una maquinaria de Estado contra su rival Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
De hecho estos datos se replicaron en el tema Priistas millonarios y peligrosos de la edición del pasado 22 de mayo en Reporte Indigo, una edición que se copió para distribuir por miles los números apócrifos en las calles del poniente de Guadalajara.
“El señor Fernando Guzmán me está utilizando con tintes electorales, de un delito que nunca cometí, qué fue una violación por parte de su gobierno”, señala Segura Salas sobre su caso.
Para el jefe de departamento de Bienes Inmuebles del municipio priista, su detención y posterior criminalización como narcomenudista, es parte de una estrategia del Estado por su incompetencia para capturar a los verdaderos criminales.
“Yo fui el chivo expiatorio, con lo que siempre tratan de justificar sus acciones estas personas, porque mataron una persona por la espalda cuando me tenían detenido”.
Los hechos ocurrieron en 2008 en el barrio de Analco, y hasta la fecha Segura Salas no sabe si los policías estatales del grupo Sigma que actuaron en aquel operativo donde fue acusado de narcomenudista fueron consignados por las autoridades.
Lo único que supo es que uno de ellos fue aprendido tras el asesinato de Andrés Basulto Pulido, quien fue señalado como cómplice del académico de la UdeG.
“Les puse una denuncia penal que de manera inexplicable –según por instrucciones del entonces secretario Fernando Guzmán– desapareció”.
Abuso de autoridad y tortura en Jalisco
De acuerdo con cifras del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), existen más de mil casos documentados de tortura en la impunidad que ninguna autoridad ha investigado.
Solo en 2011 La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió cinco recomendaciones por tortura. Y en 2010 hay otras cuatro.
Las cifras contrastan con las declaraciones que ha emitido en repetidas ocasiones el procurador del Estado Tomás Coronado Olmos.
En 2009 fueron 20 el número de recomendaciones de tortura, privación ilegal de la vida, detenciones ilegales y allanamiento que emitió la CEDHJ.
De hecho, el Cepad publicó un estudio en donde analiza el delito de tortura en el estado de Jalisco, ahí se pone de manifiesto que la PGJEJ es la institución más reincidente en el tema.
En el periodo comprendido de 2000 a 2009 se tramitaron 803 quejas por tortura en contra de la Procuraduría del Estado.
Pero la legislación que previene y sanciona la tortura data de hace casi 20 años y en realidad no está del todo homologada con los estándares internacionales en la materia.
El Artículo 46 de dicha ley refiere que se comete tortura cuando el servidor público inflije a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con fines de investigación de hechos delictivos o infracciones.
Para obtener información o confesión del torturado o de un tercero, como medio intimidatorio, como castigo por una acción y omisión en que haya incurrido o se sospeche que incurrió o la coaccione para que realice o deje de realizar una conducta determinada.
El caso de Nicolás Segura Salas es sólo uno más en la lista de delitos contra ciudadanos cometidos por la autoridad. Lista a que la que siguen acumulándose más víctimas.
A principios del año 2012, se dio a conocer la lamentable muerte de José de Jesús Dávila López, padre de un reo que se fugó del penal.
De acuerdo con la versión de sus familiares, Dávila López murió en manos de la Policía del Estado y la procuraduría tras haber sido torturado por personal de ambas instancias que buscaban el paradero de los prófugos.
En los mismos hechos otra hija del fallecido también fue detenida ilegalmente.
