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FUERZASARMADAS

Por una seguridad sin guerra

Imelda García

La sociedad civil quiere participar en la discusión de la Ley de Seguridad Interior.

Aseguran que México puede estar por dar un paso peligroso hacia la conformación de un régimen militar y al uso del Ejército “a discreción”, contra la población civil.

Mediante el colectivo Seguridad sin Guerra, más de 140 activistas, académicos, artistas y organizaciones de la sociedad civil pidieron a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados una audiencia para exponer su punto de vista sobre la polémica Ley de Seguridad Interior.


Mar 26, 2017
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La propuesta es que inicie un plan para que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles y se forme a policías civiles para combatir a los criminales

“Ellos (Ejército) no están capacitados en labores de investigación, no están capacitados en labores de patrullaje civil”

- Lisa Sánchez,

Organización México Unido Contra la Delincuencia

La sociedad civil quiere participar en la discusión de la Ley de Seguridad Interior.

Aseguran que México puede estar por dar un paso peligroso hacia la conformación de un régimen militar y al uso del Ejército “a discreción”, contra la población civil.

Mediante el colectivo Seguridad sin Guerra, más de 140 activistas, académicos, artistas y organizaciones de la sociedad civil pidieron a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados una audiencia para exponer su punto de vista sobre la polémica Ley de Seguridad Interior.

Quieren exponer a los congresistas lo que consideran necesario y urgente: el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles.

A través de redes sociales, #SeguridadSinGuerra ha iniciado una campaña de reflexión sobre cómo ha empeorado la situación de los derechos humanos en el país desde hace una década por la presencia de los militares en el combate al crimen organizado.

“Detengamos la militarización. Formemos policías”, dice la campaña del colectivo.

La propuesta de este grupo es que se comience un plan para que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles y se forme a policías civiles para combatir a los criminales.

La crisis de derechos humanos

Cynthia Salazar Castillo es una mujer que iba con su familia –su esposo, hijos y hermanos- a Playa Matamoros. En la carretera encontraron un retén militar; no les marcaron el alto, pero a los pocos metros que avanzaron, los militares comenzaron a dispararles.

“Casi la mayoría de mis hijos iban atrás, en el maletero. Desafortunadamente en ese accidente fallecieron mis dos niños. A mi hijo, el de 10 años, a él me le dieron un balazo aquí atrás (en la parte baja de la espalda). Al de 5 años, él falleció en mis brazos.

“Yo quise ir a rescatar a mi hijo, el que había quedado atrás en la cajuela. Cuando quise ir, ellos me aventaron un… no sabría decirle qué fue lo que me tronó a mí, que de hecho yo me llené de esquirlas, en la cabeza, aquí (señala el brazo), en todo el cuerpo. Yo, del miedo, mejor corrí y dejé a mi hijo ahí”, narra en un video, parte de la campaña.

Como Cynthia, miles de personas han sufrido algún daño causado por miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran realizando tareas de seguridad pública en varios estados del país.

El colectivo Seguridad sin Guerra afirma que desde que comenzó la llamada guerra contra el narcotráfico, en diciembre del 2006, han fallecido más de 166 mil personas.

“Eso es más de la mitad de todos los colombianos que murieron a lo largo de 54 años de guerra civil

“Antes de la militarización de la seguridad pública, una de cada 30 de las personas detenidas por el Ejército reportaba haber sido sometido a toques eléctricos. A partir de la militarización, ese número subió a uno de cada tres”, dice Alejandro Madrazo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Además del aumento en las violaciones a derechos humanos, otro de los síntomas de la falta de éxito de esta estrategia de combate al crimen organizado es el crecimiento de los grupos delincuenciales en el país.

 “En México, por una persona que muere por uso de drogas, 12 personas mueren por la guerra contra las drogas. No nos están matando las drogas, nos están matando las balas”, sentencia Pedro Reyes, artista plástico y participante de esta campaña.

El colectivo refiere que el propio Ejército mexicano ha expresado que actúan en un ambiente que no les corresponde, y que ellos mismos consideran que no son la institución adecuada para combatir la violencia.

“Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Nuestra idea, nuestra profesión, es otra y se está desnaturalizando”, citan a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional.

“Ellos no están capacitados en labores de investigación, no están capacitados en labores de patrullaje civil”, sostiene Lisa Sánchez, directora de programa en la organización México Unido Contra la Delincuencia.

Círculo de violencia

El colectivo Seguridad sin Guerra expone estas cifras en su llamado a regresar a los militares a los cuarteles:

>> 166,000

Personas han muerto desde  que comenzó la llamada guerra contra  el narcotráfico

>> 1

Detenido por cada 30 decía haber sido sometido a toques eléctricos por el Ejército

>> 1

Detenido de cada tres dice sufrir esa tortura a partir de la militarización de la seguridad

>> 8

Grupos de la delincuencia organizada reconocidos hace una década

>> 200

Grupos criminales de los que ahora se tienen registro

Tarea de autoridades civiles

Los participantes del colectivo Seguridad sin Guerra apuestan a que una posible solución a la crisis que vive el país por la militarización de la seguridad pública es formar policías civiles capaces de enfrentar el reto.

“México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia y, antes de una Ley de Seguridad Interior, se requiere construir Policías confiables y capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles”, afirman.

La Ley de Seguridad Interior, por ende, debe apostar por el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas, que debe acompañarse con la reglamentación del artículo 29 constitucional –para la suspensión de garantías-, pero siempre que haya controles legislativos y judiciales, así como temporalidades definidas e improrrogables.

De esta manera, se obligaría a los gobiernos locales a formar a sus policías en el tiempo establecido.

“La propuesta de crear una Ley de Seguridad Interior a fin de regularizar la intervención militar en tareas de seguridad pública y de procuración de justicia no es la solución a estos problemas, pues la evidencia demuestra que el despliegue militar no ha reducido la violencia y sí, en cambio, ha desgastado a las fuerzas armadas”, afirma la campaña.

El colectivo Seguridad sin Guerra envió una carta a Francisco Martínez Neri, diputado del PRD y presidente de la Junta de Coordinación Política, para poder exponer su punto de vista sobre la discusión de la Ley de Seguridad Interior.

Hasta el momento no han tenido respuesta por parte de la Cámara de Diputados sobre si serán recibidos.


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