Citan a funcionario por rentas ‘al vuelo’
El Órgano Interno de la SCT ya citó al funcionario que compró taxis aéreos a 6 millones de pesos por dos meses sin consultar precios ni hacer una licitación pública.
El Órgano llamó a comparecer a Carlos Fernando Garmendia Tovar, quien se desempeñara como director general de Recursos Materiales de la SCT y ahora es gerente de Adquisiciones de Banobras, de acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
Indigo Staff6.3
La empresa Eolo Plus SA de CV fue contratada para realizar durante dos meses vuelos privados para funcionarios de primer nivel de la SCT
El Órgano Interno de la SCT ya citó al funcionario que compró taxis aéreos a 6 millones de pesos por dos meses sin consultar precios ni hacer una licitación pública.
El Órgano llamó a comparecer a Carlos Fernando Garmendia Tovar, quien se desempeñara como director general de Recursos Materiales de la SCT y ahora es gerente de Adquisiciones de Banobras, de acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
El horario para la comparecencia para la investigación por su probable responsabilidad administrativa, de acuerdo con un citatorio en poder de Reporte Indigo, se giró para las 12:00 horas del miércoles 5 de abril de 2017.
Este diario publicó el 9 de marzo pasado que la SFP buscaba la reapertura del proceso de investigación por la supuesta asignación de un contrato ilegal para rentar taxis aéreos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La empresa Eolo Plus SA de CV fue contratada para realizar durante dos meses vuelos privados para funcionarios de primer nivel de la SCT. Entre los viajes, destacan seis días de servicios para la oficina del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
Además, se documentaron 20 días de servicios para la Subsecretaría de Infraestructura (3.8 millones), tres para la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (593 mil pesos), tres para la Coordinación General de los Centros SCT (446 mil pesos) y un día para la Oficialía Mayor (175 mil pesos).
En total, se utilizaron 33 días de servicio en estos dos meses.
El monto del contrato adjudicado de manera directa es muy superior a lo que exige la ley para no realizar licitación pública -20 mil 187 pesos-, pues llegó hasta los 6 millones 313 mil pesos, ya con el IVA incluido.
“Si el monto de los servicios de transportación aérea no comercial no regular en su modalidad de taxi aéreo contratado por hora de vuelo era superior a las 300 veces el salario mínimo general diario vigente en el entonces Distrito Federal -y que de hecho fue así, pues tuvieron un costo total de seis millones 313 mil 244 pesos-, a la fecha que fueron solicitados y prestados dichos servicios debió existir un contrato previo, lo cual no aconteció”, indica el citatorio.
El contrato fue signado por parte de la SCT por José Francisco Santiago Hidalgo y Gómez, director general adjunto de Seguridad y Servicios Aéreos de la Oficialía Mayor de la dependencia, quien actualmente se mantiene en el cargo y a quien se le señala por carecer de “atribución legal expresa” para solicitar el servicio de la empresa Eolo Plus SA de CV.
El citatorio indica que se investigará si la actuación de Carlos Fernando Garmendia Tovar en el trámite de este contrato por más de 6 millones de pesos para un servicio de dos meses de vuelos “causó la deficiencia del servicio encomendado, pues suscribió el contrato de prestación de servicios ADN-712-DGRM-01/2014-79, fechado el uno de abril de 2014, formalización que fue llevada a cabo en fecha posterior a la prestación de los servicios de transportación aérea comercial no regular en su modalidad de taxi aéreo contratado por hora de vuelo”.
Garmendia Tovar es investigado por haber otorgado un contrato que presuntamente violó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Administrativa y su Reglamento, además de otras disposiciones.
En la contratación del servicio de transportación de taxi aéreo con la empresa Eolo Plus SA de CV, por un monto de cinco millones 442 mil pesos durante dos meses de 2014 más IVA.
La Función Pública solicitó investigar si en dicho contrato los recursos públicos se administraron con eficiencia, economía y transparencia para satisfacer los objetos destinados, en este caso, la transportación aérea de funcionarios públicos de la SCT.
Cosa juzgada
En su momento, la propia SCT determinó como “cosa juzgada” la investigación del contrato, y la SFP determinó la reapertura de las investigaciones. Uno de los cuestionamientos más severos es la falta de una investigación de mercado, en transgresión a la Ley de Adquisiciones, así́ como la violación al Código Fiscal de la
Federación, entre otras normativas, al carecer de la opinión positiva del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda (SHCP).
Entre los documentos faltantes se encuentra “la fundamentación y motivación, según las circunstancias que concurrieron al caso, basadas en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resultaron procedentes para obtener las mejores condiciones del estado”.
Los funcionarios implicados en la contratación argumentaron ante la SCT en un primer momento que la renta de aviones realizada “al vuelo” fue necesaria debido a la urgencia para el traslado de funcionarios de primer nivel, aunque la SCT carecía entonces de los recursos para el pago de estos servicios de manera inmediata.
“Para hacer frente a las necesidades de los servicios aéreos destinados a los funcionarios de mando en esta secretaria (SCT), fue necesaria la contratación de una empresa que contara con capacidad de respuesta inmediata y ofreciera condiciones de seguridad en el traslado de los servidores públicos, por lo que suscribí́ con juntamente con el maestro Carlos Fernando Garmendia Tovar, director general de Recursos Materiales, en contrato ADN-712-DGRM-01/2014-79 con vigencia del 01 de abril al 31 de mayo de 2014 con la empresa mencionada”, indicó.
Hidalgo y Gómez acepta que realizó la contratación “sin ajustarme estrictamente a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, así como la similar presupuestal, sin embargo, esta contratación fue única y exclusivamente con el objeto de atender las circunstancias expuestas de manera urgente, aún y cuando en su momento se carecía de la suficiencia presupuestal y por ende existía la imposibilidad para cumplir los requisitos establecidos en la ley, como era lo procedente a fin de establecer los compromisos entre esta dependencia y ‘el proveedor’”, señala el oficio dirigido a la titular del Órgano Interno de Control de la SCT.
